Ante el creciente reclamo de inquilinos y propietarios por las complicaciones que derivaron de la Ley de Alquileres, directivos del sector inmobiliario mantuvieron una reunión con funcionarios nacionales para avanzar sobre la posibilidad de modificar el sistema en aplicación.
Así, el pasado miércoles, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y director titular de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), y Mirta Líbera presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA) y directora titular de FIRA, fueron recibidos en el Congreso por Diego Sartori, diputado por Misiones del Frente Renovador, y la senadora Magdalena Solari Quintana.
De esa manera, se armó una mesa de diálogo en la que se remarcó que, con la ley N° 27.551, los alquileres sufrieron aumentos que superan el 53% desde que entró en vigencia en julio último y, además, la problemática se agudiza por la poca oferta que existe en las principales ciudades del país.
“La intención de nuestro sector es que se llegue a un consenso y hablar con los legisladores para acercarles propuestas sobre los puntos que consideramos se deben rever”, indicaron a PRIMERA EDICIÓN desde la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM).
A través de un documento firmado por el presidente de FIRA, Emilio Caravaca Pazos, y la secretaria general Josefina Pantanos; y dirigido al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recordaron que “la Ley de Alquileres en vigencia desde julio 2020, rige en todo el territorio nacional y su aplicación ha demostrado, no proveer de una solución a la crisis habitacional”.
Por ello, plantearon que “sobre el cambio drástico en el plazo mínimo inicial de 2 a 3 años de duración de los contratos, desde el sector entendemos que si el plazo retornara a ser de 2 años puede generar menos dudas en quien dispone de la propiedad en alquiler ya que si la relación contractual no resultara por diferentes motivos, acortaría el plazo de finalización de la misma. Por el lado del inquilino representaría menos gastos de su parte correspondiente a sellados (se calculan sobre el total del contrato)”.
Por otro lado, indicaron que “la actualización del canon locativo cada 12 meses, es un período muy largo, en un contexto inflacionario desequilibrado. Dicho plazo de actualización ha demostrado arrojar porcentajes elevados, difíciles de prever, pero además ha generado que quien dispone su propiedad en alquiler busque cubrir el plazo de 12 meses, en comparación con la suba del resto de los precios, elevando el valor inicial”.
“Los porcentajes mencionados, si bien funcionan como un techo o límite para la actualización del canon de quien ha firmado el contrato, han resultado ser también un ‘piso’ o inicio de precio para demás unidades similares que se han desocupado, que, cuyos contratos firmados con ley anterior, arrojaban valores considerablemente menores”, completaron.
