Transcurrieron dos semanas desde el resultado electoral adverso al Gobierno y las medidas (pocas) conocidas hasta el momento sólo han generado mayor malestar en la población y profunda incertidumbre sobre el camino que eligió la administración de Alberto Fernández para terminar este año.
Sin embargo, la señal de alerta debe ser también sobre qué nos deparará en 2022: ¿será en similares términos, entre la crisis económica, la pandemia que sigue muy presente y el contexto político desde diciembre?
No se trata únicamente del dólar o de un eventual acuerdo con el FMI como situaciones trascendentales para el Gobierno nacional. Sino de las restricciones financieras, sociales, económicas y hasta posiblemente laborales que se puedan imponer por las dificultades que la Casa Rosada va encontrando entre la salud y las cuentas públicas.
Con las elecciones también se fueron los incentivos que se dieron a la población más vulnerable (beneficiarios de planes y programas sociales, jubilados y pensionados de ANSeS, etc), haciendo que esa vulnerabilidad se acreciente en adelante con la inflación en permanente “jaque” a los bolsillos de las familias.
Hubo un dato que, incluso, pone nuevamente en discusión las asimetrías que tiene la tierra colorada con respecto al centro del país para la vida cotidiana, ya ni siquiera pensando en el comercio y la industria. La Canasta Básica de Alimentos (CBA) ascendió a 34.350 pesos y la canasta básica total a 88.077 pesos para una familia tipo en Misiones, según el IPEC y el Observatorio para el Desarrollo Económico de la Universidad Gastón Dachary (UGD).
“Si uno compara estos valores a lo informado por el INDEC, que es el promedio del país, la Canasta Básica Alimentaria misionera se encuentra un 11,1% por encima. En lo que significa la Canasta Básica Total (CBT), los porcentajes son mucho más elevados, ya que se sitúa un 21,7% por encima de la media nacional”, remarcó.
Es decir que esta región donde la pobreza castiga fuerte, alimentarse sale mucho más caro que en la zona donde más recursos destina la Nación por habitante.
Aún los asalariados no tienen en claro si sus ingresos serán lo bastante fuertes para un verano que se espera “caliente” no sólo en temperaturas sino en la inestabilidad económica del país. Esto llevará al inicio de conflictos gremiales donde las protestas y movilizaciones se irán haciendo cada vez más visibles en el país.
Esta semana en casi todo el país fuera del AMBA, incluida Misiones, casi comenzaron los paros de colectivos urbanos, de media y larga distancia. Un servicio que sin funcionamiento obligaría a las personas a disponer de mayores recursos para poder trasladarse a trabajar, ir a un médico o terminar los últimos días de clases.
En la pelea por los subsidios entre provincias, Nación y las empresas concesionarias, el que volverá a pagar “los platos rotos” es el usuario. Por ahora hay una conciliación obligatoria que impide las huelgas pero, llegado el plazo legal y sin solución, ese paro será muy inminente. Respecto al transporte y a la incertidumbre antes mencionados, nada se sabe sobre la licitación para los servicios urbanos y metropolitanos ante el fenecimiento de la concesión al Grupo Z.
Mientras tanto la mayoría enorme de los usuarios sigue viajando como “ganado”, con frecuencias que no alcanzan para llevar a todos a cumplir sus obligaciones. Esto último se profundizará en dos semanas, cuando terminen las clases y el Grupo Z recorte la cantidad de colectivos en movimiento. Así, se obligará a los pasajeros a prever una salida bastante anticipada para prever que algunas unidades pasarán llenas y habrá que esperar horas el paso de uno con disponibilidad.
Incertidumbre en la yerba mate
Se conoció al cierre de esta semana un recurso judicial de un magistrado federal correntino que ordenó suspender la aplicación de la resolución 170 del INYM, que limita las nuevas plantaciones. Una yerbatera misionera con apoyo del Gobierno correntino consiguieron frenar lo que la producción de las dos provincias consideraron una defensa de los pequeños ante una avanzada de los más grandes en superficie plantada, lo que puede volver a generar una superproducción y -en consecuencia- una baja en los precios que hoy se mantienen muy por encima de los “oficiales” precisamente por la falta de hoja verde.
Mientras se definen jurisdicciones y recursos judiciales, lo cierto es que no regirá desde enero y las industrias que se habían preparado para plantar grandes superficies tendrán luz verde para hacerlo.
En el sector productivo, mayormente pequeño en el rubro, había mucha preocupación por lo que pueda suceder. Otra vez la incertidumbre se apodera de otra porción de la población que apuesta por la chacra y la producción primaria.
Comienza el debate por el tabaco
Desde hace unos años, el tabaco Burley viene sobreviviendo a un mercado inestable, a intentos por bajar precios, a las campañas de salud que desaconsejan el consumo de cigarrillos, a un FET al que cada tanto le quieren manotear una parte para la caja estatal nacional.
En ese clima, se aproxima el momento de comenzar la sesión de precios para el producto, que determinará las ganancias para miles de pequeños productores de la tierra colorada que dedicaron todo el año a la plantación y cosecha. Y superaron las inclemencias del tiempo (sequía, granizo, plagas, etc).
Ayer en San Vicente, un grupo de 250 productores autoconvocados decidió pedir al menos unos $300 por kilo de tabaco entregado en boca de acopio para la zafra que se viene.
No faltaron los cuestionamientos para los dirigentes de los “gremios” de productores que hoy son legisladores y sus manejos pasan por la política (desde APTM hasta ACTIM pasando por la Cámara del Tabaco).
El mayor condimento de incertidumbre pasa por conocer qué panorama plantearán los acopiadores o la industria tanto en precio como para la campaña 2022-2023.
Frente provincialista
La incertidumbre sobre qué nos deparará como país en los meses siguientes también llegó a las provincias. En especial a aquellas que no están alineadas al kirchnerismo.
Por esta razón, hubo encuentro entre Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad y Alberto Weretilnek (actual senador y exgobernador de Río Negro), con la idea de construir un bloque neorevisionista, sustentado en una federación de provincias, que pueda negociar con más fuerza con la Nación y conseguir beneficios para los ciudadanos.
A la visita del rionegrino se sumaron las charlas con el Movimiento Popular Neuquino que gobierna esa provincia hace 50 años; con San Juan, Salta, Córdoba, entre otras. La consigna es clara: disminuir las asimetrías y repartir mejor los recursos que administra la Nación y que se están concentrando en Buenos Aires principalmente.
Cada provincia tiene sus intereses pero los de Misiones están más que justificados por la injusta coparticipación que recibe. En la “Rosadita” misionera recuerdan que somos la 7ª que más recursos aporta a la nación y la Nº23 a la hora de recibir el retorno de los fondos.
Ayer el gobernador Herrera Ahuad volvió a San Juan a encontrarse con su par Sergio Uñac, con quien había estado conversando hace dos semanas sobre cuestiones institucionales como políticas.
El mandatario sanjuanino posteó en su cuenta de Twitter la visita que realizaron a la planta de producción de paneles solares: “Junto a Herrera, con quien firmamos recientemente un convenio de cooperación para el desarrollo de ecosistemas innovadores, visitamos la fábrica de paneles sociales del EPSE para mostrarle el proceso productivo de esta importante industria en todo el país”.
Por ahora, de San Juan dentro del frente provincialista no se habla.
