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Tragedia de Rosario de la Frontera: en noviembre juzgarán a 5 gendarmes

15 octubre, 2021
ARROYO BALBOA. La tragedia se registró cuando un neumático delantero del colectivo de Gendarmería estalló y cayó al cauce seco en posición invertida.

ARROYO BALBOA. La tragedia se registró cuando un neumático delantero del colectivo de Gendarmería estalló y cayó al cauce seco en posición invertida.

ARROYO BALBOA. La tragedia se registró cuando un neumático delantero del colectivo de Gendarmería estalló y cayó al cauce seco en posición invertida.

Durante la madrugada del lunes 14 de diciembre de 2015, tres gendarmes misioneros, Orlando Díaz, de Bernardo de Irigoyen, y Elisandro Daniel Stanechuk, de Aristóbulo del Valle, e Ignacio Nicolás Giménez, de Posadas, perdieron la vida junto a 40 de sus camaradas en la mayor tragedia vial para la fuerza federal.

A 5 años y 10 meses de la caída de un colectivo al cauce seco de un río en la localidad salteña de Rosario de la Frontera, que transportaba a efectivos hacia San Salvador de Jujuy (desde Santiago del Estero), se aguarda que el próximo lunes 1 de noviembre se inicie el debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta con cinco integrantes de Gendarmería imputados por el delito de “estrago culposo” (artículo 189 del CP con penas de hasta cinco años de prisión).

Será juzgada su responsabilidad en la muerte de las 43 personas y de las lesiones de los ocho sobrevivientes, un misionero también incluye entre ellos.

Cabe recordar que el ómnibus participaba de una caravana que trasladaba efectivos ordenados por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la presunta protesta en la capital Jujeña de la referente social Milagro Sala.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 854 de la ruta nacional 34 y sólo fue superado por otros dos siniestros, que tuvieron lugar en 1970 y 1993. Un saldo de 56 muertos y 80 heridos dejó la colisión múltiple de tres micros en la ruta nacional 14, a la altura de Santo Tomé, Corrientes el 9 de enero de 1993. Mientras que el 20 de noviembre de 1970, en Santa Fe, un colectivo cayó al arroyo Leyes y murieron 54 personas.

En el caso a ser juzgado, la tragedia se desató dos horas después de haber partido el micro (domingo 13 de diciembre de 2015 a las 23) que encabezaba la caravana y desbarrancó en el kilómetro 956, a la altura del puente del arroyo Balboa, a quince kilómetros de Rosario de la Frontera.

Las 43 víctimas fatales pertenecían al Destacamento Móvil 5, al Escuadrón 59 y a la Agrupación XVII de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero y los cinco involucrados -uno de ellos es misionero- como acusados fueron autoridades de la dependencia, tanto como jefes de logística como directos superiores en la jurisdicción mencionada.

El debate tendrá como eje el estado del colectivo Mercedes Benz, principalmente las condiciones de las cubiertas al momento del siniestro. De acuerdo a la acusación del fiscal federal Ricardo Rafael Toranz, el ómnibus circulaba con ruedas con cubiertas “recapadas, gastadas, deformadas y necesitaban balanceo” y que no podían ser utilizadas a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora.

El Tribunal está integrado por Domingo José Batule (Presidente), Abel Fleming y Mario Marcelo Juárez Almaraz. En el caso de la defensa del imputado misionero, comandante GN, será encabezada por el penalista posadeño Hugo Daniel Zapana. Las audiencias serán bajo modalidad mixta, presencial y remota, tanto para parte de la querella y defensores, como para los testigos citados.

Para Toranzos, se desprende de su requerimiento de elevación a juicio, “no fue una fatalidad. Existió una acción de causa y efecto (…) Cada gendarme subió al ómnibus movido por su vocación de servicio desinteresado, sabía que arriesgaba su vida en cada misión, pero nunca se imaginó que su final llegaría por la desidia profesional, de quienes se acostumbraron a cumplir la orden a pesar de poner en juego la vida de sus camaradas, imaginando irresponsablemente solo consecuencias no graves”.

Tags: #JudicialesAccidenteElisandro Daniel StanechukgendarmesIgnacio Nicolás GiménezMuertesOrlando DíazTragedia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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