Un cóctel inflacionario se está mezclando entre aumentos de precios internos y los valores de alimentos y energía a nivel global, que representará un desafío para la política económica del Gobierno. Y eso, además, en un contexto en que los índices superan con comodidad el 2,5% mensual desde hace casi dos años.
Por un lado, el Gobierno autorizó subas en los precios de la medicina privada. Las empresas de medicina prepaga van a aplicar dos aumentos que se harán efectivos entre marzo y abril, una decisión sorpresiva que no había sido anticipada por las autoridades nacionales. Las subas serán de hasta un 6% tanto a partir de hoy como del 1º de abril, por lo que la actualización puede ser de hasta un 12% en total.
Por otro, en los próximos días comenzarán a llegar las boletas con los aumentos anunciados de tarifas de luz y gas. Este sábado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aplicó el aumento promedio del 17% del Precio Estabilizado de la Energía, la adecuación del 41% en promedio para el segmento de Transporte y del 4% para las distribuidoras, en el marco de la negociación del Régimen de Transición.
De acuerdo con lo informado el último sábado por el ente regulador, la adecuación tarifaria para el 2022 tendrá un impacto del 22% promedio en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó el viernes el aumento de la tarifa de gas, que será de un 20% para los hogares y de 15% para las PyME. En los dos casos, se trata de porcentajes que están en línea con las subas que había anunciado el Gobierno a fines del año pasado, cuando destacó que habría aumentos de entre 17% y 20% para las tarifas de gas y electricidad durante 2022.
Los aumentos de tarifas son un número sensible, no sólo para la economía familiar, de comercios e industrias y de las cuentas presupuestarias, sino como elemento de tensión política dentro del Frente de Todos. La política de subsidios y tarifas representa desde el inicio del mandato de Alberto Fernández una cuña entre dos sectores de la coalición de Gobierno, una que está más identificada con el presidente y otra con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
De hecho, el número de actualización de tarifas que habrá este año aparece como el último número a cerrar en la negociación con los funcionarios del staff del Fondo Monetario Internacional. Mientras el Gobierno propuso un esquema para que los servicios públicos aumenten con un ritmo similar al de los salarios, el FMI busca un reajuste que supere a la inflación esperada.
Por lo pronto, algunos analistas ya aseguran que la suba de tarifas sólo anunciada implicará un primer impacto en la inflación. “La reducción de los subsidios será uno de los pilares del acuerdo con el FMI y esto implicará una suba de las tarifas de gas, electricidad y transporte”, consideró un informe reciente de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis.
“El peso directo de Electricidad y Gas en el IPC es de 1,23% y 1,65% respectivamente, mientras que transporte público tiene una ponderación de 2,95% en el índice. Además los aumentos de tarifas tienen efectos de segunda ronda ya que entran en la matriz de costos de las empresas y, por tanto, en la conformación de precios de bienes y servicios. Es por eso que reducir los subsidios terminará siendo inflacionario”, mencionó.
“Salta a la vista que a 2022 le falta un ancla. Apostar a que el cierre de las negociaciones con un sendero de reducción del déficit fiscal y la asistencia monetaria alcance para reducir las expectativas inflacionarias parece arriesgado en un contexto de inflación inercial como el actual. A estos niveles, es imposible pensar en una reducción sustantiva de la inflación sin un programa que combine consistencia entre precios y salario más una estrategia de desindexación”, concluyó PxQ.
“Menor al 45%”
El Gobierno afirma que llegó a un acuerdo técnico con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno del aumento de las tarifas públicas para este año “por debajo” del 45%.
Dos fuentes oficiales en Buenos Aires indicaron que de este modo se habría logrado que “la suba de las tarifas se ubique por debajo del aumento de los salarios” y no por encima de la inflación, como pretendía el equipo técnico del organismo multilateral.
La apuesta oficial era lograr esa victoria simbólica, que todavía hay que ver reflejada en el entendimiento técnico que debe publicar el FMI y en la carta que debe enviar el Gobierno a Washington para su tratamiento en el directorio una vez que el acuerdo pase por el Congreso Nacional.
“Quedaron debajo de la inflación”, comentó, escueta, una calificada fuente oficial. Otra fuente oficial indicó que “la idea es, como en 2021, que las paritarias promedio estén unos puntos por encima de la inflación anual y, por lo tanto, por encima de las tarifas energéticas”.
“Si se supone que se están cerrando acuerdos paritarios por 40 a 45%, con una revisión hacia el último trimestre, las tarifas deberían estar por debajo de 45%”, precisó.
Claro está que los consultores económicos calculan que la inflación rondará entre el 55 y el 70 por ciento este año a partir de una aceleración del tipo de cambio oficial.
