Maximiliano Adolfo Rusconi, el flamante abogado defensor del titular de la Fiscalía General Federal de Misiones, Rubén González Glaría, logró durante las últimas horas posponer, tal como lo adelantó este Diario, la citación a indagatoria al magistrado acusado por “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y funciones correspondientes a otro cargo”.
La nueva (y cuarta) suspensión se notificó ayer y antes del 16 de mayo, día que fue anunciado tras el cambio de abogados que se produjo a fines de abril con la asunción en el patrocinio por parte del penalista reconocido a nivel nacional como defensor de Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, del empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido o de Diego Lagomarsino, asistente del fiscal federal Alberto Nisman.
Esta suspensión fue aceptada por el juez federal de Posadas, José Luis Casals, quien fijó para el martes 7 de junio próximo el nuevo llamado a indagatoria, citación remarcada como la “última vez” u oportunidad para presentarse y de no poder cumplir González Glaría por inconvenientes en la agenda de debates y actividades de Rusconi, deberán presentar en este lapso hasta la fecha señalada para presentar un codefensor.
Rubén Ángel González Glaría (67) es investigado por el juez federal de Posadas, José Luis Casals, a instancias de Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien lo investiga por los delitos mencionados desde 2019.
Glaría ocupa el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia y debe responder ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas por los pedidos de indagatoria del fiscal Turano remitidos el 21 de agosto y 16 de septiembre del año pasado y que surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas quien cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario en varios puntos.
Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-2012) fue contratada y, presuntamente, obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
Según la solicitud de Turano, cuando Bogado fue efectivizada en su cargo padeció “rispideces y malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado a otra dependencia (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban llegaba a trabajar desencajada porque debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría”.
Las denuncias por “amenazas” tendrían como víctimas a Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz, abogada y prosecretaria fiscal. Quiroz acusó que su hija fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas. Lo consiguió y fue asignada a la Fiscalía Federal 2. Al enterarse González Glaría habría llamado a su padre y “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”.
Además, Turano imputa a González Glaría de incurrir en “uso irregular” de recursos de funcionamiento de la Fiscalía General. “Pretendía pasar los gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”.
Quiroz también denunció que le quitaron la función de certificar la subrogancia que ejercía González Glaría como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas. Se le asignó esa responsabilidad a otro secretario sin posibilidad de verificar si efectivamente trabajaba y tenía derecho a cobrar la subrogancia. Según el denunciante, sólo iba “una o dos veces por semana” a cubrir el cargo.
En cuanto al delito de “peculado”, se apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que la Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier 2016 a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años”.
Respecto a la imputación por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por “trata y explotación laboral” que involucró a una empresa del exgobernador misionero Federico Ramón Puerta. El expediente correspondía a la Fiscalía 2, de Diego Stehr, pero la acusación sostiene que el fiscal general Glaría tomó la investigación y sobreseyó al exmandatario.
