La acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio”, reza el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, y es la figura que analiza el presidente Alberto Fernández junto a su equipo jurídico para terminar con la causa por el escándalo del festejo de la primera dama, Fabiola Yañez, en Olivos en plena pandemia. La misma deberá ser aceptada por el fiscal Ramiro González y luego homologada por el juez Sebastián Casanello.
Es una idea que dejó trascender el abogado que tendría el Presidente en esta causa, Gregorio Dalbón, aunque aún no fue presentada formalmente. El artículo del Código Penal en cuestión no está reglamentado por el Congreso de la Nación, y cuenta con muy pocos antecedentes.
Un juez experimentado en los tribunales de Comodoro Py recordó que sólo se aplicó en 2017, cuando la Sala IV hizo lugar a la reparación de una víctima por una estafa bancaria vinculada con tarjetas de crédito y donde el monto apenas superaba los 300 pesos.
En ese mismo fallo conocido como “Villalobos”, fueron los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky quienes sí dijeron correspondía la aplicación de ese artículo para cerrar la causa; en tanto que Juan Carlos Gemignani, tercer juez, dijo que la norma es inconstitucional.
También se da la paradoja que si bien el actual Código Procesal Penal de la Nación no prevé que esa norma no pueda ser aplicable a funcionario público, sí lo establece el Código actual, aunque el mismo sólo está vigente en Salta y Jujuy.
El nuevo Código Procesal Penal Federal prevé que el fiscal no podrá aplicar la conciliación para terminar con una causa cuando de funcionario público se tratara el implicado: discusión aparte podrá darse en cuanto a que si el Presidente estaba o no en ejercicio de sus funciones aquella noche del 14 de Julio de 2020 cuando se festejaba el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos.
Otra discusión que se da en Tribunales es que si de reparación se habla en el caso no hubo daño concreto alguno, sino que se vio afectado un “bien jurídico difuso”.
Volvió a la UBA
Tras considerar que con los festejos en la Quinta de Olivos no fueron ningún delito, Alberto Fernández dictó ayer una nueva clase virtual de su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que, justamente, trata sobre temas como la política criminal, el dolo, la culpabilidad, la tentativa, las consecuencias jurídicas de violar la ley y las penas.
Con la polémica todavía vigente por las distintas reuniones sociales que se produjeron en la Residencia Presidencial en 2020 durante la cuarentena estricta, el mandatario estuvo otra vez al frente de los alumnos que cursan Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.
El jefe de Estado está convencido de que los festejos en Olivos no configuran un delito porque no hubo contagios de coronavirus, pese a que violaron lo establecido por el decreto dictado por él mismo.
Con esa postura se presentará ante la Justicia, así como también buscará zanjar el tema con la donación de una parte o todo su sueldo al Instituto Malbrán a modo de “reparación voluntaria”.
En ese marco, Alberto Fernández brindó este miércoles una nueva clase de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena a los estudiantes de la UBA: lo hizo de manera virtual, desde la Quinta de Olivos y antes de emprender vuelo hacia Catamarca.
El Presidente se desempeña desde 1985 como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: dos años antes, el dirigente peronista se había recibido de abogado en esa misma casa de altos estudios con un promedio de 7,80.
La materia que dicta trata sobre temas como la política criminal, el dolo, la culpabilidad, la tentativa, las consecuencias jurídicas del delito y las penas, entre otros.
Desde el inicio de su gestión “el mandatario no ha dejado nunca de dar clases aunque debido a la pandemia hasta ahora debió realizarlas mediante videoconferencia”, se comunicó oficialmente.
El Decreto 1033/2001 establece que “el desempeño de horas de clase o de cátedra no se encuentra alcanzado por la incompatibilidad prevista en el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional”.
Nuevos imputados
Los denunciantes originales por la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos en el momento más estricto de las restricciones por el COVID-19 ampliaron la presentación e incluyeron entre los nuevos imputados a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, a los hijos de la funcionaria, y al músico Pedro Aznar.
Abril Fernández Soto y Marcos Longoni ingresaron la ampliación de denuncia en el marco del expediente que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González.
“Venimos a ampliar la denuncia por posibles violaciones a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia”, explicaron y ampliaron la imputación a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; sus hijos, Sebastián y Marías Lebendiker, y el exbajista de la banda Serú Girán.
Todos, según los registros de acceso a Olivos, estuvieron en la residencia oficial el 20 de mayo de 2020 por la noche, en la víspera del cumpleaños de Vilma Ibarra.
El fiscal trabaja en la imputación formal del mandatario
El fiscal federal Ramiro González prepara por estas horas la imputación contra el presidente Alberto Fernández por la celebración que tuvo lugar en la Quinta de Olivos el pasado 14 de julio de 2020 durante el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez.
Según trascendió de fuentes judiciales, la imputación llegará por parte del fiscal de la causa se presente o no el Presidente con abogados en la causa en las próximas horas.
Mientras tanto, en la investigación se seguirán tomando medidas y a partir del martes el juez federal Sebastián Casanello podrá definir sobre el planteo de constitucionalidad que hizo una de las investigadas y que puede acabar con la causa por el escándalo Olivos.
La imputación que recibirá el presidente Alberto Fernández “es inevitable, ante el cúmulo de pruebas, y lo será en breve a tal punto que no llegará al fin de semana”, indicaron a NA fuentes judiciales.
González, quien tiene delegada la investigación, tiene previsto notificarle a Fernández el delito por el cual se lo investiga, que es el de haber violado el protocolo que dispuso él mismo para afrontar la pandemia de COVID-19 en julio del 2020.
Incluso, la imputación le recaerá si es que antes el Presidente decide nombrar abogado defensor en la causa y que podría tratarse de Gregorio Dalbón, quien ya habló en los medios sobre las actuaciones.
La estrategia de la defensa es la de ofrecer una compensación económica para eximir la causa penal. No obstante, de haber imputación, la Justicia investigará un delito, más allá de las interpretaciones políticas que calificaron el hecho como un “error” por parte del primer mandatario. De presentarse el Presidente y hacer un planteo, él mismo se ubicaría en calidad de imputado.
Mientras tanto, el fiscal dispondrá nuevas medidas de prueba y tiene hasta el martes por la mañana para opinar sobre el planteo de inconstitucionalidad que hizo una de las invitadas al cumpleaños.
Fuente: Medios Digitales
