Un grupo de trabajadores de la Contaduría General de la Provincia presentó una denuncia contra el Director de Liquidaciones, por presuntos manejos poco transparentes del dinero de una asociación que integran casi 200 funcionarios.
En forma simultánea se hicieron tres presentaciones: una en la Dirección de Personas Jurídicas para que se declare la nulidad y se ordene la intervención de la Asociación de Funcionarios de Contaduría General de la Provincia; una segunda en la Justicia civil para anular la última asamblea; y la tercera presentación fue una nota al gobernador Oscar Herrera Ahuad solicitando “se ordene la instrucción de las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes”.
Las notas fueron efectuadas por tres mujeres que integran la mencionada asociación y prestan servicio en la Contaduría. Aseguraron a PRIMERA EDICIÓN que los otros compañeros “tienen miedo” y por eso prefirieron no participar de las presentaciones, pero todos están indignados con el manejo del funcionario. Pidieron reserva de su identidad ya que están “amenazadas” con traslados, quita de adicionales y otro tipo de sanciones.
Los manejos cuestionados
En la nota enviada al Gobernador, las empleadas aseguran que el alto funcionario provincial, “siendo presidente de la Asociación de Funcionarios de la Contaduría General de la Provincia, durante 10 años, en lugar de cumplir con los fines propios de toda asociación sin fines de lucro ha venido distribuyéndose – no sabemos con quién y desconocemos – los fondos que nos son descontados de nuestras cuentas bancarias”.
Aseguraron que “jamás ha rendido cuenta de lo recaudado durante 10 años y ha regularizado la situación de tal asociación con engaño a todos los asociados ya que en el orden del día de la publicación efectuada el 21/12/2020, en el punto 3, sólo se consigna la continuidad y regularización de la asociación omitiéndose que hacía 10 años no presentaba documentación alguna”.
Desde la conformación de la asociación se instruyó el descuento de una cuota societaria directamente del sueldo de cada integrante.
Las empleadas aseguran que durante 10 años no se rindió cuentas ni se presentó balance de la entidad. El año pasado (2020) empezaron a indagar qué hacía el funcionario con el dinero recaudado y como respuesta recibieron un sobre con dinero en efectivo (alrededor de $3.000) que llegó a manos de las que más insistieron con la transparencia de los fondos.
Ellas creen que el dinero se empezó a repartir para tranquilizar y acallar los cuestionamientos, cada vez más crecientes. Pero tuvo un efecto contrario y generó más indignación porque se trata de dinero que pertenece a la asociación y no se puede repartir como si fuera propio, sin explicación ni rendición de cuentas.
Al mismo tiempo que se realizó el reparto de sobres con dinero, sospechando que iban a seguir exigiendo información, la Asociación que en 10 años no presentó ningún papel a la Dirección de Personería Jurídica, en pocas semanas puso todo al día en una asamblea donde el denominador común fue la escasa información de lo que se aprobó.
Por este motivo, las empleadas se sintieron engañadas y plantearon una “acción de nulidad de la Asamblea Ordinaria” en la Justicia provincial. La asamblea había sido realizada el 20 de enero de este año y en la presentación aseguran que “se omitió o se escondió deliberadamente que debían regularizarse 10 años”.
En el inventario general de esa asamblea se informó un activo corriente de 798.781,49 pesos, pero la auditora de dicho acto, posiblemente previendo que había irregularidades, aclaró que “no asume responsabilidad por su distribución o utilización” con fines distintos a los mencionados.
Quieren que el Gobernador evalúe que el funcionario debe tener una conducta irreprochable dentro y fuera del servicio; pero “en este caso tuvo una conducta reprochable con sus propios empleados”, aseguraron.
Admite los manejos
A fojas 31 de la Memoria firmada por el titular de la Asociación, se informó que: “la totalidad de lo recaudado anualmente en concepto de cuotas sociales es distribuido entre los asociados, generalmente a fin de cada año, a través de la modalidad de una gratificación y/o bono”, luego que son deducidos los importes en concepto de impuestos, que son aplicados en forma directa por la institución bancaria en la cuenta de la asociación.
Sin embargo, la situación empeora porque no hay ninguna aclaración sobre lo recaudado en 10 años, ni se precisa quiénes recibieron el dinero y cuánto.
El reparto de dinero solamente ocurrió en los últimos meses, cuando la gente empezó a cuestionar la discrecionalidad del Presidente. Pero antes se repartían bolsas navideñas “muy modestas”, dijeron los asociados.
Además, con el reparto de dinero entre los aportantes (algunos) se expone de manera contundente que se ha utilizado con fines contrarios a los de una asociación “sin fines de lucro”. El presidente y la secretaria reconocerían así haber distribuido dinero de la cuota entre sus asociados.
Las denunciantes esperan que Personería Jurídica intervenga la asociación, que el Gobernador aparte al funcionario del cargo y que la Justicia anule la asamblea donde se “normalizaron” 10 años de incumplimientos.
