“La prisión preventiva es un instituto que implica la restricción anticipada de la libertad sin sentencia, su interpretación tiene que ser restrictiva. Aplicar o usar la prisión preventiva está muy bien, es necesaria pero por supuesto, por sus características está mal abusar de la utilización. No me parecen correctas las prisiones preventivas largas, se pierde el carácter del instituto cuando ya se convierten en penas anticipadas (…) La prisión preventiva es controvertida por esencia, muy importante a la vez pero peligrosa si se alargan y superan los plazos que establece la ley. Dictar una prisión preventiva conlleva la obligación, la responsabilidad de que debe resolverse rápidamente”.
La reflexión corresponde a Vladimir Glinka, el último fiscal penal de cámara puesto en funciones en noviembre de 2021 en el Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial.
El debate por la validez de las prisiones preventivas en el país no excluye a Misiones y mantiene al Poder Judicial provincial en la polémica de acuerdo a la cantidad de detenidos con causas sin sentencia y plazos vencidos para permanecer privados de la libertad.
El relevamiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), organismo de control de todos las unidades de detención, incluye a la órbita de las fuerzas de seguridad en general, indicó que entre marzo de 2021 y el mismo mes de este año, de 713 detenidos sin sentencia alguna la cantidad trepó a 752 y acercándose del pico de 773 del primer relevamiento (2019-2020).
La comisión perteneciente a la Cámara de Representantes de Misiones, presentó su informe interanual respecto a las personas privadas de la libertad (PPL) con prisión preventiva y que permanecen alojadas o son internos correspondientes a las ocho unidades a cargo del Servicio Penitenciario Provincial.
Según el Código en Misiones
De acuerdo al artículo 311 del Código Procesal Penal de Misiones, dentro de los quince días posteriores a la declaración indagatoria del imputado el juez debe ordenar la prisión preventiva cuando “al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la libertad y el juez estime que no procede condena de ejecución condicional”.
El lapso o duración de la prisión preventiva (PP) tiene un máximo de dos años con una excepcionalidad de un año más.
En la actualidad, y respecto al informe del Poder Legislativo provincial, de los 752 detenidos con PP, el 64,9% no supera los dos años de detención, el 26,6% lleva cumplidos entre dos y cuatro años, el 6% integra la franja de los cuatro a seis años y el 2,5% entre los seis y ocho años.
El criterio que rige el instituto de la prisión preventiva en Argentina surge del fallo (octubre 2008) de la Cámara Federal de Casación Penal “Díaz Bessone”, que sostiene que para que proceda la prisión preventiva debe verificarse peligro de fuga del imputado o riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación son considerados peligros procesales que ponen en jaque a un expediente al no poder aplicarse la ley si el imputado se profuga porque en el país no existe posibilidad de juicio en ausencia del acusado y no se puede llegar a la verdad si la investigación se entorpece, por ejemplo, con la presión o amenaza a testigos por parte del sospechoso.
“Tenemos tasas que no difieren con la dictadura”
Para Eduardo Paredes, abogado penalista y docente universitario de la provincia, la cantidad de presos sin condena en las cárceles misioneras corresponde a un problema que no puede escapar a un análisis histórico y de doctrina con los que creció el país pero que permite alcanzar soluciones inmediatas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN contextualizó; “Argentina desde sus orígenes, desde su Independencia pretendió seguir el modelo constitucional estadounidense pero toda la legislación que se insertó fue de bonapartista, continental europea, esto permitió estas tasas de prisión preventiva y los jueces profesionales.
Nuestra Constitución indica como derecho el de ser juzgados por un igual, por un vecino y que ni siquiera sea un abogado”.
En el sentido de reclamo de participación ciudadana de manera directa en el proceso judicial, amplió: “Decía (el filósofo) Montesquieu que la independencia judicial se perdió con la revolución francesa porque el monarca no tenía ningún límite porque los jueces eran los nobles que compraban los cargos (…) Luego se crean los jueces profesionales o técnicos para dirigir los procesos y para que los ciudadanos puedan ser juzgados por iguales”.
Pero sostuvo que esto fracasó en el país y hoy “en el Consejo de la Magistratura no sabemos para qué está porque la tasa de prisión preventiva subió más del 200%, con un promedio de población carcelaria entre un 50 y 70 por ciento de presos sin condena”.
“En 1980 Argentina tenía el 51 por ciento de presos sin condena. Hoy la tasa sigue siendo alta, por lo que de acuerdo a ese indicador el Estado democrático no se difiere para nada con las prácticas de la dictadura (…) La sobreactuación política se refleja en estos jueces profesionales que tienen intereses corporativos, propios y esto se ve en todo el país salvo en Neuquén que disminuyó el porcentaje de presos con prisión preventiva al 4 por ciento”.
Insistió en que “el aparato jurídico debe poner un límite a las pulsiones punitarias que en tiempo de campaña electoral aumentan. En Misiones no deberíamos tener personas con diez y ocho años de prisión preventivas”.
“Yo conozco personas que llevan seis años y esto viola todos los derechos”. Apuntó además como responsable a que “el Superior Tribunal de Justicia es un cuerpo de nueve personas (ministros) que no está dividido en salas y todos hacen todo y el poder real reside en los abogados empleados que realizan la labor pero en la burocracia”.
“Misiones no puede tener la cantidad de presos preventivos con tan pocos recursos que dispone. El tiempo que tarda la revisión de una condena es muy alto. Es violencia institucional y no es sostenible”
También aseveró que: “Esta provincia debe salir de la marginalidad de cárceles que parecen campos de concentración. Cuando mirás quiénes están en esas prisiones, te das cuenta que la mayoría no tiene educación primaria y vemos casos como los del IFAI que ni siquiera un amago por investigar se hizo. En Finlandia hay investigaciones de fraudes al estado o de corrupción estatal. En Misiones no hay ninguna y se legitima un modelo selectivo de Poder Judicial sobre los vulnerables nada más. Debería ser al menos un poco más equilibrado y no sólo penas a gente pobre y desclasada y un STJ con nivel nulo de revisión de condena que sólo se puede revertir en la Corte Suprema”.
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