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Ciudadanos tendrán acceso a un “mapa del delito” en Misiones

15 septiembre, 2021
EFECTIVOS. Para el año próximo se estima que se incorporarán entre 500 y 600 policías más.

 

Hasta la Legislatura misionera llegó el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien detalló a los diputados de la comisión de Presupuesto cuál es la inversión global que se prevé para el 2022. De este modo, deslizó que el ejercicio financiero tendrá un monto de $16.445.679.000, que representa un incremento de un poco más del 50% a diferencia del que se encuentra en ejecución.

 

Pérez habló sobre la seguridad en Misiones, sobre los delitos rurales y adelantó que está próxima a crearse una nueva Unidad Regional en Montecarlo. Además, anticipó que en los próximos días se estará publicando una plataforma donde el mapa del delito será accesible a la ciudadanía.

 

En materia de seguridad se destinará el 89,92% y para la administración general el 17,8% del presupuesto. Para la Policía se destinarán $10.622.435.000 y para el Servicio Penitenciario alcanzará los $2.564.019.000.

 

El ministro describió que se prevé para 2022 “una incorporación aproximada de 500 o 600 efectivos policiales más”. Deslizó que “según la ONU la tasa recomendada es de 300 efectivos cada 100 mil habitantes y en Misiones existen 731 policías cada 100 mil habitantes”, dependiendo de los turnos de los efectivos.

 

Asimismo, mencionó que “la policía tiene un total de 974 unidades, 22 canes y 50 equinos”. Recordó que “este año por disposición del gobernador (Oscar Herrera Ahuad) se creó la Unidad Regional XIV de San Pedro y, además estamos en camino de crear la Unidad Regional en Montecarlo que sería la XV”.

 

Ante la consulta por la creación de otros destacamentos para atender los delitos rurales en la zona norte, Pérez expuso que “se hizo la división de delitos rurales que tuvo una impronta mucho más fuerte este año como consecuencia de este tipo de delito. Entiendo que una vez que la Unidad Regional de Montecarlo comience a funcionar y se descomprima la Unidad Regional de Eldorado, puede darse una mayor dinámica en lo que tenga que ver con la división de delitos rurales”.

 

Reconoció que “lo más importante no es establecer destacamentos sino que lo más importante es la recorrida, la interacción y la prevención”.

 

Comentó que “estamos próximos a publicar una plataforma donde el mapa del delito será accesible a la ciudadanía. El ciudadano podrá ver en tiempo real con una actualización semanal o cada 10 días los delitos que se encuentran en su zona o jurisdicción, ya sea de manera creciente o decreciente, y cómo evoluciona en las Unidades Regionales y en las dependencias de las mismas”.

 

Agregó que “estamos en la etapa de diseño para que sea un mapa y una plataforma amigable”.

 

Dijo que “el Servicio Penitenciario tiene 2.759 efectivos y se proyecta para el 2022 sumar a 250. Indicó que “se está en proceso de licitación para la construcción de la Unidad Penal Nº IX en San Pedro”. Esto lo hará Arquitectura.

 

Las otras dependencias

Pérez también describió los trabajos que realizan las otras dependencias que dependen del Ministerio. Indicó que en el proyecto de Presupuesto 2022 se incorpora al Ministerio de Gobierno la Subsecretaría de Tierras y Colonización, la cual tendrá un presupuesto de $220.030.000.

En tanto, la Dirección General del Registro de las Personas tendrá un presupuesto de $390.115.000 para el 2022. Señaló que “tiene 3 oficinas móviles, 3 oficinas valijas, 101 oficinas fijas y 107 oficinas digitales”.

Ante la consulta por la situación salarial de los empleados de esa dependencia, el funcionario mencionó que “se han hecho correcciones”.

 

Catastro
La Dirección tendrá una importante impronta de tecnificación e incorporación de tecnología, así lo expuso el ministro Pérez. Dijo que “se merecía para estar en sintonía con la Dirección de propiedad e inmueble”.

 

137

La Línea 137 está próxima a mudarse a un edificio acorde y acondicionado para el área y los profesionales.

Tags: #Presupuesto2022Legislatura misioneramapa del delitoMarcelo PérezMinisterio de Gobiernoseguridad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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