El pasado 21 de febrero a la madrugada, Gabriela Agüero (39) y su hija Débora Elizalde (24), eran asesinadas prácticamente frente a su vivienda en la localidad de San Antonio. Por este doble femicidio permanece prófugo Sergio Kozak (38), acusado de disparar a ambas mujeres y escapar a bordo del vehículo con el que las había seguido desde Bernardo de Irigoyen.
El sábado se realizó una manifestación por justicia en la localidad de las víctimas, y ayer los familiares llegaron con una marcha al Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú que entiende en la causa. Al no tener mayores novedades respecto al lugar donde podría ocultarse, solicitaron que se aumente la recompensa por datos que permitan ubicar al asesino.
A media mañana se concentraron en la plaza San Martín de Iguazú, desde donde con pancartas se desplazaron por las avenidas Tres Fronteras, Victoria Aguirre, Córdoba, Guaraní hasta llegar al juzgado. Luego de permanecer unos minutos frente a la sede solicitaron audiencia con el magistrado.
A medida que pasaron los días la familia comenzó a preocuparse porque no veían avances en la investigación. Si bien en diálogo con autoridades de la comisaría de San Antonio les habían informado que la búsqueda de Sergio Kozak no se detenía, aguardaron y aguardan el hecho concreto, que es la detención del prófugo.
Es por ello que dialogaron con la autoridad judicial. Según indicaron, les confirmó que la búsqueda de Kozak continuaba tanto en el lado argentino como más allá de la frontera a través de Interpol.
A su vez solicitaron al juez que se incremente la recompensa por pistas certeras sobre el paradero del acusado del doble femicidio, la cual fue fijada por el Gobierno provincial en un millón de pesos. La familia estima que esta debería incrementarse, puesto que actualmente no representa una suma considerable, si lo que se necesita es romper el silencio y el temor a hablar que habría entre los vecinos de San Antonio.
Esta solicitud excedería al juez, puesto que debería solicitarse directamente al Ministerio de Gobierno, que fue quien anunció el monto a quien pudiera aportar datos certeros y útiles para poder aprehender al acusado.
Pasadas cuatro semanas, los familiares se mostraron sorprendidos porque el sumario policial aún no estaba en poder del juez. Sin embargo este Diario pudo saber de fuentes consultadas que el mismo ya había sido remitido y horas después que la familia estuviera allí, llegó al juzgado.
