La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó el planteo del fiscal general federal de Misiones, Rubén Ángel González Glaría para evitar ser indagado por el juez federal de Posadas, José Luis Casals, en una causa iniciada por el fiscal Pablo Turano (de la Procuración General de la Nación) quien lo investiga por la presunta comisión de los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.
Por motivos de salud, Hugo Zapana, abogado defensor González Glaría (67) quien ocupa desde 1993 el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia, apeló en octubre de 2021 la indagatoria solicitada por Casals, magistrado titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.
Una junta médica realizada el miércoles 9 de marzo a instancias del propio fiscal Turano, aseguró que el fiscal Glaría está en condiciones de responder en audiencia de indagatoria y esta se puede realizar vía remota.
Este lunes ingresó a la Cámara la apelación a la decisión de los galenos de la Justicia Federal pero en pocas horas fue rechazada y notificada a las partes, por lo que mañana se cumplen las 72 horas para que el juez Casals fije un nuevo día y horario para la indagatoria.
De manera sintética y preservando la integridad de la salud del acusado, este diario pudo saber que la defensa alega que no está en condiciones psiquiátricas para ser indagado ya que atraviesa un tratamiento quimioterapéutico por una enfermad grave.
Desempeño cuestionado
Los pedidos de indagatoria del fiscal Turano, como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, se remontan el 21 de agosto y 16 de septiembre pasados y surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
El denunciante cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario en varios puntos. Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-212) fue contratada y habría sido obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
En las sendas solicitudes de indagatoria Turano sostiene, en el caso de la prosecretaria Bogado, que cuando fue efectivizada en su cargo padeció “rispideces y malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado a otra dependencia (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban llegaba a trabajar desencajada porque debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría”.
En cuanto a las denuncias por “amenazas”, tendrían como víctimas a Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz, abogada y prosecretaria fiscal.
Marcelo Quiroz acusó que su hija fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas. Lo consiguió y fue asignada a la Fiscalía Federal 2. Al enterarse González Glaría citó a su padre y “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”.
El progenitor se negó y “el fiscal general llamó a la abogada y la amenazó de la misma manera, lo que la angustió y generó un pedido de licencia”. Como el fiscal general “no pudo evitar el traslado, ordenó que no se le facilitara mobiliario ni computadora para trabajar”.
El fiscal 2 Diego Stehr finalmente le consiguió los elementos pero González Glaría no habría cesado “el acoso y hasta le prohibió a Andrea Quiroz que subiera a los pisos superiores donde está la Fiscalía de Cámara”.
“Incluso la golpeó con el hombro en un cruce de pasillo donde había espacio suficiente para que no fuera accidental y que tampoco se disculpó de haberlo hecho”.
“También ordenó que a Marcelo Quiroz se le quitaran funciones, le negaba el saludo y hasta obligó a los empleados de informática que le eliminaran las cuentas de correos electrónicos oficiales de su computadora asignada”.
Para el fiscal Turano, González Glaría habría incurrido además en el “uso irregular” de recursos de funcionamiento de la Fiscalía General. “González Glaría pretendía pasar sus gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”.
Marcelo Quiroz, quien era encargado del área tanto en el fuero Penal como Civil, no los habría recibido o aceptado y en 2017 le quitaron la tarea.
Quiroz también denunció que le sacaron la función de certificar la subrogancia que ejercía González Glaría como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas. Se le asignó esa responsabilidad a otro secretario sin posibilidad de verificar si efectivamente trabajaba y tenía derecho a cobrar la subrogancia. Según el denunciante, sólo iba “una o dos veces por semana” a cubrir el cargo.
En cuanto al delito de “peculado”, la denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que la Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier 2016 a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años. La devolvió cuando surgieron las denuncias”.
En relación a la posible imputación por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por “trata y explotación laboral” que involucró a una empresa del exgobernador misionero Federico Ramón Puerta. El expediente correspondía a la Fiscalía 2 (Diego Stehr) pero la acusación sostiene que el fiscal general tomó la investigación y sobreseyó a Puerta.
Encuadre legal
Las acusaciones al fiscal general Rubén González Glaría comprenden los siguientes delitos del Código Penal Argentino: “extorsión”, artículo 168 “reprime al que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, depositar o poner a disposición de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Es un delito de ofensa compleja (propiedad y libertad)”; “amenazas” 149 bis “reprime al que hiciera uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad” ; “fraude en perjuicio de la administración pública” artículo 174, inciso 5; “peculado”, artículo 261 “reprime al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración. Percepción o custodia le haya sido confiada por su cargo” y “funciones correspondiente a otro cargo”, artículo 246, inciso 3.
