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Duele como ayer, 8.843 días después

26 diciembre, 2021
El 10 de octubre de 1997, cuando el vuelo 2553 se estrelló en un descampado, 74 personas murieron.

El 10 de octubre de 1997, cuando el vuelo 2553 se estrelló en un descampado, 74 personas murieron.

Por: Lic. Sergio Dalmau

“Hace 19 años ocurrió esto, mis papás y yo teníamos pasajes para ese vuelo, gracias a Dios y a una familia amiga, cambiamos los pasajes y nos salvamos. Para agradecer y mucho a esta vida”, fue la publicación que me encontré el 11 de octubre de 2016 en la red social Facebook. El autor se llama Franco, un compañero de secundaria que tiene un par de años menos que yo.

Franco hablaba de la Tragedia de Austral, de ese vuelo 2553 que había salido desde Posadas el 10 de octubre de 1997 con 74 personas a bordo y terminó cayendo a tierra en una estancia cercana a la localidad de Fray Bentos, en Uruguay. Lo particular de esta anécdota es que quizás el final de Franco, sea el único feliz de esta historia. Y no es para menos, él no fue uno de los 74 que intentaba llegar a Buenos Aires, él por esas casualidades del destino, hoy está con vida.

Su historia, contada en pocas líneas, me unió desde un primer momento con la de otros cientos. La de aquellos que no corrieron con su misma suerte y la de todos esos familiares que a pesar de las heridas y el paso del tiempo siguen llevando adelante un pedido de justicia. Son estos últimos los que el pasado jueves recibieron un nuevo golpe, de esos que te hacen revivir a flor de piel la tragedia, que hacen que todo vuelva a ocurrir una vez más.

Es que, veinticuatro años, dos meses y 13 días después de la peor catástrofe de la aviación civil nacional la Justicia absolvió a todos los acusados que fueron juzgados por el delito de estrago doloso.

El juicio había comenzado en marzo de 2019 y en un fallo que no sorprendió, el tribunal, por unanimidad dejó pasar una vez más la oportunidad de reivindicarse, de sentar un precedente.

Pero nada de eso ocurrió y la resolución que sentó por primera vez un pronunciamiento judicial sobre las responsabilidades en lo que fue la tragedia de Austral, una causa que estuvo a punto de prescribir varias veces y consiguió sobrevivir por las apelaciones de las querellas, solamente escarbó aún más la herida, esa que también es compartida por gran parte de la sociedad. Además de los familiares, son muchos los que han perdido a un amigo, a un vecino o a un compañero de trabajo.

Como ya se dijo, todo comenzó en la noche del 10 de octubre de 1997, cuando el vuelo 2553 de Austral despegó pasadas las 21 de Posadas con destino al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Una hora después, cuando sobrevolaba la localidad entrerriana de Gualeguaychú, la aeronave perdió contacto con los radares. Lo último que llegó a escucharse fue el pedido desesperado para autorizar el descenso y el inminente final.

“¡Nos matamos, nos matamos!”. La grabación es de 18 minutos y quedó registrada en la caja negra. Es entre el piloto Jorge Cécere y el copiloto Horacio Núñez. El último minuto es estremecedor. “Por favor, autorícenme ya descenso”, le pide Cécere a la torre de Aeroparque. Sus palabras finales están llenas de desesperación. Se escucha su voz antes del trágico final: “¡No, no, carajo, Dios mío, carajo! ¡Nos matamos, la puta que te parió, nos matamos, la concha de la lora!”. Todo esto surgió del debate oral y público, que terminó quedando en la nada.

El avión cayó 1.000 kilómetros por hora. El fuselaje y los cuerpos se desperdigaron en un radio de 800 metros, sobre el fango de Nuevo Berlín, en medio de la nada, a 32 kilómetros de Fray Bentos, Uruguay. Nadie sobrevivió. Eran 69 pasajeros y 5 tripulantes.

Cabe destacar también, que la instrucción estuvo a cargo del hoy exjuez Jorge Ballestero. Con informes de las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay, la causa detectó errores en la toma de decisiones de la tripulación que llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites y perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta. En 2004, Balletero sobreseyó a todos los imputados (funcionarios de Austral y de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea) por falta de mérito.

La Cámara Federal revocó y ordenó profundizar la investigación. Finalmente, se dictaron procesamientos que fueron confirmados.

En este contexto, la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (CIADA) de Uruguay concluyó que la caída de la aeronave se produjo como consecuencia directa de una errónea decisión del copiloto que produjo la pérdida de control de la nave.

Ese error fue inducido por el congelamiento de los tubos de Pitot (sensor de velocidad) y la inexistencia en el avión de la alarma recomendada para alertar sobre esa situación, así como la falta de entrenamiento adecuado de los pilotos.

La causa fue elevada a juicio en 2013 por el juez Sebastián Ramos. En aquel momento, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que los hechos fueron “la conclusión trágica de una oscura historia de irregularidades e incumplimientos”.

En su requerimiento, se sostuvo que la empresa Austral y la Fuerza Aérea Argentina eran los encargados de velar por la seguridad aeronáutica. “Resultó evidente que el vuelo se desarrolló en condiciones climáticas adversas, siendo altamente probable que tal situación haya provocado el engelamiento de los tubos pitot y su obstrucción. Ello trajo aparejada una errónea medición de la velocidad del avión. Siendo así, los pilotos dirigieron su atención a corregir el problema de la falta de velocidad, cuando en realidad ésta era normal, de modo tal que su proceder produjo un aumento de la velocidad”, se afirmó.

Además, en ese momento, la fiscalía aseguró que “llevó mucho tiempo al piloto darse cuenta de que había una falla en el velocímetro, pero ya era tarde: el copiloto no había advertido ni comprendido lo captado por el primero y en consecuencia dispuso la extensión de los Slats a una velocidad excesiva, que provocó la pérdida de control de la aeronave”.

Cuando la causa llegó a juicio se ordenó una nueva pericia que tardó años. Después de idas y vueltas, el juicio finalmente empezó el 26 de marzo de 2019. Eran 35 acusados en el banquillo que se negaron a declarar.

Para el momento de los alegatos, los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumachella -que representan a los familiares y las víctimas- habían pedido penas de entre 12 y 25 años de prisión a los imputados por el delito de estrago doloso agravado.

Pero el fiscal Juan Patricio García Elorrio pidió la absolución para todos por entender que, frente a la duda, debía regir el principio de inocencia. Para el único que se pidió condena fue para Danilo Wenk, quien era director de Certificación Aeronáutica de la entonces Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), pero no por el delito de estrago sino por falsedad ideológica. Wenk murió antes de que llegaran al veredicto.

Todo este vaivén de la Justicia se produjo a lo largo de los veinticuatro años. Por un momento te invito a que te retrotraigas esa cantidad de tiempo y te vas a dar cuenta por ejemplo que Carlos Menem estaba transitando su segundo mandato, el asesinato de José Luis Cabezas era el acontecimiento del año y Lionel Messi se divertía en los predios de Newell’s Old Boys. En todo ese tiempo, muchas cosas cambiaron, menos la lucha de los familiares.

Nadie bajó los brazos, aunque la Justicia a medida de que pasan los años va dejando de ser justa. Ahora el proceso continuará con la lectura de los fundamentos en marzo del año que viene y la querella utilizará el recurso de acudir a Casación pero, mientras tanto la sociedad entera vuelve a revivir aquel acontecimiento que enlutó a Misiones y todo el país.

Utilizando las palabras de Rumachella, abogada querellante y hermana de una de las víctimas de aquel fatídico vuelo, es imposible no sentir agobio. Ya pasaron 8.843 días pero queda el sentimiento de que a cada una de las víctimas, las volvieron a matar.

Tags: ArgentinaEnfoqueFray BentosjuicioTragedia de AustralUruguay
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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