Enfrascados en sus propias internas políticas y carentes de empatía con una sociedad que no para de recibir varapalos, los legisladores de la Nación acaban de darle la espalda a un sector angustiado.
Tal y como se expresó en varias oportunidades en esta misma columna, el futuro de los inquilinos y de los propietarios dependía de una nueva ley de alquileres que llegara por acuerdos y no por la lógica de oficialismo vs. oposición. La norma vigente castiga a todos los implicados tornando inviable a mediano y largo plazo el sistema de alquileres en Argentina.
Pues bien, las infinitas reuniones que se desarrollaron en el Congreso con la presencia de todas las partes derivaron ayer en un resultado impensado a estas alturas de la crisis habitacional que crece en el país. Oficialismo y oposición volvieron a exhibir posiciones divergentes y decidieron avanzar por separado con proyectos propios, reproduciendo hacia afuera los modelos internos: enfrentarse sin medir las consecuencias.
El Frente de Todos avanzó con un proyecto que modifica la Ley de Alquileres, pero no altera los dos puntos más cuestionados: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios.
Juntos por el Cambio, de su lado, sacó un dictamen de minoría en el que plantea que los contratos vuelvan a ser de dos años, con la opción de una renovación de un año extra y la actualización a seis meses en base a un acuerdo entre partes.
Cuando se convoque a la sesión para abordar la problemática las diferencias volverán a exhibirse y con ello se habrá dejado pasar otra oportunidad para mejorarle la vida a la gente. En definitiva, de eso se trata, de gobernar para mejorar las condiciones.
Pero claramente los objetivos de los responsables de elaborar una ley mejor al desastre que votaron meses atrás vuelve a ser imponerse sacrificando cualquier opción de un acuerdo positivo.
