El Gobierno de Misiones se encuentra en plena negociación con la Nación, mediante un fondo que se encuentra incorporado en el presupuesto nacional de este año, que le permitiría reducir deudas de Energía de Misiones SA (EMSA) y las cooperativas eléctricas con la distribuidora nacional Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El programa permite descontar varias facturas adeudadas y el resto de la deuda se puede refinanciar en cuotas, lo que permitirá oxigenar las cuentas en rojo de las distribuidoras provinciales.
La negociación genera importantes expectativas en el sector pero se encuentra un tanto demorada por otra negociación entre Misiones y la Nación, en este caso por el 10% de las regalías de Yacyetá que la Nación no giró a la provincia durante tres años, entre 2016 y 2019. Cuando se determine la acreencia de esas regalías, la intención de la Provincia es compensar su deuda con CAMMESA y recién después entrar en el programa de refinanciación.
Las regalías adeudadas
El Gobierno provincial ya lleva varios años negociando con la Nación para determinar cuánto debe cobrar por el 10% de las regalías que no fueron giradas a la provincia entre 2016 y 2019. El cálculo se encuentra trancado y todo indica que sólo se resolverá con una decisión política del Gobierno nacional a favor de Misiones, de las que no viene mostrando últimamente.
Una vez que se acuerde el monto, Misiones piensa compensar con parte de la deuda que tiene con la distribuidora nacional CAMMESA.
La traba está en los intereses y el capital que reclama el Frente Renovador que no coinciden con los números que quiere conceder la Secretaría de Energía de la Nación. Lamentablemente en el tiempo que estuvo Sergio Lanziani como ministro nacional no se pudo destrabar este negociado. Durante muchos meses EMSA estuvo entre las distribuidoras con mayor deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y el acuerdo que se busca la dejaría mucho más aliviada.
El plan de salvataje
Por medio de los artículos 87 y 88 del presupuesto nacional de este año, la administración de Alberto Fernández proyectó un “régimen especial de regularización” para las facturas eléctricas impagas acumuladas hasta el 30 de setiembre de 2020 que totalizan más de 100.000 millones de pesos entre todas las distribuidoras, EMSA incluida.
El esquema consiste en el “reconocimiento de un crédito” de hasta cinco veces la factura media mensual o el equivalente al 66% de la deuda de cada distribuidora.
De esta manera, el Estado les “perdona” a las empresas la mayor parte de las deudas y lo que queda de remanente deberán abonarlo con un plan de pagos de hasta 60 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y un descuento del 50% en la tasa de interés del mercado.
En términos políticos se entiende que la Nación quiere otorgar a las distribuidoras del interior un beneficio similar al que recibieron Edenor y Edesur durante la gestión de Mauricio Macri.
En la negociación aparece la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) que exigió que las cooperativas del interior sean incorporadas al beneficio.
En Misiones
En Misiones, según el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM) Ángel Kuzuka, el “salvataje” lo está negociando el Gobierno y lo positivo es que “hay un artículo donde habría una compensación por no haber incrementado las tarifas en los años anteriores”.
“La información que tenemos es que venimos en buenos términos, una vez que la Provincia logre negociar con la Nación trasladaría (el beneficio) a las cooperativas”, explicó a PRIMERA EDICIÓN.
El plan establece que la Secretaría de Energía de la Nación, que es la autoridad de aplicación de ese régimen, podrá negociar acuerdos en forma particular con cada distribuidora con el fin de “promover inversiones para mejorar la calidad del servicio o propender a una reducción de las deudas de los usuarios en situación de vulnerabilidad económica”.
Esta movida, que representa una fuerte condonación del rojo que acumularon las distribuidoras en los últimos meses y una marcada licuación de los saldos a pagar que se refinancian a largo plazo y con tasa subsidiada, implicará para el Estado la absorción de una deuda que no bajará de los 70.000 millones de pesos que se cargarán en la cuenta de los subsidios energéticos.
Actualmente, la tarifa que abonan los usuarios cubre cerca del 45% del costo de la energía. La diferencia la afronta el Estado con subsidios.
