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ARA San Juan: citan a indagatoria a Arribas y Majdalani por espionaje

18 junio, 2021

Ara San Juan

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron llamados a prestar declaración indagatoria por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

La convocatoria fue dispuesta por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien convocó al exseñor 5 para el jueves 8 de julio a las 11 y a la exseñora 8 para el 15 del mismo mes, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan fue solo una parte de las tareas de inteligencia ilícita que habría sido desplegada desde las denominadas bases AMBA que instaló la AFI de Mauricio Macri en el territorio de la provincia de Buenos Aires, según surge del expediente judicial.

Fuentes con acceso al expediente señalaron a Télam que se sospecha que el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes tuvo que ver con el intento del gobierno de Cambiemos de tener controlado a un colectivo que exigía, durante fines de 2017 y fines de 2018, que se encontrara al submarino.

El juez Bava también convocó a indagatoria a otros seis imputados, entre ellos el exjefe de la base de la AFI en Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, ya procesado por otros hechos de espionaje ilegal.

“En atención a la denuncia radicada por la Agencia Federal de Inteligencia, los dictámenes de impulso de la acción del Ministerio Público Fiscal y de la compulsa de las distintas pruebas incorporadas en autos, entiendo que existen elementos suficientes para convocar a prestar declaración” como acusados a los citados, evaluó el juez.

Los primeros convocados son los exresponsables de la AFI y, luego, desde el 12 de agosto al 16 de septiembre, se programaron las restantes indagatorias de Iuspa Benítez, Javier Villalba Contestabile, Pablo Arbeo, Ameli Peyri, Critian Grimald y Sabrina Pascale, todos exagentes de la central de espías.

Por otro lado, el juez ordenó formar un “legajo de prueba de carácter reservado” en virtud de tratarse de documentos entregados por la AFI sobre “los que pesa la obligación legal” de mantener secreto.

El legajo podrá consultarse solo en forma presencial en el juzgado federal de Dolores sin posibilidad de sacar copias porque el contenido se encuentra amparado por el secreto previsto en la Ley Nacional de Inteligencia, se advirtió.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases “AMBA”.

Según pudo constatar esta agencia, en la causa hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna.

El 2 de abril de 2018, por ejemplo, la mujer de un tripulante del submarino hundido y la hermana de otro fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de AFI cuando el ex presidente Macri –a quien querían entregarle una carta- se encontraba en el predio jugando golf.

En el expediente también hay testimonios de familiares de tripulantes del submarino que darían cuenta de la supuesta infiltración en el colectivo de familiares, según pudo reconstruir esta agencia.

El expediente inició su trámite en Mar del Plata pero luego pasó a tramitar en Dolores junto con la investigación centrada en el espionaje político llevado a cabo desde las bases AMBA sobre organizaciones y dirigentes, maniobra por la cual ya se encuentran procesados Arriibas y Majdalani, entre otros.

Esta mañana, el juez Bava también dictó 9 procesamientos a agentes que cumplieron funciones en las bases AMBA entre mediados de 2016 y diciembre de 2017, en las delegaciones Haedo (Morón) y Pilar.

El número de agentes que cumplieron funciones orgánicamente bajo las órdenes del procesado Director de Reunión Provincia de Buenos Aires, Pablo Pinamonti, ascendió a 87, aunque por ahora están bajo investigación penal solo aquellos sobre los que hay prueba de su involucramiento directo con las tareas de inteligencia prohibida.

Arribas y Majdalani también están procesados por el espionaje ilegal realizado desde la AFI sobre el Instituto Patria y por el espionaje desplegado sobre periodistas, sindicalistas, diputados y dirigentes políticos, sociales y religiosos durante el gobierno de Macri.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #JudicialesARA San JuanArribasEspionajeMajdalani
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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