La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar la denuncia de una aspirante a ingresar a la Prefectura Naval Argentina que sufrió lesiones durante la etapa de instrucción como posible violación a los derechos humanos y con perspectiva de género.
El máximo tribunal penal reabrió un expediente que había sido archivado en dos oportunidades por la Justicia Federal de San Martín, en el que una joven de 19 años denunció que la obligaron a continuar con actividades físicas extenuantes pese a que había advertido sobre sus dolores.
Los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa hicieron lugar a una apelación de la aspirante, quien denunció que el 13 de diciembre de 2016 fue obligada a continuar un entrenamiento físico pese a que alertó sobre lesiones que había sufrido justamente por esas prácticas.
“Mientras cumplía el ´Curso de Adiestramiento Básico Especial de la Agrupación Albatros´, en la localidad de San Fernando y con motivo de los ejercicios de instrucción, sufrió lesiones en su cadera y la columna y que, al momento del hecho, comentó las circunstancias a sus instructores quienes, a pesar de ello, la hicieron continuar con el entrenamiento”, explicó la resolución.
“Se le indicó hacer marcha corriendo aproximadamente diez cuadras portando el mástil con la bandera. Tras llegar a la sede de la agrupación, se le ordenó lavar automóviles, para más tarde hacerla participar (pese a encontrarse dolorida) de la instrucción con fusil y armamento”, agregó.
La voluntaria refirió que ante sus dolencias, “el trato y la asistencia médica recibida en la ocasión fueron deficitarias” y añadió que “su problema de salud se agravó con motivo de la conducta abusiva cumplida por los instructores que actuaron en la ocasión”.
Además, denunció que se falsificó una constancia médica en la que quedó registrado que ella le había dicho a los médicos que tenía un “antecedente de acortamiento de miembro inferior izquierdo desde los 8 años de edad”, lo que –según la propia denunciante- “constituye una aseveración falsa”.
“Se investiga la denuncia de un caso de posible violencia institucional por parte de funcionarios de la Prefectura Naval Argentina en ejercicio de su función y en perjuicio de la marinera, en ocasión de la realización de los ejercicios de instrucción ordenados en el marco del Curso de Adiestramiento Básico Especial de la Agrupación Albatros”, sostuvo el fallo que reabrió la investigación.
“Asimismo –añadió el voto de la jueza Figueroa- “se debe tener especial consideración en que la cuestión traída a estudio de esta Cámara se vincula con una de las temáticas más preocupantes en el universo de los Derechos Humanos, cual es la violencia de género”.
En ese contexto, enfatizó: “Violencia que del análisis de la cultura androcéntrica impone que deban tomarse las medidas judiciales adecuadas para evitar esos delitos”.
Fuente: Noticias Argentinas
