Cada 23 de septiembre, se recuerdan dos fechas trascendentales en la legislación argentina que, en su momento, marcaron un hito en el largo, tortuoso y difícil camino de la instauración y defensa de derechos sociales y de la mujer.
El 23 de septiembre de 1913, a instancias del diputado socialista Alfredo Lorenzo Palacios (1880-1965), el Congreso de la Nación sancionó la primera ley conocida en esta región de América que punía la trata de blancas; y 34 años después, en 1947, ese mismo día obtenía aprobación parlamentaria la ley nacional que instituía los derechos políticos de la mujer que las igualaba con los hombres y les permitía elegir y ser elegidas para los cargos públicos de la República.
Una reivindicación esta última de las mujeres sufragistas de fines del siglo XIX y que tuvo una fallida experiencia en 1927 en San Juan, pero que no logró establecerse hasta que fue rescatada y forzada por Eva Perón (1919-1952) a mediados de los 1940.
Es en recordación de ambos acontecimientos que en cada 23 de septiembre se conmemoran en la Argentina los Días de la Lucha contra la Trata de Personas y de los Derechos Políticos de la Mujer que constituyen un claro avance en la plena integración de éstas a la vida republicana y para afianzar, el primero, el compromiso pleno del Estado y la ciudadanía en la erradicación de un comercio nefasto que, lamentablemente, aún sigue siendo un flagelo aberrante.
De allí la importancia superlativa de esas conmemoraciones que muchas veces pasan inadvertidas o sólo constituyen el recuerdo en algunos círculos limitados, afines a esas problemáticas, pero ausentes en la necesaria consideración general.
Aunque poco conocidas, están inscritas entre los hitos trascendentales de la historia argentina y como tales deben honrárselas
