La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores volvió a expresar su preocupación por la implementación del cuarteo obligatorio a partir de noviembre, debido a que “no será viable de no solucionarse algunos aspectos sustanciales”.
Camya dio su apoyo a la iniciativa, porque “apunta a la modernización del consumo introduciendo mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores”.
Pero en una columna de opinión publicada en la propia revista de la cámara, el presidente de Camya, Leonardo Rafael, advirtió ahora que la adecuación de las plantas faenadoras “requiere inversiones, tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución, que impactan en los costos y requieren plazos de amortización razonables”.
“Si son desiguales, ponen en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”. Cabe remarcar que actualmente no se han cumplido las promesas de financiación de las reformas, “ya que los bancos dilatan y restringen la oferta de los créditos ofrecidos”.
“En este contexto, el Ministerio de Agricultura no ha reglamentado aún la modalidad de pesada, ubicación de nuevas balanzas y rotulación indispensables para los fines propuestos. La falta de trazabilidad impide la distribución de cortes según demanda que es uno de los objetivos más importantes del proyecto”.
Créditos
Rafael indicó que pese a diversas notas, trabajos técnicos y expresiones públicas de Camya, las autoridades no tienen ninguna propuesta concreta. “A la fecha, seguimos sin contar con suficiente transporte apto para la nueva propuesta”, advierte.
Informaron que no se ha reglamentado aún la modalidad de descarga que cumpla con lo reglamentado por las normas laborales, de un modo compatible con la cuestión sanitaria. Por eso “avanzar con el cuarteo para cargar, transportar y descargar carne sin cubiertas protectoras sobre las espaldas o brazos de los operarios, introduce más riesgo sanitario que de medias reses”.
Otra cuestión es que tanto el transporte como la descarga en carnicerías, en su inmensa mayoría, no tiene ningún tipo de control y no se ha avanzado en esta dirección. Desde la entidad que preside Leonardo Rafaela, el Estado “solo controla los frigoríficos del ámbito federal y llevan a cabo acuerdos políticos con algunas provincias, que carecen de base técnica y solo sirven para la foto de ocasión”.
