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Condenan a narco misionero que integraba la “banda del pan dulce”

Se trata de Carlos Luis Díaz, quien recibió seis años de prisión tras admitir su responsabilidad en los hechos ante un Tribunal Federal de Buenos Aires y mediante un juicio abreviado.

16 mayo, 2022
DETENIDO EN POSADAS. El acusado misionero está en el Escuadrón 50.

DETENIDO EN POSADAS. El acusado misionero está en el Escuadrón 50.

Un hombre oriundo de Jardín América fue condenado en un juicio abreviado a seis años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y tras ser acusado de integrar “la banda del pan dulce”, conocida así por la Policía Federal ya que los involucrados se referían de esa manera a la marihuana cuando hablaban por teléfono, para no ser detectados en las escuchas, indicaron las fuentes.

Se trata de Carlos Luis Díaz, de 34 años, alias “Lucho”, quien el pasado viernes reconoció mediante el mencionado sistema de debate su responsabilidad en los hechos que le imputaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El acusado, actualmente detenido en la sede del Escuadrón 50 Posadas, se mantuvo durante más de cinco años prófugo, hasta que fue ubicado en Capitán Meza (Paraguay), siendo arrestado y expulsado del vecino país y puesto a disposición de la Justicia argentina.

 

 

La captura de la gavilla narco de la cual formaba parte Díaz se remonta a 2015, incluso ya fueron condenados cinco de sus integrantes a seis años de prisión cada uno. Se mantienen prófugos tres de ellos, quienes están identificados y con pedido de captura internacional. La banda era liderada por un funcionario de Gendarmería Nacional, lo que agravó la pena de todos.

 

Proveedores

Según se desprende de lo ventilado en la instrucción de la causa y en el fallo condenatorio, se supo que tanto Díaz como su hermano, alias “Tortu” y prófugo en la causa, quienes residían en Jardín América, eran los proveedores de la sustancia incautada.

Así, el Informe de la División Falsificación de Moneda de la Policía Federal (a cargo de la investigación), mediante las escuchas se supo que un individuo conocido como Héctor Antonio Rolón (condenado), coordinaba la compra y el traslado del estupefaciente al ámbito de la provincia de Buenos Aires.

De las mismas surgió además que Rolón mantenía comunicaciones con los nombrados y con los destinatarios finales del cargamento (David Jerónimo Giménez ­alias “Chueco”, también prófugo, y “la gente de Chivilcoy”), respecto de si había “bajado la mercadería” ­en referencia al material estupefaciente­, con cuánto contaban o cuánto le mandaban, su calidad, el medio de traslado y sus costos­. A todo esto, a la droga le decían en clave “pan dulce”.

 

 

La caída del Gendarme

Según el fallo, los hermanos misioneros proveyeron a Oscar Alfredo Zapata, quien era efectivo de Gendarmería y participaba en el operativo de seguridad “Cinturón Sur”, del material estupefaciente que luego trasladó desde allí entre los días 31 de enero de 2015 y el 1º de febrero del mismo año, a bordo de un Volkswagen Golf.

Dichas sustancias resultaron ser 48,84 kilogramos de marihuana, distribuidos en 87 “panes” que fueron secuestrados el 1º de febrero de 2015 en la vivienda del efectivo ubicada en Bella Vista, provincia de Buenos Aires, más precisamente dentro de dos bolsas de polietileno blancas, con restos de tierra rojiza, que se hallaban en un placard.

Posteriormente el uniformado fue condenado al igual que otros cuatro detenidos, entre los que estaba Héctor Rolón, Osvaldo Oscar Godoy (alias “Lalo”), Rito Alberto Giménez y Sandra Paola Giménez­, a seis años de prisión, indicó el fallo.

Actualmente sigue vigente el pedido de captura para David Jerónimo Giménez (alias “Chueco”), Karina Giménez, y Darío Ramón Díaz (alias “Tortu”), según la resolución condenatoria.

La presencia del Gendarme dentro de la organización delictiva agravó la situación procesal de los imputados, tal es el caso de Carlos Luis Díaz, condenado el viernes, quien recibió seis años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, conducta agravada por haber intervenido más de tres personas organizadas a tal fin y por haber sido cometido con la participación de un funcionario público encargado de la prevención o persecución del ilícito aquí investigado”, según consta en el fallo dado a conocer en las últimas horas.

Tags: “la banda del pan dulce”#NarcotráficoCapitán MezaCarlos Luis DíazGendarmeJardín América
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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