El último lunes el Concejo Deliberante de Bonpland destituyó a la concejal Cristina Bóveda del Partido Agrario y Social tras denuncias por supuestas estafas, amenazas y hasta el robo de un portón de hierro de una excooperativa tabacalera.
La presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Ferreyra, dijo a PRIMERA EDICIÓN que a raíz de “unas denuncias de un informe policial, se inició el 9 de junio una comisión investigadora en el cuerpo, conformada por tres concejales”.
“El 12 tuvimos el dictamen de la comisión, con testigos con la defensa correspondiente, y el debido proceso de defensa, con la presencia del abogado de la concejal en todo momento en las sesiones de la comisión investigadora”, indicó.
“El 16 presentaron un pedido revocatorio de dictamen, y ayer (por el lunes) a las 18 horas nos reunimos en sesiones extraordinarias para tratar el tema, y se le aplicó los artículos 146 y 147 de la ley de municipalidad” señaló.
Según Ferreyra, “la destitución tiene que ver por la conducta, no por los hechos que son judiciales sino por la conducta”, ya que “en la parte judicial no tiene injerencia el Concejo Deliberante”.
“Por la vía que corresponde se le notificará de la resolución a la edil”, subrayó.
Por otro lado, opinó que “un concejal tiene que guardar decoro dentro del recinto pero también fuera del mismo, como servidor de la comunidad”.
Por su parte, Cristina Bóveda, la edil destituida, expresó a este Diario que “para mí es un hostigamiento político” y “la destitución en sí es totalmente insostenible”.
En esa línea, añadió que “la persecución y el hostigamiento político empezaron hace casi un año, cuando los primeros días de agosto del 2020, incendiaron mi vehículo, eso fue el primer episodio de violencia que sufrimos y a partir de ahí, todo el tiempo nunca paró el hostigamiento”.
Al respecto de las denuncias en su contra, manifestó que “están en el Juzgado N° 5 y fueron hechas en la comisaría de Bonpland pero a mí nunca me notificaron de eso, yo me enteré porque se hizo un informe desde la comisaría hacia el Concejo Deliberante”.
A raíz de esto contó que “busqué un abogado y nos presentamos de manera voluntaria al juzgado, pero nunca nos citaron, nunca nos llamaron y las denuncias son totalmente insostenibles”.
Sobre los pasos a seguir adelantó que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo tengo diez días para apelar, y ellos no pueden negarme ni quitarme ese derecho, y luego hay que ver qué va a pasar”.
“Somos positivos y vamos a hacer todo lo que corresponda”, finalizó Bóveda.
