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Telecom presentó Encuentros 4.0, “Hacia la Justicia del futuro”

13 agosto, 2021

Telecom presentó Encuentros 4.0 un ciclo virtual que propone explorar el rol de la tecnología y la digitalización en el ámbito de la Justicia, de la mano de expertos del derecho.

En esta primera edición, titulada “Hacia la Justicia del Futuro”, se analizaron los desafíos y oportunidades en dos de los aspectos más innovadores del proceso jurídico: la implementación de la virtualidad en audiencias formales y la aplicación de Inteligencia Artificial en los procesos judiciales. Dirigido al público judicial y académico legal.

El rol y relevancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) quedó en evidencia a partir del contexto sanitario iniciado en 2020, donde se aceleró la transformación digital de las organizaciones, tanto en el sector privado como público.

Como parte de una de las industrias que es pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país, Telecom participa activamente de la comunidad, acercando nuevas experiencias y soluciones tecnológicas que facilitan la vida digital.

Este ciclo se propone visibilizar esta transformación y los cambios en la forma de gestionar la Justicia donde la tecnología y la digitalización son los ejes centrales en este proceso.

Con la conducción de la periodista María Eugenia Duffard, participaron del encuentro importantes personalidades vinculadas con el mundo de la justicia: Cafferata Nores, Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Córdoba; Virginia Simari, Jueza Nacional en lo Civil, Directora del Instituto Superior de la Magistratura; Andres Velazquez, Experto en Ciberseguridad y Ciberdelito, Fundador de MaTTIca; Roberto Bunge, Director de la carrera Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Universidad de San Andres; Patrick Penninckx, Director del Departamento Sociedad de la Información del Consejo de Europa; Mario Adaro, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia; Carlos Rivolo, Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación; Ariel Ariza, Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, y Aida Tarditti, Presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Uno de los ejes temáticos que atravesó este encuentro es la presencialidad física como concepto jurídico y de valor constitucional que es parte del código procesal y los tratados internacionales. Este concepto requiere hoy de una interpretación progresiva, que permita adaptarlo a la realidad actual y de un marco de legalidad y validez. Esta interpretación aún tiene detractores, y divide a juristas, tribunales y especialistas en derecho.

Con respecto al cambio cultural que lleva consigo este nuevo paradigma, los especialistas coincidieron que tanto en el ámbito académico como en las magistraturas se están priorizando las capacitaciones y los estudios sobre evolución tecnológica y alcance de la IA.

Se requiere un trabajo multidisciplinario entre los especialistas en tecnología y los especialistas en derecho para que la respuesta de la justicia sea la adecuada. El factor humano, que puede evaluar matices, no debe ser sustituido, pero si mejorar las prácticas aportando eficiencia y agilidad, con la colaboración de las herramientas tecnológicas.

La figura de un juez robot, articulado a partir de software predictivos sustitutivos de operadores judiciales en casos de fácil resolución, basados en Inteligencia Artificial, es otro de los aspectos que se están debatiendo hoy en la Jsticia.

La inteligencia artificial se basa en sistemas de software capaces de realizar tareas que replican las actividades cognitivas humanas gracias a algoritmos que emulan estas tareas. Pero también pueden superar las actividades humanas, debido a la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y realizar predicciones. Sigue lineamientos de diseño, prueba y verificación, como cualquier otro sistema informático diseñado por los humanos.

La Argentina está liderando en Latinoamérica la aplicación de inteligencia artificial para justicia, a partir del desarrollo de aplicaciones del Instituto IALAB. En la actualidad se están llevando a cabo diecisiete pruebas piloto en distintas partes del país interviniendo en procesos que son de bajo riesgo como monitoreos tributarios, viales, generación de documentos automatizados (cedulas, notificaciones), alertas, asistencia ciudadana con chatbots y detección inteligente de documentos, entre otras.

Otra de las aristas que recorrieron el encuentro es la construcción de la confianza sobre los desarrollos tecnológicos y el entrenamiento de los sistemas predictivos como pilares fundamentales para ofrecer garantías de legalidad del proceso. Es necesario profundizar sobre los dilemas éticos y la responsabilidad civil, que en la Justicia se va a traducir como transparencia jurídica, el modo de trazabilidad de la toma de decisión, el control, y la explicación humana humana que pueda ofrecerse sobre el proceso y la toma de decisiones.

Europa es la referencia ética normativa del mundo, y hoy está tomando un modelo de escalas de riesgo para que el desarrollo algorítmico no tenga freno en la innovación. Para la Justicia que es una actividad de alto riesgo, esta tecnología se puede aplicar en actividades seriadas, repetitivas, que no requieran de una actividad cognitiva profunda, para así agilizar los procesos. Aunque tomar decisiones rápidamente no es suficiente para garantizar una buena Justicia. La calidad de la Justicia impartida es igual de importante, y requiere la garantía de independencia e imparcialidad en las decisiones.

Uno de los mayores desafíos que plantea la transformación digital y en particular la aplicación de inteligencia artificial es el gobierno de datos para el procesamiento de la información de manera sistemática y productiva. Los grandes volúmenes de información son la materia prima sobre los que puedan operar los software inteligentes, y para eso es necesario un pasaje efectivo hacia expedientes electrónicos que reemplacen a los expedientes en papel.

Los especialistas coincidieron en destacar que la generación de protocolos de actuación y cambios en la legislación vigente son sin dudas requerimientos fundamentales para que las nuevas tecnologías tengan aplicación en el ámbito judicial, con un marco de validez, objetividad y legalidad de los elementos de prueba.

Una vez superado el marco de emergencia presentado por el contexto sanitario se vuelve imprescindible profundizar reflexiones para entender cuál va a ser el modo de convivencia de la virtualidad y la presencialidad en la justicia, y poner el acento en las fortalezas y debilidades de la tecnología para avanzar en un modelo integral.

La tecnología es vital para atravesar el cambio paradigmático pero se requiere reflexionar ideas y explorar experiencias. Tanto las Audiencias Virtuales como la Inteligencia Artificial aplicada a procesos judiciales forman parte de esta experiencia disruptiva, con gran potencialidad para mejorar el intercambio y la gestión que impulsan los cambios estructurales.

Telecom continúa acompañando la trasformación en las instituciones, así como acompaña y potencia la vida digital de las personas.

 

Tags: CicloIAJusticiaTele3com
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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