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Media sanción a ley que limita tasa de interés por mora en pago de servicios

20 agosto, 2021

El Frente de Todos logró darle media sanción en el Senado a dos proyectos de ley impulsados por Oscar Parrilli para limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, y de tarjetas de crédito. .

El oficialismo reunió 38 votos afirmativos, en tanto que los senadores de Juntos por el Cambio, que argumentaron en contra de los proyectos, se ausentaron al momento de la votación para no quede registrado el rechazo a una ley que es presentaba como un beneficio para usuarios y consumidores.

La primera norma aprobada señala que la tasa de interés que las empresas de servicios aplican por mora a usuarios residenciales, cooperativas, clubes de barrio y otras entidades en ningún caso “podrán exceder la tasa pasiva de personas humanas” para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, “correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras” por gastos administrativos o por cualquier otro concepto.

Según precisó Parrilli, miembro informante del oficialismo, actualmente las empresas de servicios están autorizadas a aplicar tasas por mora de un 50% por encima de la tasa que determina el Banco Nación.

“En este momento la tasa es del 36, 37 o 38%”, puntualizó el senador kirchnerista, que afirmó que “la trampa de muchas de estas empresas era que cuando había mora de usuarios y se cortaba el servicio ponían cargos por reconexión, por envío de documentación y cargos administrativos”.

“En definitiva el usuario no deja de pagar porque le gusta ser moroso o por deporte. Cuando deja de pagar un servicio esencial como este es porque no puede, porque ha tenido alguna dificultad, porque se ha quedado sin trabajo, porque ha tenido menos ingresos o por lo que fuere”, planteó.

En este sentido, Parrilli anunció que por sugerencia de la titular de Aysa, Malena Galmarini, se incorporó un párrafo para que en el caso de las grandes empresas se deje la regulación tal como está actualmente, con una tasa de interés pasiva de no más del 50% de la que establece el Banco Nación para depósitos a 30 días.

“Si dejábamos la tasa de interés pasiva para todos los usuarios podía ocurrir que una empresa grande que tiene grandes consumos especulara entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio. Le convenía no pagar y pagar luego con mora, y ese dinero invertirlo a lo mejor en un plazo fijo”, explicó Parrilli, miembro informante del oficialismo.

Destacó que la inclusión de ese párrafo le parece “razonable para evitar que haya abusos por parte de empresas”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“En la mayoría de los casos, los argentinos no cobran sus salarios antes del día 10. De manera que estamos haciendo algo de equidad, de justicia y evitar hacerle pagar al usuario y a la familia argentina algo que no es que no quiere, sino que todavía no tiene los ingresos”, justificó.

Además, el senador kirchnerista indicó que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil.

“Muchas veces las empresas no cumplen porque las sanciones son muy pocas y les resulta más económico que alguien los sancione pro alguna denuncia y no cumplir las normas con todos los usuarios. Por eso hemos puesto esta disposición”, expresó.

El otro proyecto que tiene como autor a Parrilli tiene que ver con la limitación de las tasas de interés por mora en el pago de tarjetas de crédito.

De acuerdo al legislador oficialista, la idea es “volver a la regulación que quitó” el ex titular del Banco Nación Federico Sturzenegger en 2015, de manera tal de “poner equidad y evitar abusos de posición dominante”.

En este caso, también se impuso en el texto de la norma el día 10 como fecha tope para el primer vencimiento del pago de la cuota de tarjeta de crédito.

A su vez, por sugerencia de la senadora recién asumida Juliana Di Tullio se dispuso que “si la consumidora o usuario particular fuese mujer, la tasa de interés moratoria o punitoria se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicada al restante de los usuarios y consumidores particulares”.

A su turno, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado argumentó en contra de los proyectos aseguró que disfrazados de “buenas intenciones destruyen vastos sectores de la economía”.

“Son proyectos de lobo con piel de cordero. Bajo la supuesta intención de una ayuda a quienes padecen determinadas situaciones terminan liquidando a sectores de la economía”, insistió, y trazó un paralelismo con la medida de prohibición de la exportación de carne.

“Son los sepultureros de los sectores que pretenden defender”, agregó en el mismo sentido.

En un mensaje a los senadores del oficialismo, la cordobesa les pidió que “limiten su aprensión desmedida por la libertad de empresa”.

En medio de su discurso protagonizó una situación graciosa y bastante insólita cuando le pidió a sus pares del Frente de Todos que repitieran con ella sus palabras “como en la escuela”.

“Como en la escuela repitan conmigo: Que hayan empresas es bueno. Las empresas no son malas. Que hayan muchas empresas en la Argentina que den trabajo es una buena decisión  “, indicó Rodríguez Machado.

“No pensemos que las empresas siempre especulan o que no dan trabajo o que generan siempre cuestiones financieras para perjudicar a sus usuarios. Esa mentalidad expuesta en la oratoria del senador Parrilli es falsa”, sentenció, y agregó que “las empresas no son buenas ni malas y hay normas que controlan esta situación”.

La legisladora opositora recordó que “las empresas ya tienen fuertes regulaciones por parte del Gobierno”, y conjeturó que esta “ley de lobo de piel de cordero” tiene fines electoralistas, teniendo en cuenta la proximidad con la fecha de los comicios.

“Estamos en una época electoral y quieren hacer parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación en las acciones de tipo normativo. Pero también es absolutamente falso”, concluyó.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: LegislativasmoraPagoSenadoTARIFASTasas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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