A mediados de marzo, tras varias idas y vueltas de informes, el Observatorio para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores intimó la clausura de una residencia de ancianos ubicada en Junín y Salta, de Posadas. Esta decisión se tomó tras constatar que, desde la presentación de la carpeta para habilitación, el propietario no había cumplido con las pautas necesarias para asegurar la seguridad de los ancianos, que vivieron varios meses en este lugar. Luego de esto, se constató que todos los ahora exresidentes permanecen en otros lugares, algunos fueron a otro geriátrico, aunque la mayoría continúa con sus familiares.
Sobre esto, PRIMERA EDICIÓN dialogó con el titular de la Defensoría del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, quien integra este Observatorio, y aclaró que a pesar de la relocalización “son unos seis meses de seguimiento y los 11 residentes siguen bajo esta condición, con un equipo a cargo”.
En este momento, explicó que “son tres los residentes que fueron trasladados al hogar ‘El Milagro’, donde en el transcurso de la próxima semana también van a ser visitados para verificar cuál es la situación de esta residencia”. Resulta que este lugar, pertenece al círculo familiar del propietario del geriátrico clausurado: “Lo que hacemos es un abordaje integral y no queremos que piensen en un carácter persecutorio, sino que se necesita un acompañamiento de estos residentes y es una obligación”, remarcó.
Respecto a los exresidentes, “hay familias que directamente han optado por hacerse cargo de sus familiares, que también están siendo monitoreados. Mientras también hacen consultas a través del Ministerio de Salud Pública para buscarles lugares seguros para ser reubicados, aunque son pocos los que lo hacen”, detalló Penayo.
Aseguró que con los adultos mayores de esta residencia, ahora clausurada, “tampoco hubo un abandono”. Para la seguridad de estos ancianos, “el trabajo de seguimiento es constante, con un equipo preparado, con consultas telefónicas y se va hasta los hogares. Además, intervienen áreas como la Policía Comunitaria para todo tipo de control”, añadió.
En cuanto a los mecanismos de abordaje, Penayo contó que “el Observatorio, en base a hechos pedirá intervención de ser necesario, a través de los organismos que lo integran”. Recordó además que “es un trabajo que se hace también en otros hogares, que están en la misma situación, donde acompañamos para que salgan de la informalidad, al estar en proceso de regularización”.
Cabe señalar que el geriátrico clausurado “tomó una notoriedad luego del fallecimiento de una persona”, recordó el Defensor del Pueblo y manifestó que el abordaje en este tipo de casos “es silencioso, pero continúa para cuidar a todos los involucrados”.
Alberto Penayo manifestó que, a partir de este caso y para el cuidado de los adultos mayores, “buscamos encarar de manera fuerte el tema de la habilitación, cuál es el organismo de aplicación y se rompa con una ambigüedad”.
Proteger a los adultos mayores
Alberto Penayo explicó que en sesión del Concejo Deliberante “solicité la constitución de una comisión interparlamentaria, entre el Concejo y la legislatura provincial, a fin de tratar la nueva Ley (27.360)”.
Resulta que para habilitaciones de geriátricos “en el organismo de aplicación, figura el Ministerio de Desarrollo Social, pero el anexo sigue Salud Pública. A nuestro entender es una controversia, que no resuelve el problema de fondo”.
Remarcó que tratar esto es importante porque la ley “trata a los adultos mayores de una manera diferente a la que estamos acostumbrados”.
