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El Estado se queda con $63 de cada $100 de la ganancia que genera una hectárea

31 diciembre, 2021
presión impositiva sobre el sector agropecuario

POR PROVINCIAS. Según la FADA, la mayor presión impositiva se da en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

presión impositiva sobre el sector agropecuario
POR PROVINCIAS. Según la FADA, la mayor presión impositiva se da en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

La presión impositiva sobre el sector agropecuario es mencionada desde hace tiempo como uno de los principales problemas y limitantes de la actividad agropecuaria, con impuestos que van desde tasas viales municipales hasta los derechos de exportación, produciéndose así una superposición de tributos. Pero el inconveniente mayor es que estas alícuotas se encuentran en constante actualización, por lo que la participación del Estado no para de crecer en la renta agrícola.

Al respecto, el índice que de manera trimestral elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), reflejó en el presente mes que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 63,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, presentando una leve baja del 0,2% en comparación con septiembre pasado. Esto significa, que de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $63,20 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos.

“La relativa estabilidad es producto de la combinación de dos factores que se contrarrestaron: por un lado, mejoraron los precios, lo que hace que el índice baje pero, por otro lado, eso se contrarresta porque aumentaron costos, por lo que el número se mantuvo estable”, señaló el economista Jefe de FADA, David Miazzo. Además, el informe determinó que la participación del Estado en soja es del 67,9%, maíz 53,4%, trigo 62,0% y girasol 49,3%.

En relación al aumento de los costos de producción de los últimos meses, el relevamiento de FADA señaló que los precios de los fertilizantes se incrementaron hasta un 129% en dólares, los de los fitosanitarios hasta el 190%, y en glifosato, y otros que superan el 60%, como el caso del 24D, con una gran disparidad de precios. Por su parte, los costos de labores crecieron unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación.

Según el detalle aportado por FADA, en el presente mes los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola, fundamentalmente por el impacto de los derechos de exportación, a los que hay que sumar el impuesto a los créditos y débitos bancarios. “Este es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe”, afirma Nicolle Pisani Claro, economista de la Fundación.

Por otro lado, los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,5% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

Otra parte del informe está relacionado con el índice que corresponde a cada una de las provincias donde se realiza la medición trimestral.

En el caso de Córdoba, el índice FADA se ubicó en un 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran ambas un 61,3%, en La Pampa 62,5%, en Entre Ríos 66,1% y en San Luis 61,5%.

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Tags: FadaImpuestospresión impositivaSector Agropecuario
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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