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Poda autorizada: “Hay que plantar sí o sí, estamos intimando a quienes no lo hacen”

"Si hay expediente y no se hizo, la negligencia es nuestra”, dijo el funcionario municipal Sebastián Betancur.

13 agosto, 2025

En redes sociales, una simple pregunta encendió el debate: ¿de quién es la responsabilidad sobre el arbolado en las veredas? La consulta, lanzada en un grupo vecinal en Facebook, acumuló decenas de respuestas en pocas horas, donde incluso se habló de la responsabilidad económica del frentista si un árbol en su vereda por alguna razón (tormentas o deterioro por enfermedad) cae y provoca daños.

Algunos aseguraron, dentro del posteo, que el municipio debía hacerse cargo “por tratarse de bienes ambientales en espacio público”; otros, con igual convicción, sostenían que “la normativa local es clara: el cuidado (por ende la responsabilidad) corresponde al frentista”. A lo que algunos llegaron a sugerir directamente “no plantar” para evitarse dolores de cabeza futuros y hasta se animaron a contar como fueron “enfermando” a sus propios ejemplares para no verse como “responsables” al momento de pedir una “tala de seguridad”.

La discusión puso en evidencia que no solo sigue siendo necesario un debate social de fondo sobre el valor de los bienes ambientales, sino también que existe un enmarañado entramado de disposiciones, que fueron variando de una gestión a otra, que genera colisiones, confusiones y mucha polémica.

Para desentrañar el debate PRIMERA EDICIÓN habló con distintos expertos sobre la normativa vigente e inclusive grupos influyentes dentro del activismo ambiental, además de autoridades municipales, quienes intentaron echar un poco de claridad a la cosa, que no se cierra ahí, sino que exige seguir pensando en una ciudadanía responsable con sus bienes ambientales y en normas que lo incentiven.

Para el director General de Servicios Públicos de la Municipalidad, Sebastián Betancur, el responsable del árbol en la vereda es el vecino; pero si éste inició un expediente de poda por alguna emergencia, ésta no se realizó a tiempo y encima ocurre algún accidente, “la responsabilidad es de la Comuna, por negligencia”, aclaró a PRIMERA EDICIÓN.

A su vez, Betancur indicó que el vecino debe cuidar el árbol que está en el frente de su propiedad e incluso plantar y hacerse responsable por los que están en las esquinas y laterales. “La ordenanza establece que se debe plantar un árbol cada ocho metros lineales de vereda”, especificó.

Consultado en cuanto a la ubicación, el ingeniero explicó que generalmente no queda otra que plantar debajo del tendido eléctrico porque los “espacios verdes son escasos”.

“Actualmente estamos tratando de implementar ‘cazuelas’ -habitáculos de hormigón para las raíces- para evitar daños en las veredas y permitir un crecimiento ordenado”, contó. Y reiteró: “El vecino está obligado a plantar por ordenanza; hay muchos que no lo hacen. O talaron un árbol y no lo repusieron o no plantaron. Nosotros estamos intimando a quienes no respetan esto. La obligatoriedad está y no hacerlo es un incumplimiento”.

Según él, la especie de árbol a plantar varía según el ancho de la vereda y las condiciones del entorno, tomando en cuenta cañerías o instalaciones subterráneas. Actualmente, la Municipalidad promueve especies nativas y nobles como Tecoma Stans (trompeta amarilla) y crespones, que son árboles pequeños, resistentes y contribuyen a disminuir la temperatura del asfalto.

“Los beneficios de los árboles son el oxígeno, la sombra, el aporte ambiental, que me parecen más que suficientes. Que yo sepa en Posadas no hay ninguna bonanza (incentivos para el frentista responsable) dentro del plan forestal y tampoco se ha propuesto nada. Creo que si hay un debate, debería darse en el Concejo”, finalizó.

“Hay falta de control y de planificación”

El ambientalista Rulo Bregagnolo, referente del grupo ambientalista “Cuña Pirú” y de la Mesa No a las Represas, aportó una mirada crítica sobre la gestión municipal y social del arbolado urbano, que según él, se repite en casi todos los municipios misioneros.

“Si hay una normativa para generar orden y armonía, debe cumplirse sin excepciones ni privilegios. Pero la realidad es que muchos municipios no tienen la decisión política ni los recursos para hacer cumplir a rajatabla la ordenanza de arbolado urbano”, enfatizó Bregagnolo.

El hombre lamentó que el arbolado no sea valorado como un beneficio socioambiental por amplios sectores de la sociedad ni por la dirigencia política, lo que se “traduce en incumplimiento de tiempos de poda y falta de tratamientos posteriores para cuidar los árboles”, denunció.

“En la región subtropical, donde los árboles crecen rápido, la falta de cuidados postpoda generan ejemplares malformados o muertos. Hay árboles que se podan solo una vez al año, pero aquí hay especies que requieren mantenimiento cada tres o cuatro meses. Como no se hace, vuelta y media generan problemas con su follaje enredado en el tendido”, indicó.

Más inspecciones

Asimismo, tras un relevamiento fotográfico contundente del arbolado urbano mutilado, el ambientalista reclamó: “Es fundamental que exista una guardia permanente para el arbolado urbano. El municipio debe recorrer las calles, inspeccionar y corregir daños a tiempo, para evitar que los vecinos, frustrados, recurran a podas caseras que dañan el árbol y generan un montón de problemas”.

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  • Debate: ¿de quién es la responsabilidad sobre el arbolado en las veredas?
Tags: #PosadasArbolado UrbanoárbolesPodasResponsabilidad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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