Una presunta organización que cobraría “peaje” a los camioneros que transportan granos sin carta de porte de AFIP-Aduana para que birlen controles como el del cruce de San José (rutas 14 y 105) y lleguen a los pasos clandestinos de Misiones hacia Brasil, fue desbaratada ayer en sendos procedimientos que el juez federal (subrogante) de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, ordenó a efectivos de Gendarmería Nacional y que se desplegaron principalmente en Apóstoles.
En los operativos fueron detenidos dos integrantes de la Policía de Misiones, un oficial auxiliar de 24 años y un sargento de la misma edad, además de un suboficial (41) de GN que tendría domicilio en Azara y Apóstoles, donde su patrimonio durante los últimos meses habría aumentado ostensiblemente, según las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN.
Ayer en la Capital Nacional de la Yerba Mate se concretaron tres allanamientos ordenados por Vallejos en la causa 3111/20 sobre infracción a la Ley 22.415 (o Código Aduanero).
Se sospecha que los integrantes de las fuerzas de seguridad garantizaban la circulación de camiones con remolques repletos de soja “en negro” hasta la zona de frontera del río Uruguay desde donde los granos son cruzados en canoas y lanchas de forma ilegal a Brasil.
El inicio de las averiguaciones se realizó tras un operativo vial donde la Gendarmería interceptó camiones cargados con oleaginosos que eran transportados con documentos falsos a principio de mayo. Los datos obtenidos son que los vehículos de carga transitaban las rutas nacionales 12 y 14, pero para eludir los controles tributarios que existen entre Misiones y Corrientes usaban caminos rurales.
En el contexto de la pandemia de coronavirus, ambas provincias habían reforzado los controles a fin de hacer cumplir las medidas sanitarias, por lo que, en cada una de estas vías de tránsito alternativas se instalaron puestos de control.
Se descubrió que a los camioneros en esos retenes se les exigía un pago, a modo de “colaboración”, para continuar el viaje sin ser denunciados a las autoridades tributarias.
Esta “ayuda” sería de unos 200 dólares por cada camión, pago que se repetiría en el trayecto del viaje, hasta llegar a la costa del Uruguay.
La información fue recibida por funcionarios del Ministerio Público Fiscal federal correntino, que avanzó con una investigación preliminar en la que se pudo identificar a uno de los responsables.
Luego identificaron a otros dos, nada menos que los efectivos pertenecientes a la Unidad Regional VII con cabecera en Apóstoles. El oficial subayudante y el sargento estaban asignados al Comando Radioeléctrico y a la comisaría Segunda de Apóstoles. Ambos quedaron incomunicados a disposición del juez Vallejos.
Según trascendió, el sargento de Gendarmería quedó vinculado a estas mismas maniobras y se destacaron que no sólo las sospechas surgieron de la labor de los pesquisas encargados de manera directa en la causa, fue el crecimiento de sus bienes el que habría quedado marcado como puntapié de las primeras averiguaciones. Vale recalcar que, las acusaciones que enfrentan son agravadas por su condición de funcionarios públicos.
“Un comisario amigo”
Se trataba del mismo funcionario que en octubre de 2020 fuera desplazado de la Subjefatura de la Unidad Regional VII por sendas denuncias de que camiones y acoplados repletos de soja al ingresar a Misiones contaban con el servicio de “abre rutas o caminos alternativos” entre campos y chacras para evitar el puesto del control de la ruta nacional 14 en San José, donde además del Escuadrón Alto Uruguay de Gendarmería custodia los movimientos la Agencia Tributaria Misiones (ex-DGR).
Por esta sospecha, este funcionario público solamente fue cambiado de funciones y de la Unidad Regional VII de Apóstoles pasó a ocupar un oficina en la UR-VI (Alem) hasta abril pasado.
Con los procedimientos de ayer, el caso volvió al contexto: “Descubren y apartan a los sospechosos, pero la modalidad delictiva no se detiene, se renueva y crece, es mucho dinero”, explicaron los investigadores.
