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Bono de fin de año: por ahora, para unos pocos

23 diciembre, 2021

Son medio millón de personas que trabajan en el sector privado. Pertenecen a lo que puede considerarse la “crema” del mercado laboral. Son empleados de distintos gremios, tanto en el sector servicios como en la industria. Y en su mayoría tendrán aumentos salariales en línea con la inflación, algo que muy pocos podrán decir cuando, en una semana, finalice este 2021 con una suba de precios cercana al 50% interanual.

Este lote de trabajadores se suma a los casi 400.000 que trabajan en la administración nacional y que percibirán un bono por $20.000 junto con el salario de diciembre.

Con este adicional, los empleados públicos finalizarán este año con una leve mejora real (por encima de la inflación), por primera vez desde que se inició la crisis, en abril de 2018.

Por su parte, los gremios del sector privado que recibirán el beneficio son: camioneros, trabajadores de la carne, aceiteros, industriales de la alimentación y de los peajes.

Para tener en cuenta: del millón de trabajadores que están en el comercio, sólo lo percibirán aquellos que están empleados en las cadenas de supermercados, que son menos de 100.000.

La mayoría de estos empleados habían conseguido aumentos en torno al 45% (y promesa de revisiones por inflación durante el primer trimestre del año), con lo cual este bono ayudará a que tengan una leve mejora de su poder adquisitivo.

Distinto es el caso de los monotributistas y trabajadores informales, que una vez más terminará el año con pérdida de su salario real. Es algo -si se quiere- lógico en el marco de una inflación anual del 50%, o incluso algo superior.

Hacia adelante, el cuadro luce complejo: Guzmán, en medio de las negociaciones con el Fondo y la aceleración inflacionaria, el ministro no quisiera que quede expuesta una carrera precios-salarios que ponga en peligro cualquier plan de estabilización del ya de por sí complejo escenario.

Guzmán tenía previsto que la inflación de noviembre fuera de 2%, y en todo caso preveía algún pequeño salto para el siempre complejo mes de diciembre. No fue lo que sucedió.

¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad en los gremios? Un informe revelador de la consultora Synopsis -dirigida por el politólogo Lucas Romero- ayuda a comprender el panorama.

Los últimos acuerdos firmados (correspondientes al mes de octubre) tomaron como pauta aumentos del 49,4% en promedio. Contra 46,7% de septiembre, lo que da cuenta de la aceleración inflacionaria y de los reclamos sindicales.

“En la recta final de un 2021 que comenzó con muchísima incertidumbre, los denominados grandes gremios están muy cerca de lograr finalizar el año con los aumentos paritarios por encima de la evolución de la inflación, la cual se estima en torno al 46% anual”, destaca el reporte de Synopsis.

Sector por sector

• Aceiteros: recibirán un bono de $104.000 y será para unos 20.000 empleados.

• Camioneros: el beneficio será de $48.000 e impactará en 190.000 trabajadores.

• Peajes: el bono será de $48.000 y lo percibirán unos 7.000 empleados.

• Alimentación: los gremios del sector acordaron un plus de $30.000 para más de 150.000 trabajadores.

• Carne: en este caso, el beneficio está proyectado para unos 26.000 empleados del sector que recibirán en los próximos días $30.000.

• Supermercados: más de 90.000 trabajadores percibirán un bono de $13.000.

 

Inflación: aumenta la presión

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 2,9% en noviembre de 2021 respecto del mes anterior y acumula una variación en lo que va del año de 48% y una suba del 54,5% en los últimos 12 meses, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Asimismo, el organismo de estadísticas oficial informó ayer que el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a noviembre de 2021 registró una suba de 2,1% respecto al mes anterior y del 51,1% en los últimos 12 meses, como consecuencia del alza de 3,9% en el capítulo “Materiales”, de 0,3% en el capítulo “Mano de obra” y de 1,9% en el capítulo “Gastos generales”.

En tanto, de acuerdo al INDEC, la variación de los precios mayoristas se explica como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos nacionales” y de 3,4% en los “Productos importados”.

Por otra parte, detalló que el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,1% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 3% en los “Productos nacionales” y de 3,4% en los “Productos importados”.

En tanto, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los productos de orígenes nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Se incluyen el impuesto al valor agregado, los impuestos internos y los impuestos a los combustibles netos de los subsidios explícitos. Por tratarse de bienes destinados al mercado doméstico, se excluye el valor de las exportaciones en el cálculo del peso relativo de cada actividad.

Asimismo, el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tiene igual cobertura que el IPIM, pero los precios no incluyen el efecto impositivo mencionado en el Índice de precios internos al por mayor.

Mientras que el Índice de precios básicos del productor (IPP) mide la variación promedio de los precios percibidos por el productor local; por lo tanto, se excluyen los bienes importados y, en la ponderación de cada actividad, se incluyen las exportaciones.

De esta manera, el INDEC concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó con el segmento minorista, que en noviembre marcó una desaceleración al alcanzar el 2,5% mensual. En tanto, desde enero, acumuló un aumento del 45,4%, superior al 29% pautado para todo el año por el ministro Martín Guzmán, mientras que en los últimos doce meses la suba de precios es de 51,2%.

Si bien desde marzo hubo una tendencia de desaceleración, ese sendero se revirtió desde septiembre con una suba del IPC desde el 2,5% que había registrado en agosto hasta 3,5% y ya en octubre se mantuvo en ese nivel. Como respuesta, el Gobierno aceleró un cambio en las autoridades de la Secretaría de Comercio y estableció controles de precios.

Tags: AcuerdoAdicionalBono de fin de añosector privadosectorestrabajadores
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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