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Diplomaturas conectadas con demandas formativas y laborales de plena actualidad

La UGD ofrece la Diplomatura en Comunicación Política y Campañas Electorales, y la Diplomatura en Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones. Ambas responden a necesidades urgentes en sus respectivos campos de conocimiento.

22 agosto, 2022

Por su corta duración, así como por sus programas focalizados en áreas de conocimientos y herramientas específicas, las diplomaturas son trayectos formativos que vienen ganando terreno en las preferencias de profesionales y estudiantes que buscan en estas propuestas académicas, la posibilidad certera de incrementar habilidades y competencias cada vez más necesarias para afrontar el dinamismo de los nuevos escenarios laborales, en todos los ámbitos.

A ello se suma una característica propia de ciertas diplomaturas y que permiten la incorporación de estudiantes provenientes de diversos espacios geográficos: la virtualidad.

Estas son algunas de las particularidades que ostentan las dos ofertas académicas que por estos días comenzarán su dictado en la UGD: la Diplomatura en Comunicación Política y Campañas Electorales, y la Diplomatura en Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones.

 

La centralidad de la comunicación en política

La primera, única en la región, inicia su cursada virtual mañana, martes 23 de agosto, y exige como requisitos, el título secundario y la presentación de un currículum vitae actualizado.

Esta Diplomatura, atañe a una órbita de interés que se extiende hacia toda aquella actividad de gestión política, en el marco de un programa que ofrece contenidos en los cuáles resulta primordial la interpretación de los principales aspectos que hacen de la Comunicación Política un factor de éxito o fracaso para cualquier actor -individual o colectivo- de la actividad, con el valor agregado que representa el enfoque en campañas electorales a tan poco tiempo de una nueva instancia fundamental en materia eleccionaria, que se dará a nivel provincial y nacional.

Uno de los integrantes del plantel docente, periodista especializado en Comunicación Política, Federico Miravet, dijo que la Diplomatura “está dirigida hacia dos grandes públicos objetivo, que son por un lado quienes ya están trabajando en este rubro y deseen ampliar y potenciar herramientas actualizadas; y por otro lado aquellas personas que están trabajando en política, o en gestión, pero que actualmente no lo hacen en el área de comunicación y necesiten incorporar estos conocimientos”.

Miravet observó que esta formación brinda “capacidades para gestionar la comunicación de gobierno, entender el funcionamiento del ecosistema digital, conocer el entramado de las campañas electorales y colaborar en la actividad pública”.

Ethel Marlene Pettersen, directora de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía que se dicta en la UGD y coordinadora académica de la Diplomatura, subrayó que es la preocupación (en cuanto a la falta de profesionales) la que “origina esta diplomatura, que consta de cuatro módulos en los cuáles se abordan diferentes perspectivas, que tienen que ver con la historia, el marco jurídico, el aspecto sanitario, las implicancias de la Ley de Salud Mental y otros contenidos que hacen a una mirada amplia e integral”.

Destacó que “los profesionales que completen las instancias de esta diplomatura, obtendrán un título en el cual se especifica su formación profesional anterior, de tal manera que por ejemplo en el caso de los licenciados en Psicopedagogía, el título otorgado será el de Diplomado en Psicopedagogía, Consumos Problemáticos y Adicciones. Esta especificación del área permite una mayor amplitud a la hora del desarrollo laboral”.

 

 

Respuesta a una demanda concreta

En el caso de la Diplomatura en Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones -que inicia la cursada el 1 de septiembre- también reviste rasgos excepcionales dentro de la oferta académica regional. Con una duración de seis meses, la diplomatura “busca formar profesionales de excelencia con conocimientos conceptuales y prácticos, y competencias específicas en la intervención socio comunitaria, especialmente en la atención de personas en riesgo de consumo. Estarán en condiciones de formular, ejecutar y evaluar propuestas de intervención profesional en el ámbito de prevención y asistencia a sujetos en riesgo de consumo, acorde a las necesidades del contexto, la diversidad de públicos y la utilización de diversos medios y soportes”.
La misma está destinada a profesionales del ámbito socio comunitario: educación (docentes de todos los niveles, preceptores y bedeles) y salud (psicopedagogía, psicología, trabajo social, medicina y enfermería). Para el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Esteban Samuel López, esta instancia de formación interpreta y aporta solución inmediata a “la necesidad que existe en la provincia en cuanto a la formación de recursos humanos en esta temática específica; una necesidad urgente de contar con profesionales que posean herramientas para trabajar en la prevención, en el abordaje integral, el cuidado y el diseño de políticas que contribuyan también al acompañamiento de las personas que atraviesan por situaciones tan complejas como las que se dan a partir del consumo problemático”.

Tags: Comunicación Política y Campañas ElectoralesdemandasdiplomaturasEstudiantesUGD
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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