Como parte del Observatorio del Adulto Mayor, la Defensoría del Pueblo de esta ciudad junto a Salud Pública recorrieron las instalaciones de la residencia de ancianos Itatí, ubicada en la intersección de Junín y Salta. Tras esta inspección realizarán un informe formal para avanzar hacia un posible pedido de clausura y traslado de los residentes.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el titular de la Defensoría del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, contó que “estuvimos ahí durante la mañana de este jueves, en virtud del operativo de verificación de cumplimiento de requisitos para habilitar el lugar”. En cuanto a los datos preliminares, compartió que este lugar “aún está lejos de poder hacer las modificaciones correspondientes para que el uso del espacio sea viable como geriátrico”.
Adelantó que “vamos a pedir un informe a estructura hospitalaria y la Dirección de Gerontología”. Además, indicó que “los residentes siguen viviendo ahí y desde este viernes acudirán a la Defensoría los familiares para charlar con ellos y compartir las condiciones en las que se encuentra el geriátrico”.
El funcionario precisó que “vamos sumando estos informes para llegado el próximo miércoles, tomar una decisión sobre este caso”. Asimismo, explicó que “advertimos al propietario que de no cumplirse vamos a activar mecanismos para la clausura”.
En una primera observación del equipo de la Defensoría se consignó que “las habitaciones son muy reducidas, algunas separadas con lona y eso no puede ser. Además, los baños son muy chicos. En los sanitarios se necesitan condiciones, que puedan acceder con sillas de ruedas, de acuerdo a la ordenanza”.
Penayo opinó que “en principio, la imposibilidad de habilitación está dada en materia de infraestructura, porque el lugar no reúne -desde el punto de vista más básico- las condiciones para funcionar como hogar de larga estadía o geriátrico”.
Sobre la reunión con los familiares, “vamos a remarcar desde la ley y ordenanzas los puntos que los geriátricos deben cumplir y que ellos deberían ser los primeros en exigir”. Respecto al propietario, aclaró que “si la persona no tiene la capacidad económica para poner en condiciones, desde el punto de vista de las necesidades que se requieren, hay que pedir cierre”.
Alberto Penayo recordó que para los geriátricos “tenemos una ley y una ordenanza de habilitación. Para ello, tiene una cuestión de infraestructura y la otra es la condición vinculada a la salud”.
Desde el punto de vista edilicio, “los baños tienen que ser amplios, con la posibilidad de entrar sillas de ruedas, las habitaciones no pueden estar separadas por lonas, sino cerradas como corresponde. Hablamos de condiciones esenciales y fue lo que pusimos en tela de juicio”.
En cuanto a recurso humano, apuntó a que “deben garantizar la atención por enfermeros matriculados, un médico de cabecera que no sea el de la obra social. Se necesita un equipo interdisciplinario a disposición de cualquier geriátrico”.
Entre los registros que presentarán del caso, Penayo señaló que “empezaremos por la voluntad expresada de la persona de que quiera estar en ese lugar, los horarios de alimentación que se cumplen y si no quiere recibir a una u otra persona. Son registros esenciales que deben estar a disposición de las autoridades que lo requieran o los mismos familiares”.
