De acuerdo a estimaciones oficiales, el déficit habitacional en el país alcanza hoy a 3,5 millones de viviendas; y de ese total, en el 60% de los casos se trata de unidades que existen, pero tiene problemas de calidad.
El drama creció enormemente en los últimos lustros de la mano de la inflación, la informalidad y la multiplicidad de enfoques al momento de abordar posibles salidas. Por ejemplo, no se hace foco en programas de reparación de las unidades con problemas y sí en hacer nuevas unidades que, sin embargo, no alcanzan dada la magnitud del déficit.
Es así que millones de familias intentan encontrar respuestas en los alquileres, pero de un tiempo a esta parte esta alternativa pasó a ser más un problema que una solución. Tras la sanción de la nueva ley que rige este formato y luego de un año marcado por la suma constante, y siempre por encima de la inflación, los inquilinos vuelven a encontrarse frente a una encrucijada y sin saber qué esperar para el próximo año. Lo más paradójico es que tanto los representantes de la industria inmobiliaria como los inquilinos se unen bajo un mismo reclamo: modificar o dar de baja la norma que regula el sistema de la renta.
El Gobierno, en tanto, responsable del encuadre legal que tiene a todos tensos, sigue sin dar señales coherentes.
