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El FMI pone la lupa en temas que involucran al Gobierno, la oposición y los gobernadores

25 abril, 2022

 

El programa con el FMI cumplirá en los próximos días un mes desde su vigencia y ya hubo, en este corto lapso de tiempo, un llamado a recalibrar proyecciones, un compromiso inicial que el Gobierno no cumplió, pero un grupo de metas exigibles alcanzadas que el Poder Ejecutivo podrá mostrar ante los funcionarios del organismo.

 

Hay, de fondo, otro puñado de preocupaciones que sobrevuelan al equipo técnico y al directorio del Fondo Monetario y que afecta no sólo a la Casa Rosada, sino también a la oposición y también a los gobernadores, publicó Infobae.

 

Son una serie de planteos que hizo el organismo y que pasaron desapercibidas en el radar y que están explicitadas en la amplia radiografía que el staff del FMI hizo sobre la economía argentina en un documento del 25 de marzo último, cuando el directorio dio la aprobación final al nuevo programa financiero por u$s45.000 millones.

 

Hay, en el bosquejo que hicieron los economistas del FMI, postulados sobre las reformas “de fondo” que el Gobierno descartó que formen parte del acuerdo, pero que son ideas fijas en la idiosincrasia y tradición del Fondo, sobre algunos temas en particular: impuestos, recaudación, controles de capital, gasto público, financiamiento en el mercado externo y otros como la coparticipación con las provincias.

 

Preocupaciones y recomendaciones
Sistema tributario: considera que tiene “debilidades estructurales” e identifica que es “complejo, volátil”, que los impuestos directos recaudan poco, por el contrario que hay alta dependencia de tributos indirectos y que le falta progresividad.

 

“Cada uno de los tres niveles de gobierno (federal, provincial, municipal) está facultado para establecer, regular y hacer cumplir los impuestos. El sistema cuenta con más de 165 impuestos diferentes, muchos de los cuales se caracterizan por una gran dispersión de tasas y por regímenes especiales de asignación. Los cambios en la política fiscal son frecuentes, lo que aumenta los costos de cumplimiento”, cuestionó el FMI.

 

Sobre los tributos directos apuntó que “los ingresos por impuestos sobre la renta del trabajo, bienes inmuebles son bajos en comparación con sus pares. La recaudación del Impuesto a las Ganancias tiene un rendimiento inferior, lo que refleja un umbral de ingreso mínimo alto (sólo el 12% superior de los trabajadores formales paga el gravamen). Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son más bajos que los promedios regionales y de la OCDE, lo que refleja en parte valoraciones obsoletas”.

 

Por otra parte, menciona el reporte que “la dependencia de formas impositivas menos eficientes es alta. Estos incluyen las que rigen sobre las transacciones financieras (al cheque), los ingresos brutos y aranceles a la exportación (que afectan la competitividad), aunque recientemente se han realizado esfuerzos para reducir los retenciones a las exportaciones con valor agregado”.

 

Brecha fiscal
Asimismo, el FMI consideró que el sistema tributario implica “desincentivos a la formalidad y al crecimiento empresarial”.

 

“Una brecha fiscal alta entre los empleados del sector formal, los trabajadores informales y el generoso régimen fiscal simplificado para los trabajadores autónomos (monotributo) crean desincentivos para el empleo formal y el crecimiento del tamaño de las empresas”, consideró el Fondo.

 

“Las reformas deben buscar mejorar la eficiencia y progresividad del sistema. Las prioridades incluyen la simplificación del código tributario, la mejora de la coordinación de la política tributaria con los gobiernos subnacionales, la expansión de la base imponible (incluso para la renta personal y la propiedad), la relajación de ciertos impuestos distorsionadores según lo permitan las consideraciones de espacio fiscal. Estos deben ir acompañados de medidas para fortalecer el cumplimiento tributario”, concluyó al respecto el FMI.

 

Gasto social y gasto público
Gasto público y equilibrio fiscal: resalta el reporte la importancia de contar con un presupuesto flexible para algunas áreas en particular, entre las que identifica, por ejemplo, el gasto social.

 

Hay además una crítica a la indexación del gasto público, en momentos en que la aceleración se encuentra en aceleración desde hace meses.

 

“Argentina tiene uno de los presupuestos menos flexibles de la región de América Latina, debido principalmente a un gran gasto en derechos sociales y una alta proporción de ingresos asignados, que están vinculados principalmente a los acuerdos constitucionales de reparto de ingresos con las provincias (aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales internos se asignan automáticamente)”, cuestionó en referencia a la coparticipación.

 

El FMI además imagina cuál debería ser el sendero fiscal que tome la Argentina más allá de los objetivos planteados en el programa económico vigente, que solo plantean metas hasta 2024.

 

“Se prevé que el déficit fiscal primario disminuya del 3% PBI en 2021 a un déficit del 0,9% del PBI al final del programa en 2024. Se necesitaría mayor consolidación para converger al superávit primario de estado estacionario del 1,3% del PBI para 2027. El logro de este camino requerirá un paquete de reformas de políticas bien secuenciado y equilibrado”, anticipó el FMI.

 

Traducido: el Fondo Monetario considera que una gestión de la deuda que haga sostenible el pago de esos pasivos requerirá, más allá de la duración del programa, el gobierno que venga -ya sea del oficialismo actual o de la ahora oposición- no sólo equilibrio fiscal sino también un superávit creciente.

 

“Los esfuerzos de consolidación fiscal deberán mantenerse más allá del período del programa para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Se requerirá una mejora adicional del 2% del PBI en el balance primario para alcanzar el superávit de estado estacionario del 1,3% del PBI, necesario para contener las necesidades brutas de financiamiento y reducir la deuda pública”, es una de las conclusiones del informe.

 

Menos flujo de capital
Hay, en esa hoja de ruta que imagina el FMI, mojones que todavía el Gobierno debe atravesar, tales como la reconsideración del cepo cambiario desde el formato presente a un esquema más flexible aunque sin que llegue a desaparecer, menos deuda indexada a la inflación y un retorno a los mercados de capitales internacionales.

 

“Se supone que las medidas de flujo de capital permanecerán vigentes (aunque con cierta racionalización potencial) durante el período del programa, lo que limitará las salidas de divisas y respaldará la balanza de pagos a corto plazo.

 

Con el tiempo, y a medida que mejore la cobertura de reservas, las medidas de flujo de capital se relajarán gradualmente, en consonancia con el regreso a los mercados de capital internacionales a partir de 2025”, anticipó el FMI.

 

A ese último punto, incluso, el Fondo ya le puso números. “Se supone que el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera seguirá el cronograma posterior a la reestructuración, y se anticipa un nuevo financiamiento modesto de los mercados internacionales a partir de 2025 (u$s2.000 millones en 2025, u$s4.000 millones en 2026 y u$s6.000 millones en 2027).

 

Sobre el mercado local, apuntó el FMI: “A medio plazo, se prevé un aumento de las emisiones a más largo plazo, a medida que se afiance la desinflación y los inversores estén más dispuestos a mantener instrumentos a tasa fija”.

 

Gobernadores en alerta
En su amplio diagnóstico sobre las reformas que necesitaría la Argentina, también hay una serie de elementos que inciden en las cuentas públicas de las provincias y que prometen algún tipo de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores.

 

“Se espera que las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales, que crecieron durante la pandemia, disminuyan gradualmente en un 0,3% del PBI durante el período del programa, aunque se requerirán esfuerzos para mejorar la viabilidad comercial y la eficiencia de estas empresas”.

 

Al hablar sobre la consolidación fiscal, el FMI incluye la coparticipación como uno de los temas que deberán ser reformados, justo en momentos en que la Casa Rosada continúa la discusión con la Ciudad de Buenos Aires sobre el reparto de recursos automático.

 

“(La consolidación fiscal) requerirá mayores esfuerzos para reducir las brechas de cumplimiento y fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario del país, incluso mediante la reducción de la dependencia de impuestos distorsionadores. Además, se necesitará una mayor racionalización del gasto público, junto con esfuerzos para abordar las rigideces presupuestarias (incluso mediante la mejora del diseño del esquema de reparto de ingresos con las provincias), y mejorar la estructura del gasto para abordar las grandes brechas sociales y de infraestructura”, destaca el reporte de marras.

 

Consenso y Pacto Fiscal
El Fondo Monetario admite, en ese sentido, que reformas de este tipo involucrarán un debate entre todas las fuerzas políticas.

 

“Se requerirá un consenso político y social sostenido para lograr estos objetivos y equilibrar las demandas del financiamiento del gran sistema de bienestar social de Argentina de manera favorable al crecimiento”.

 

El FMI también auspiciará una modificación del Pacto Fiscal entre el Gobierno nacional y los gobernadores, que en los últimos años han firmado consensos y adendas de consensos en casi todos los años.

 

“Dada la importancia de las finanzas provinciales, también se considerará renovar la Legislación de Responsabilidad Fiscal, para definir mejor las cláusulas de escape, revisar el papel del Consejo Fiscal y limitar el endeudamiento futuro denominado en moneda extranjera por parte de los Gobiernos provinciales”, mencionó el organismo.

 

“Además, continuarán los esfuerzos para fortalecer los acuerdos de intercambio de datos entre el Gobierno federal y las provincias para garantizar el intercambio oportuno de los informes fiscales trimestrales de todas las provincias”, consideró el informe del FMI.

 

Cambiar las metas del programa no, recalibrar sí

El ministro de Economía, Martín Guzmán, finalizó una semana intensa en Washington, en medio de bilaterales del G20, reuniones con funcionarios de Joe Biden, trabajo técnico con el FMI y una reunión, central, con Kristalina Georgieva, la titular del organismo.
“Muy buena reunión con el Ministro Martin Guzmán. Discutimos la continua recuperación económica de Argentina, el desafío de abordar la inflación frente al impacto de la guerra en Ucrania y el progreso hacia la primera revisión del programa”, dijo la directora gerente del Fondo por Twitter.
Guzmán coincidió y lo dijo en una entrevista que brindó el viernes a Infobae y otros medios en esta capital. “Hemos sobre cumplido las metas fiscales del primer trimestre, y hemos logrado acumular reservas”, dijo Guzmán a la prensa en Washington, al término del encuentro.
“Con Kristalina Georgieva mantenemos el diálogo frecuentemente, casi semanalmente. En este encuentro se revisó el trabajo de la semana y el buen progreso que se viene verificando en la implementación de la pactado con el Fondo”, dijo el ministro.
En las reuniones “se analizó el contexto internacional y las implicancias de la Guerra en Ucrania, que están generando un proceso inflacionario a nivel global. Hay países que no tenían inflación y hoy tienen indicadores de dos dígitos. Hay un consenso internacional para evitar las consecuencias distributivas de la crisis. Importancia de los gobiernos para evitar el incremento de la desigualdad y promover una recuperación económica compartida”.
Allí reconoció lo central que significa bajar la inflación para su gestión, aunque de un tiempo a esta parte el ministro suele hablar de la disparada de los precios en un contexto global y producto de la guerra.
Si bien lo tensionó y agravó, está claro que el proceso inflacionario local no empezó con la invasión de Rusia a Ucrania.
Georgieva lo había dejado en claro el miércoles pasado en una conferencia de prensa, cuando dijo que para Argentina “el gran riesgo es la inflación”.
“No vamos a cambiar las metas del programa con el FMI”, aseguró Guzmán, aunque aceptó que habrá indefectibles cambios en los que ya trabajan.
La directora del Fondo anticipó esta semana que será necesario “recalibrar” el programa que se acordó con la Argentina, a raíz del escenario internacional.
El equipo técnico que lo acompañó, segundas y terceras líneas de su ministerio, discutió largo y tendido de esos temas con sus pares del Fondo, en extensas jornadas en la Embajada argentina.
El embajador Jorge Argüello cedió toda la semana varios de los salones de la casona de Dupont Circle para esos encuentros. Si bien no habrá cambios en las metas, sí se harán recalibraciones, aunque esta palabra esté vedada dentro del equipo económico argentino.

 

Energía cara
Los subsidios a la energía pasaron de u$s1.106 millones a u$s2.874 millones entre el primer trimestre del año pasado y el mismo período de 2022. Un crecimiento del 160% en moneda dura, (Economía & Energía).

 

2,6

El volumen de los subsidios se multiplicó por 2,6 veces en el primer trimestre del año, en relación al lapso enero-marzo de 2021.

 

CAMMESA
Los subsidios del primer trimestre de 2020 habían sido por u$s483 millones. Desde entonces -hace dos años-, el aumento fue de seis veces. Los aportes a Cammesa ya fueron por la mitad de lo pautado para todo el año.

 

 

Los números de los subsidios a la energía bajo la lupa

 

 

El dato que preocupa en Washington -y también, de hecho, al propio Gobierno- tiene que ver con el explosivo incremento de los subsidios económicos. Y puntualmente con los que sirven para mantener a las tarifas de los servicios públicos corriendo por debajo de la inflación.
En concreto, el volumen de los subsidios se multiplicó por 2,6 veces en el primer trimestre del año, en relación al lapso enero-marzo del año pasado.
De acuerdo a un informe de la consultora Economía & Energía, dirigido por el especialista Nicolás Arceo, cuantifica que los subsidios a la energía pasaron de u$s1.106 millones a u$s2.874 millones entre el primer trimestre del año pasado y el mismo período de 2022. Un crecimiento del 160% en moneda dura, nada menos.
Para tener en cuenta: los subsidios del primer trimestre de 2020 habían sido por u$s483 millones. Desde entonces -hace dos años-, el aumento fue de seis veces.
Esto significa que los aportes a Cammesa -la empresa reguladora del sector eléctrico- ya fueron por la mitad de lo pautado para todo el año. Y sólo transcurrieron tres meses.
Para el Fondo Monetario Internacional -y también para el ministro, esta dinámica es insostenible a nivel macroeconómico.
Por eso está planeado un esquema de aumentos segmentados.
Lo que sucede es que, tras el incremento en los costos de la energía a nivel internacional tras el comienzo de la guerra en Ucrania, ese ajuste en las tarifas no alcanzará para cumplir con lo planeado por el Gobierno.

Tags: ArgentinaFMIGobernadoresGobiernoMetasOposición
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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