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El crimen de Reinaldo Andrade muy cerca de elevarse a debate

29 abril, 2022
RECONSTRUCCIÓN. Una de las últimas medidas de la causa hechas por Gendarmería en el lugar del hecho. (Archivo)

Luego de una serie de apelaciones de prisiones preventivas de los policías acusados y tras el resultado de las pericias realizadas por Gendarmería, el expediente por la muerte de Reinaldo Andrade (37) ocurrido en El Soberbio en 2019, quedó en poder del fiscal de Instrucción 3 de la Quinta Circunscripción Judicial, Rodolfo Cáceres.

La última novedad que se incluyó en la investigación, fue la imputación a dos personas que habrían incurrido, presuntamente, en el delito de “falso testimonio” en sus diferentes declaraciones. De esta forma, todo está más cerca de ser elevado a juicio.

Según la información a la que pudo acceder este Diario, el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente remitió a la fiscalía la causa, al entender que ya estaba completado el material probatorio necesario para cerrar la investigación.

El paso siguiente será aguardar la respuesta del ministerio público. De no haber objeciones pedirían que sea elevado a debate y así el juez Gerardo Casco lo daría por cerrado.

Los acusados son un oficial y un cabo que prestaban servicio en el Comando de El Soberbio, actualmente de 33 y 26 años. El primero, a quien la investigación lo señala como el autor del disparo mortal, está acusado de “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego”. En tanto el segundo está imputado por ser “partícipe necesario del delito de homicidio calificado, por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma”.

Respecto a los testigos sobre los que se sospecha mintieron en sus declaraciones, uno de 29 años y el otro de 30, están acusados de “falso testimonio, encubrimiento en el delito de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal”.

El 13 de noviembre de 2019, los efectivos se encontraban en una estación de servicio de El Soberbio vestidos de civil y a bordo de un Ford Focus propiedad del oficial. Realizaban tareas de inteligencia cuando observaron un Volkswagen Voyage que circulaba en dirección a los Saltos de Moconá. Sospecharon que eran contrabandistas y los siguieron.

Ese vehículo ingresó a una calle de tierra de Colonia San Ignacio y mientras lo seguían fueron impactados por un Volkswagen Gol Trend en el que iba Andrade con otras dos personas. En su declaración testimonial, el oficial manifestó que observó un arma de fuego apuntándolos desde el Gol y por ello efectuó disparos intimidatorios. Uno le dio en la cabeza a Andrade y lo mató en el acto. Tiempo después hallaron un vehículo incendiado y se presumía que era el Voyage que era seguido por los policías.

En indagatoria el oficial se abstuvo de declarar, mientras que sí habló el cabo. Dijo que escuchó tres detonaciones hechas por su camarada y no vio nada más porque estaba al volante y estuvo atento a no caer a un barranco.

Ambos solicitaron excarcelaciones pero todas fueros rechazadas. Llegarán a juicio detenidos.

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Tags: #JudicialesHomicidioPolicialesPolicías imputadosReinaldo Andrade
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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