El misionero Oscar Herrera Ahuad y otros 16 gobernadores del país firmaron una contundente carta que enviaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la previa del fallo que va a definir una pulseada por fondos millonarios entre Ciudad Autónoma y las provincias del Interior.
Trascendió que se reunieron anoche en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y consensuaron una solicitada para manifestar su postura en el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires originado en 2020. Los mandatarios provinciales solicitaron además ser aceptados como “amicus curiae” del máximo tribunal.
“Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, es el primer párrafo del escrito titulado “El Federalismo no se negocia”.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, agregaron las provincias firmantes.
Y argumentaron: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al Estado nacional. Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”.
La solicitada, anticipada por este medio, fue difundida a las 9 de este miércoles 11 de mayo horas antes de la última reunión formal que se realizará en el Palacio de Tribunales para buscar una salida consensuada entre los gobiernos porteños y nacional. Si no hay acuerdo, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, aseguraron los gobernadores aliados a la Casa Rosada.
Y completaron con una fuerte advertencia: “Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
Firmaron: Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Mariano Arcioni, gobernador de Chubut; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
El origen del pleito
La puja entre ambas administraciones surgió en 2016 cuando el ex presidente Mauricio Macri incrementó de 1,4% a 3.75% el porcentaje destinado de la coparticipación para CABA, disminuyendo la masa que se reparte a las provincias con el argumento de financiar la creación de la Policía Metropolitana.
En septiembre de 2020 el actual presidente Alberto Fernández decide retrotraer la situación y quitarle a la Ciudad el incremento que le había otorgado Macri.
Fernández resolvió que se volviera al monto histórico que percibían los porteños. Ante este escenario, la Ciudad presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema. Los jueces impulsaron a las partes a que busquen una solución política, consensuada, pero casi no hubo avances en las reuniones realizadas hasta ahora. Este miércoles vence la última prórroga concedida por el tribunal.
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