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“Beneficiarios de obras sociales no están solos, pueden reclamar”

13 septiembre, 2021
ORGANISMO DE CONTROL DE PRESTACIONES. “El afiliado de obras sociales y prepagas no está solo”, indicó Sapper.

 

El Plan Médico Obligatorio (PMO) es una ley donde se establece la cobertura mínima que deben prestar todas las obras sociales y prepagas del país. Parece simple, pero no lo es. No sólo que es una ley con centenares de anexos, lo que dificulta su difusión en la población, sino que es incumplida por obras sociales y prepagas que -en algunos casos- optan por rechazar nuevos beneficiarios porque los números no les cierran.

En este enmarañado contexto, la Superintendencia de Salud “es el ente encargado de regular y controlar las prestaciones de las obras sociales y prepagas, es decir que se encarga que los beneficiarios reciban sus prestaciones en tiempo y forma y conforme al PMO”, detalló la coordinadora de este organismo en Misiones, Silvia Mariela Sapper, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Sólo quedan fuera de su órbita de contralor las obras sociales provinciales, la obra social de las Universidades y la de las Fuerzas Armadas (IOFA).

 

Principales incumplimientos

Según precisó Sapper, por mes reciben alrededor de 700 reclamos y se resuelven el 70% de ellos. “Queremos que la gente sepa que no está sola, que puede acudir a la Superintendencia de Salud ya sea para consultar si tiene alguna duda sobre el PMO o para hacer un reclamo por incumplimiento de su obra social”, destacó.

En la actualidad, son mayoría los reclamos por falta de afiliación, en su mayoría con monotributistas; y en segundo lugar por negativa de prestación. “También tenemos reclamos por corrección de padrón de una persona que empieza a trabajar en otro lado y la obra social no le da la baja”, indicó.

Agregó además que también recibieron muchas quejas como consecuencia del decreto que sacó el presidente Alberto Fernández que estableció que las personas en relación de dependencia que empezaron a trabajar desde julio tienen que quedarse sí o sí un año en su obra social sindical antes de poder cambiarse a otra de su elección… “porque las obras sociales con las que más problemas tenemos son precisamente las sindicales como OSECAC y Camioneros que son las que más beneficiarios tienen. El beneficiario sintió que se le quitó un derecho adquirido”, admitió.

 

Cómo reclamar

La Superintendencia de Salud atiende con un sistema de turnos que se gestionan a través de la aplicación Mi Argentina (hacer click en “mis turnos”, hacer click en “salud”, elegir el tema de consulta, elegir la provincia donde se realizará la consulta, determinar el día de la consulta y elegir el horario disponible ese día).

También se puede escribir por Whatsapp al 3764342200 que es lo que más ocupamos porque la gente lo usa para mandarnos documentos por pdf o una foto; teléfono fijo ( 3764-437548) y mail ([email protected]).

Tags: Obras SocialesPlan Médico ObligatorioReclamosSilvia Mariela SapperSuperintendencia de Salud
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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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