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Otra polémica con el juez correntino, ahora por droga

1 diciembre, 2021

Mientras su fallo contra el INYM llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez federal de Paso de los Libres (Corrientes), Gustavo de Jesús Fresneda, sumó una nueva polémica al autorizar una quema de aproximadamente 20 toneladas de marihuana que estaban almacenadas en depósitos de las fuerzas de seguridad en la vecina provincia.

Los paquetes fueron tras­ladados desde las depen­dencias de la Gendarmería, la Prefectura, las policías de Seguridad Aeroportuaria, de la provincia de Corrien­tes y Federal hasta un ase­rradero de la localidad de Colonia Libertad.

Ahí empezó el revuelo, ya que el intendente local, Roberto Fracalossi, se manifestó en contra de la medida y logró frenarla cuando apenas se había destruido menos de un tercio del total.

“El dueño del aserradero autorizó la quema con total desconocimiento por parte del municipio. Este lugar queda está instalado en el centro de la ciudad y a dos cuadras de la escuela, por lo que generó gran preocupación”, dijo el intendente en declaraciones a Radio Sudamericana.

El incinerador del aserradero tiene capacidad de destrucción de hasta seis toneladas diarias, por lo que el primer día alcanzaron esa cifra, y se tenía previsto que la medida sea agotada en por lo menos tres días consecutivos de incineración. 

En la mañana del lunes inició la quema y por la tarde el intendente local recurrió a la Justicia. De esta manera, todo quedó suspendido y se ordenó el cese de la medida.

“Había una determinación judicial para la realización del operativo de quema, esto me produjo una gran preocupación porque me pareció que dentro del casco urbano no era factible”, indicó el jefe comunal.

Previamente, el vicein­tendente Francisco Tribbia había ex­plicado que “no fuimos consultados sobre si se podía hacer en este lugar donde hay población”, dijo.

Asimismo, aclaró que “nunca se realizó este tipo de procedimientos en esta localidad”, y por lo tanto pretendían que las autori­dades judiciales se contac­ten con los gobernantes lo­cales para evitar conflictos. “No estamos en disconfor­midad con la destrucción de la droga, sino con que se realice en este aserradero y sin consultar, porque esta empresa se halla en la calle principal, ya que se instaló hace 25 años, y en ese tiem­po ese lugar era un baldío”, explicó.

La desnaturalización se debía realizar por medio de la que­ma de manera tradicional, dado que si bien existe un horno pirolítico -que posi­bilita disminuir la contami­nación ambiental- éste no se halla a disposición en Corrientes. 

Si bien en un principio circuló que el humo de la quema “intoxicó” a la población de Colonia Libertad, el jefe comunal no lo confirmó y otros medios locales aseguraron que no se produjo inconveniente alguno en la salud de los vecinos.

Fuente: diarios Norte y El Litoral (Corrientes)

Tags: Colonia Libertad (Corrientes)drogaJuez de Paso de los LibresPolémicaquema de marihuana
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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