La jueza Elisa Correa, a cargo del Juzgado Laboral N°3 de la capital provincial, rechazó el pedido del Mercado Central de Misiones que pretendía quitar los fueros sindicales a dos delegados de ATE. En el fallo se refutó la demanda de la patronal por no haber expresado qué medida pretendía tomar contra los delegados tras su desafuero.
El pedido de desafuero de los delegados de ATE en el Mercado Central de Misiones fue impulsado por el presidente de la entidad, Jorge Brignole, “quien no mostró voluntad política de resolver sucesivos reclamos sobre condiciones salariales y laborales por parte de las y los trabajadores”, según apuntaron desde ATE Misiones.
“En junio de 2021, tras dos medidas de lucha que habían sido debidamente notificadas por ATE Misiones, Brignole acusó a cuatro trabajadores de haber cometido delitos durante las protestas y acudió a la Justicia laboral a solicitar el desafuero de la delegada Ester Carolina Ramírez y del delegado Roberto Ramón Ramírez. Además, solicitó la suspensión de ambos trabajadores en sus funciones laborales”, recordaron.
Sin embargo, la jueza Correa señaló en su fallo que el motivo del rechazo del pedido efectuado por el exintendente de Posadas es el no cumplimiento del requisito formal de expresar qué sanción pretendía imponer a ambos delegados tras su desafuero.
La Jueza argumentó que “al promover una demanda de exclusión de tutela sindical, el empleador debe necesariamente individualizar, en forma clara y específica, cuál, dentro del espectro que le otorga la ley, es la medida que desea adoptar. Ello es así porque no podría otorgársele convalidación judicial a una medida cuyo contenido se desconoce; es obvio que la proporcionalidad entre la falta imputada y la sanción que se pretende aplicar solamente puede hacerla el Juez si se conoce por cuál de las alternativas sancionatorias que brinda el régimen jurídico va optar el empleador”.
Al mismo tiempo invocó la legislación que protege la actividad de los delegados sindicales, en virtud de la cual se negó a otorgar una medida que podría dar lugar a sanciones arbitrarias que podrían incluir el cese de la relación laboral.
