El próximo miércoles, Pedro Darío Pietrowski cumplirá tres meses prófugo de la Justicia provincial que desde marzo de este año intenta sentarlo a debate oral por denuncias de amenazas y persecución formuladas por su exesposa en 2018 y 2019.
El exintendente de Almafuerte no se presentó a juicio en tres citaciones y tampoco a la audiencia por el planteo de habeas corpus que realizó su defensa en septiembre de este año.
“A Pietrowski aseguran que lo ven en Alem y San Carlos (Corrientes) pero nadie lo detiene”, fue la queja oída y replicada en pasillos judiciales durante los últimos tres meses, luego que el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez lo volviera a declarar “prófugo y rebelde” por el faltazo del martes 27 de julio, la tercera citación a juicio oral que no obedeció en menos de cuatro meses.
Durante veinte años Pietrowski fue alcalde de Almafuerte y en 2019 fue derrotado por su denunciante a su intento por volver al poder de la localidad de 1.500 habitantes.
Está acusado de amenazar de muerte a su expareja y de desobedecer además las medidas de prohibición de acercamiento a la víctima.
El juez Jiménez y la fiscal María Laura Álvarez solicitaron la inmediata detención, pero hasta anoche, nada o casi nada se sabía de su paradero y continúa considerado prófugo y su estado de rebeldía sólo podría modificarse una vez que se entregue en una comisaría o dependencia judicial, o sea atrapado por efectivos de las fuerzas de seguridad, principalmente las de la jurisdicción de su domicilio en Leandro N. Alem correspondientes a la Unidad Regional VI.
Sobre la situación judicial de Pietrowski, PRIMERA EDICIÓN consultó ayer a su abogado defensor Ricardo Skanata, quien reiteró que aguarda respuesta a las solicitudes de prescripción por plazos vencidos de las acusaciones contra el exjefe comunal.
El recurso, según el letrado penalista, fue presentado ante el juez César Jiménez quien aún no habría emitido notificación sobre su decisión al respecto.
La primera de las llamadas (y ausencias) a Pietrowski a juicio fue el 17 de marzo de este año. Pero se ausentó sin aviso y apenas pocas horas antes del inicio de la audiencia, comunicaron a la fiscal Álvarez el rechazo a un acuerdo de suspensión de juicio abreviado de un año de prisión en suspenso y una probation por el delito de “amenazas” (artículo 149 Bis del CPA).
No se presentó al debate y dos días después notificó, de manera digital, un certificado médico afectado por un cuadro de hipertensión arterial.
Evitó el arresto y se fijó nueva fecha de juicio para el jueves 3 de junio a las 8. Pero volvió a sorprender su salud afectada, esta vez habría tenido síntomas y su presunto examen anunció que dio positivo de COVID-19.
La tercera no fue la vencida y el 27 de julio fue nuevamente notoria su ausencia en la sala de debates de los juzgados correccionales de la Primera Circunscripción Judicial. No dio señal alguna o motivo de no comparecer.
El pasado viernes 10 de septiembre Pedro Pietrowski debía presentarse a defender su pedido de habeas corpus para no ser buscado ni encarcelado por desobediencia judicial, pero faltó también a la audiencia citada por la jueza Marcela Leiva.
Desde agosto 2018
El 4 de agosto de 2018, Celia Mabel Smiak (46) su exesposa, ingresó desesperada a la comisaría de Leandro N. Alem por ayuda para ella y sus tres hijos, pero también para denunciar a Pietrowski por las amenazas de muerte reiteradas, tantas que ya no alcanzaba la restricción de hogar judicial: la víctima ya dormía en la casa de su padre junto a los tres adolescentes, dos menores de edad por entonces.
Tal como lo adelantó este Diario, en la elevación a juicio de la fiscal de Instrucción de Alem, María Gisela Casafus, se indica que Pietrowski a medida que sus hijos crecieron aumentó también el maltrato hacia la madre de ellos.
Cuando la mujer decidió romper el vínculo, las amenazas fueron de muerte y reiteradas. Entre ellas se destacó textualmente en la denuncia: “Te voy a eliminar, no tengo problemas en quedar bajo la sombra (preso) (…) Si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona pero vos me vas a suplicar por la vida”.
Encuadre legal
El exintendente de Almafuerte está acusado por el delito de “amenazas”, previsto y penado por el artículo 149 Bis del Codigo Penal Argentino.
La norma indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”.
En tanto que, en el segundo párrafo del mismo artículo, se remarca que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
