El Gobierno confía en una “salida exportadora” para seguir creciendo, en alianza con el sector agropecuario, definido por la cartera que conduce Julián Domínguez como “la gallina de los huevos de oro”. Por eso, analizan avanzar en nuevas bajas en retenciones para economías regionales y no habrá cambios para los principales cultivos de exportación (trigo, maíz y soja), pese a la suba histórica de commodities por la guerra en Ucrania.
Según informó el diario Ámbito, impulsarán un fondeo millonario para la ley agroindustrial que está en el Congreso, y para que las cooperativas de alimentos puedan exportar. El Ministerio de Agricultura no tiene ninguna iniciativa relacionada a una empresa nacional productora de alimentos.
La cartera que encabeza Domínguez propiciará la baja de derechos de exportación en vino, arroz y forestación, tres importantes economías regionales, que quedaron fuera de la reducción que realizó el Ministerio de Economía en diciembre pasado para productos orgánicos y regionales.
La decisión final la tiene la Secretaría de Políticas Tributarias, que encabeza Roberto Arias. El arroz tributa 5% en derechos de exportación y, en 2021, aportó $10,5 millones de dólares a las arcas públicas. El vino paga 4,5% y aportó $44 millones de dólares. Mientras que la actividad forestal tiene 4,5% para productos con menor valor agregado, como la madera aserrada, y 3% en productos con un nivel de mayor valor agregado, como pasta de madera, papel o cartón. En 2021, forestación aportó $26,9 millones de dólares en concepto de retenciones. Así son los datos proporcionados por por David Miazzo, economista jefe de la Fundación FADA.
El Gobierno busca cuidar la recaudación para cumplir las metas fiscales con el FMI. El total por retenciones que aportó el agro el año pasado fueron $9.924 millones de dólares. Pero, al mismo tiempo, analiza potenciar exportaciones para cumplir la meta de ampliar las bajas reservas del Banco Central. Por este motivo, a fines del año pasado se bajaron retenciones a decenas de productos, que habían comenzado a pagar en 2018, cuando el Gobierno de Mauricio Macri recurrió al FMI.
Según informó el Ministerio de Economía en diciembre pasado, se redujeron derechos de exportación para productos orgánicos: en algunos casos, como el arroz o vino orgánico, pasaron directamente a 0%, en otros se redujeron casi a la mitad, como maíz y trigo (de 12% a 7%).
Argentina destina el 99% de su producción de orgánicos al exterior, siendo el segundo país con mayor cantidad de áreas sembradas. El motivo de la medida fue para sumar “volumen de producción y empleo”, potenciar el “desarrollo exportador” y avanzar en el “desarrollo productivo sustentable”, según aseguraron.
También, en ese momento, se bajaron retenciones a productos regionales y en algunos casos, como el maíz pisingallo o la mermelada, se eliminaron a 0%. Las exportaciones de estos productos superan los $2.000 millones de dólares anuales.
En diálogo con periodistas, Domínguez afirmó que uno de sus objetivos principales es el de aumentar las exportaciones con mayor valor agregado, y descartó iniciativas de intervención en las exportaciones como plantean otros funcionarios dentro del Gobierno.
“Este ministerio quiere que se exporte más. El que decide la política agropecuaria es este ministro con el Presidente; los temas de este ministerio se discuten acá, no va a haber cierre de exportaciones ni aumento de retenciones. Los mercados internacionales se respetan todos”, sentenció.
Domínguez hizo esa afirmación consultado por el futuro de la carne, luego de confirmar que “habrá menor oferta” por los incendios en Corrientes. Inclusive, adelantó que negocia un cupo especial de 30.000 toneladas para Israel.
En tanto, Agricultura trabaja en un fondeo millonario para el sector agropecuario. Por un lado, será para complementar la ley agrobioindustrial, que tenía que tratarse en sesiones extraordinarias y que permanece en el Congreso. Incluirá tasas subsidiadas, créditos, planes de capacitación y aportes no reembolsables. Por otro lado, en este mes podría anunciarse un programa de $1.000 millones para el desarrollo agroindustrial de cooperativas, para que puedan ser consideradas como pymes y, así, estimular las exportaciones de este sector.
Fuente: Ámbito
