Más allá de la profunda crisis política que refleja la renuncia de Martín Guzmán, existe una situación económica de extrema fragilidad que deberá atender de manera urgente la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. La capacidad de regenerar cierto nivel de confianza entre los inversores y al mismo tiempo la posibilidad de reducir las distancias que separan a las distintas internas dentro del Gobierno serán las claves que definirán si tiene alguna probabilidad de éxito.
La responsabilidad que caerá sobre sus espaldas es enorme. Lo que está claro es que no puede o no debería tratarse de un personaje secundario, sin mayor poder de decisión.
Para reencauzar la economía y evitar una debacle será necesaria una mano firme, que tenga claro hacia dónde hay que ir y consiga transmitirlo exitosamente. El fracaso podría resultar catastrófico: la economía está muy cerca de pasar a una inflación de tres dígitos y la posibilidad de una estampida cambiaria se encuentra a la vuelta de la esquina.
Junio encendió todas las alarmas al mismo tiempo. El Banco Central no logró acumular reservas pese a la fuerte liquidación de las cerealeras. Para acumular un poco más de dólares, el Gobierno se vio obligado a restringir aún más el acceso al mercado cambiario a los importadores. La consecuencia será un aumento en la oferta de bienes y caída de la actividad económica en el segundo semestre.
A la escasez de dólares se agregó una emisión récord de pesos. A lo largo de junio el Central emitió $377.000 millones a favor del Tesoro bajo la figura de adelantos transitorios. Pero a eso se sumaron otros $700.000 millones para evitar un derrumbe mayor de las cotizaciones de bonos en moneda local. Luego fue necesaria la intervención del BCRA con colocación récord de Leliq para absorber esos pesos excedentes, por un total superior a $650.000 millones.
Éste es el escenario con el que deberá lidiar la flamante ministra de Economía. Le resultará imposible eludir algunas cuestiones básicas si quiere arrancar con el pie derecho. La primera es el ajuste fiscal, que Martín Guzmán no pudo implementar ante la resistencia del kirchnerismo duro respecto al ajuste de tarifas.
No se trata sólo de una exigencia del FMI. Avanzar hacia un ordenamiento de las cuentas públicas resulta un paso imprescindible para encauzar las expectativas y reducir los altos niveles de desconfianza de los inversores. Es una tarea por demás compleja, teniendo en cuenta que Cristina Fernández Kirchner siempre le endilgó a Martín Guzmán la responsabilidad de la derrota en las legislativas del año pasado por la reducción del rojo fiscal que llevó adelante en la primera mitad del 2021.
La política cambiaria será otro aspecto clave. Guzmán y el titular del BCRA, Miguel Pesce, venían resistiendo una “devaluación brusca” del tipo de cambio oficial. Pero las nuevas trabas a importadores dejaron el dólar a $125 casi como una cotización “testimonial” ya que el acceso se encuentra totalmente restringido.
La reunión de Cristina con Carlos Melconian de la semana pasada puso sobre el tapete la necesidad de tomar algunas decisiones en relación a este tema. El economista reconoció que habló con la vicepresidente la posibilidad de aplicar un “saltito cambiario”.
La propia Cristina lo avaló en su segunda cuestión cuando Juan Carlos Fábrega subió 22% la cotización del dólar oficial. Ahora implicaría llevarlo a niveles de $155, lo que ayudaría a evitar que la brecha cambiaria siga en aumento. Pero devaluar sin un programa creíble podría ser suicida.
Se impone además un “barajar y dar de nuevo” con el funcionamiento del cepo cambiario. Los parches que fueron agregando uno sobre otro lo transformaron en un verdadero engendro que conspira contra la posibilidad de recibir inversiones y de impulsar la economía.
Se cayó además en situaciones absurdas, como frenar al acceso cambiario a los importadores, pero mantener vivo el dólar ahorro o la posibilidad de viajar al exterior quitándole los escasos dólares que le quedan al Banco Central. La posibilidad de ir a un esquema semejante al desdoblamiento cambiario (que hoy ya existe de hecho) vuelve a ser una opción.
¿Qué puede pasar con el acuerdo con el FMI? No es un misterio que Guzmán tenía buena llegada con los técnicos y la cúpula del organismo. Pero un dato que se seguía con cierta atención es la continuidad de Sergio Chodos como representante argentino ante el FMI. Pero más allá de estas consideraciones, hoy se trata de un programa vigente aunque el organismo pasó algunas de las exigencias del segundo trimestre (tanto en materia fiscal como monetarias y de acumulación de reservas) para la segunda parte del año.
La relación con el Fondo también será un tema que condicionará a la futura ministra, que deberá atender los reclamos que deberá cumplir con los pedidos del Fondo para seguir recibiendo los desembolsos.
Los tiempos apremian y la cotización del dólar y la evolución de los bonos CER serán los primeros indicios de la reacción de los inversores, más allá del feriado del 4 de julio en Estados Unidos.
Inflación
Aún en niveles elevados, la inflación había acumulado dos meses consecutivos de desaceleración. Luego del pico de 6,7% en marzo, el IPC subió 6% en abril y 5,1% en mayo. Sin embargo, esta tendencia se habría frenado en junio. Es que, de acuerdo a las primeras estimaciones de las consultoras privadas, los precios minoristas treparon entre 5,2% y 5,5% durante sexto mes del año. Batakis deberá lidiar con una expectativa de inflación muy elevada.
Según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central, los analistas consultados proyectan una inflación para 2022 por encima del 70%. Aunque, vale aclarar, las consultoras privadas ya pronostican un piso superior al 80%.
El nuevo dato de inflación, ya parece haber roto las expectativas del ministro saliente sin poder reflejar la desaceleración de precios.
Subsidios
La demora en la implementación del nuevo esquema de segmentación tarifaria habría sido el detonante de la dimisión del exministro Guzmán. El nuevo ministro deberá lidiar con mayor respaldo, el mismo problema. Por el impacto de la guerra en los precios internacional de la energía, el Estado tuvo que incrementar el gasto en subsidios. Según el Presupuesto presentado recientemente, el aumento de los subsidios energéticos representa unos $459.000 millones, un 66% más.
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