Una red de empresas con nombres que se repiten alrededor de la figura de Mauricio Macri fue detectada y sancionada por la Inspección de Justicia (IGJ) a partir de la investigación sobre el llamado “fideicomiso ciego” del expresidente. Una característica que une a las firmas estudiadas es que durante los años de gobierno de Cambiemos pudieron moverse sin controles casi de ningún tipo ni rendir cuentas.
Además, algunas fueron contratistas favoritas del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Entre una y otra coinciden mecanismos y nombres. Uno que se repite como hilo conductor es el de Alejandro Braun Peña, primo segundo del exjefe de Gabinete, Marcos Peña. También aparecen una y otra vez el exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, el Ceo de Socma, Leonardo Maffioli, y el empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo. Aparece incluso la esposa del exmandatario, Juliana Awada.
Durante su mandato, Macri había armado un “fideicomiso ciego”, figura legalmente inexistente, para transparentar su patrimonio mientras fuera Presidente, y que quedara bajo custodia de terceros.
Cuando la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, comenzó a analizar qué había allí, se topó con algunas sorpresas y pistas, bajo la lógica de las “mamushkas” o cajas chinas: estructuras societarias encadenadas que no se sabe dónde terminan, algo que se suele utilizar para ocultar a los verdaderos dueños o beneficiarios de un negocio.
El resguardo, a personas en teoría ajenas a los negocios de Macri, fue delegado a una firma llamada “Seguridad Fiduciaria”, denunciada por la incompatibilidad de sus miembros, escribanos, con esa actividad, de índole comercial. Uno de los socios originales había sido el propio escribano de gobierno de Macri, Carlos D’Alessio, tío del falso abogado clave de una organización paraestatal de espionaje, Marcelo D’Alessio. La Inspección General pidió este año a la Justicia que anule el fideicomiso.
Uno de los grandes hallazgos fue que el expresidente tenía acciones en una empresa llamada Agro G que nunca había declarado y que gracias a esa sociedad se llevó 54.286.824 de pesos que fueron transferidos al fideicomiso durante su mandato, entre 2017 y 2020, desde otra firma llamada Latin Bio SA. Esta le pagó a Agro G con cheques. El primero, que fue de 10 millones, fue cobrado por la empresa y el dinero fue entregado en efectivo al fideicomiso. Todo esto fue denunciado penalmente por la Oficina Anticorrupción en función de lo que había detectado la IGJ.
La clave para reconstruir parte de los mecanismos utilizados fue analizar qué son Agro G y Latin Bio, sus socios y cómo hizo Macri para llevarse semejante monto.
El mapa de Agro G y Latin Bio
Agropecuaria Guayquiraró (Agro G), dedicada a la siembra de arroz y la cría de ganado, formaba parte de un conjunto de sociedades del Grupo Uriburu (María Amina SA, Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, y 4 Leguas Sociedad Anónima) que tenían en común a Mauricio Macri como accionista minoritario. También al empresario José Alberto Andrés Uriburu.
Un rasgo curioso de esas sociedades es que prácticamente no daban dividendos y sus directores renunciaban a los honorarios. El único que se llevó algo, según la IGJ y la denuncia de la OA, fue el expresidente.
Hubo dos cuestiones sospechosas: Macri no declaró las acciones que realmente tenía en Agro G y que saltaron vista con la transferencia de su valor, 5.064.938 pesos, al fideicomiso. Eran de las llamadas “acciones preferidas”, que sólo él tenía entre los socios.
Esa modalidad de acciones a través de la participación de Agro G en otras sociedades le permitió al exmandatario obtener un beneficio económico. Agro G tenía un 29,25% de la empresa Latin Bio SA, un 20,25% era de la esposa de Macri, Juliana Awada, el resto era de Alejandro Braun Peña o de sociedades vinculadas a él.
Latin Bio SA fue creada en 2007 para dedicarse a la explotación del negocio del biodiésel. En 2010 quedó en manos de Braun Peña y su empresa “Cremer y Asociados SA”. Pero en 2014 entró en escena, como director, otro nombre clave del entorno macrista: Pablo Clusellas, por entonces secretario Legal y Técnico del Gobierno porteño, hoy auditor general en la Ciudad de Buenos Aires.
En 2015 tuvo la precaución de dejar ese lugar, ya que sería nombrado en ese mismo cargo pero en la Presidencia de la Nación. Clusellas volvió en febrero de 2020 como director y como vice fue designada la hija de Braun Peña, Luz Braun Peña.
Awada figura como beneficiaria final de esa firma. De la caja de Latin Bio salieron hacia Agro G los más de 54 millones que llegarían a Macri.
La IGJ le ordenó a esa firma que entregue copia del contrato de compra de acciones de Awada, pero eso no sucedió. Es clave la descripción que hizo la OA al hacer la denuncia penal, que le tocó a María Servini: “No puede descartarse que al igual que lo que ocurre en Agro G SA, el único hombre detrás de dicha firma (Latin Bio) resulte el propio Macri”.
El negocio de las luces Led
Alejandro Braun Peña, aparece otra vez en una empresa llamada General Lighting Systems (GLS),que es la continuadora de GE Consumer & Industrial Argentina, una división de la multinacional General Electric. Esta tuvo una inesperada caída en sus negocios en 2016 y ahí fue comprada por el primo del exjefe de Gabinete, justo en los comienzos del gobierno de Cambiemos. Lo hizo asociado con la alemana Peter Cremer Holding GmbH & Co, el 27 de marzo de 2017, que él mismo manejaba. Ya con el nombre General Lighting Systems SA, la empresa fue contratada, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la provisión de más de 5 millones de lámparas Led para repartir entre los vecinos y las vecinas, por más de 238 millones de pesos. La IGJ declaró la irregularidad de varios actos administrativos y ordenó iniciar acciones judiciales.
