Los grandes medios de comunicación con base en la Ciudad de Buenos Aires han puesto en la agenda política y social una decisión de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad.
Viendo las aspiraciones políticas presidenciales del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, un conjunto de ministros nacionales han salido a cuestionar la medida.
En el “interior profundo”, como es la mirada del centralismos hacia provincias como Misiones, a diario se da un debate que hace a la inclusión y que no pasa centralmente por el lenguaje.
Más bien, hay dos ejes donde la sociedad (y en particular las comunidades educativas) se deben un largo pero pronto debate. El primero vinculado a la Educación Sexual Integral (ESI), que hace a la inclusión de niños, niñas y adolescentes según su percepción en un contexto donde la exclusión y el rechazo institucional como de los pares sigue lamentablemente vigente.
El segundo, en lo económico y social, en la igualdad de acceso a la educación pública y gratuita. Aunque se pone la lupa sobre los efectos de la pandemia, la deserción escolar por razones económicas, sociales y sanitarias sigue dejando a miles de estudiantes afuera de las aulas.
Queda definir si el cabello teñido, aros, uñas pintadas, el no uso de un guardapolvo o uniforme pueden seguir siendo considerados elementos para la exclusión educativa por cuestiones “reglamentarias” de las escuelas. Como lo admitió la subsecretaria de Educación de la provincia, Cielo Linares, a FM 89.3 Santa María de las Misiones.
En el debate del lenguaje inclusivo hay otra “grieta” ideológica. Y, si nos jactamos de la democracia, no hay que huir a los debates. Solamente hay que fijar prioridades frente a temas tan trascendentes como la garantía constitucional a la educación básica.
