La diputada provincial Anazul Centeno y colegas de bancada renovadora presentaron un polémico proyecto de ley que tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves para controlar las publicaciones de los medios de comunicación de Misiones a través de la creación de un “Observatorio”.
La iniciativa, que no tendría el aval de la cúpula de la renovación ni tampoco sería votada por el resto, tenía intenciones similares a las que impulsó varias veces el kirchnerismo a nivel nacional en su permanente disputa con los grupos Clarín y La Nación.
El disparatado proyecto al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN señala: “Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial el Observatorio de Medios de Comunicación para promover la reflexión, el análisis y las buenas prácticas sobre las producciones de los medios de comunicación de Misiones” y anticipa que el Poder Ejecutivo, o sea el Gobernador, definirá quién será “autoridad de aplicación”.
Los impulsores del proyecto ni siquiera habrían consultado al Gobernador para atribuirle esa facultad ni al Presidente de la Legislatura. Si bien al ser diputados no necesitan consultar, se entiende que el diálogo y el trabajo conjunto es una bandera permanente en la gestión del Frente Renovador.
Según estos diputados, si su proyecto se aprobara, el Observatorio tendría facultades de “entender sobre el contenido de los medios de comunicación audiovisuales, radiales, escritos y digitales. Esto es; TV, radio, diarios impresos, portales de noticias online y sus respectivas redes sociales institucionales”.
Lo más grave es que no se refiere a medios “estatales” sino que pretende controlar empresas privadas que pagan impuestos y generan empleo. Al mejor estilo K.
Y le pretenden dar al Observatorio las funciones de “revisar de manera crítica el contenido de los medios de comunicación; promover los criterios de noticiabilidad en los medios periodísticos” y hasta “promover el tratamiento responsable de la información”.
No explican los diputados con qué atribución pretenden inmiscuirse en la tarea de profesionales privados de otro ámbito. ¿Sería lo mismo que los periodistas los controlen a ellos? O que los abogados, por ejemplo, creen un Observatorio del trabajo legislativo. En ese caso hasta sería más lógico, teniendo en cuenta que estos dos diputados cobran sueldos muy altos que les pagan los misioneros con sus impuestos.
Hasta tuvieron el coraje de proponer que el Observatorio tenga la función de “capacitar a los periodistas y comunicadores en la elaboración de un periodismo de calidad” y “capacitar a la audiencia para el consumo crítico”. ¿No sería mejor que presenten leyes de calidad?
Antecedente
No son los únicos preocupados por controlar a la prensa. Hubo un proyecto anterior, menos disparatado, que pretendía crear un “marco regulatorio del derecho a réplica, rectificación o respuesta”. Había sido presentado por: Soledad Balán, Julio César Barreto, Roque Gervasoni, Rafael Pereyra Pigerl y Natalia Rodríguez. Como es obvio, no tuvo el aval de la cúpula del Frente Renovador y nunca se trató. El mismo destino tendría el proyecto que presentaron el jueves Anazul Centeno y otros.
Similitudes K
El Gobierno nacional K impulsó en tres ocasiones la intención de generar leyes o marcos para controlar a la prensa. En abril de 2020 fue la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con el ciberpatrullaje que luego fue descartado; ese mismo año la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, impulsó el observatorio NODIO y este año el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, se despachó con el programa oficial para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales.
En todos los casos ponen a las fake news como argumento, igual que Duarte y Centeno, pero detrás de esa presentación arman un andamiaje con clara intención de controlar a los periodistas.
Proyecto retirado
Como expediente D-59182/22 el proyecto fue ingresado en el Boletín de Asuntos Entrados en la sesión del jueves. A raíz de las críticas que recibió ayer y por no haber consultado con las máximas autoridades de la renovación, los diputados se vieron obligados a retirar el proyecto y dejarlo fuera del tratamiento legislativo. De hecho, ayer se modificó el BAE y ese expediente ya no se encontraba en la lista.
