La Cámara de Industriales Molineros (CIM), entidad que nuclea a casi el 60% de la molinería argentina, ratificó su rechazo a la intervención del mercado decidida por el Gobierno nacional, a través de la conformación del Fondo Estabilizador del Trigo que se nutrirá de la recaudación extra que logrará el Estado por el aumento de las retenciones a la harina y el aceite de soja.
“La historia reciente ha dado sobradas muestras de que aquellas medidas destinadas a regular los precios de la oferta han dado nulos resultados en el pasado, provocando serias distorsiones en los mercados y una sustancial merma en las intenciones de siembra, con los adversos efectos en la producción y exportación granaria por todos conocida”, subrayaron desde la CIM.
Y continuaron: “Nuestro país necesita imperiosamente reglas de juego estables y políticas de Estado que permitan aumentar la producción y exportación de los productos agroindustriales que el mundo demanda, favoreciendo el agregado de valor en origen que permita incrementar la utilización de mano de obra nacional y generar un mayor ingreso de divisas”.
La opinión de los molineros es que el camino es subsidiar la demanda y no crear un fideicomiso para la compra de trigo por parte de los molinos, “ya que los supuestos beneficios se diluyen en los diferentes eslabones, dilapidando recursos que deben llegar a los sectores más vulnerables de la población”.
“La industria molinera nucleada en esta Cámara rechaza la pretensión de que el Estado subsidie sus ventas a un precio muy por debajo de los costos de producción, quedando sujeta a la espera de una compensación durante un período incierto de tiempo, por parte de un Fideicomiso en manos del Estado, soportando el ruinoso costo financiero que ello implicaría, y a lo que habría que agregarle, además, la nueva carga administrativa que se sumará a los innumerables trámites y autorizaciones impuestas por las diferentes reparticiones del Estado que actualmente soporta”, agregó la CIM.
En concreto, opinan que el consumo de harina como tal, como pan, galletitas o fideos, ronda los 90 kilos por habitante y por año, y podría ser subsidiado de manera concreta por el Gobierno, inyectando los fondos directamente en las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable.
De esta manera, se evitaría subsidiar el consumo de “quienes no lo necesitan” e intervenir los mercados, “con las nefastas consecuencias que ello ha tenido en el pasado”, cerró la CIM.
