Dentro de una semana tendrá el último plazo de pago del acuerdo que la Argentina firmó en 2014 con el Club de París y abrirá una ventana de tiempo de dos meses hasta el momento en que ese organismo decidirá si el país ingresa o no en default por no cancelar los 2.400 millones de dólares pendientes. Hay, de todas formas, una salida que espera la Casa Rosada para evitar la cesación de pagos. Para eso necesitará contar con un último apoyo europeo y un guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cuenta regresiva de la deuda con el Club de París, una mesa de una quincena de naciones acreedoras, llegará a su fin el próximo lunes 31. Los contratos que firmó el Estado argentino con cada país en 2014 establecen 60 días como período de gracia antes de un eventual default.
El Ministerio de Economía descartó desde hace meses saldar esos USD 2.400 millones y se embarcó -paralelamente a las negociaciones con el FMI y los bonistas privados en 2020- en un camino para reprogramar ese último pago.
Conseguir ese aval del Club de París no le resulta fácil al ministro de Economía Martín Guzmán. Los países integrantes de ese consorcio de acreedores piden, por cuestiones típicas de su funcionamiento, que primero Argentina haya alcanzado un acuerdo -o algún consenso preliminar- con el Fondo Monetario. No es extraño porque los miembros del Club de París también son algunos de los principales accionistas del FMI, por lo que tienen presencia en los dos escritorios.
Si bien fuentes de Washington y desde el Palacio de Hacienda aseguraron que no está confirmado, podría haber una visita del staff del Fondo Monetario a Buenos Aires a lo largo de esa ventana de 60 días antes del default.
Más allá de los contratos, desde el Palacio de Hacienda consideran que “el Club de París no es un organismo multilateral típico” y que está más regido por cuestiones geopolíticas que por la letra chica de los acuerdos y que esos contratos “no son letra tallada en piedra”.
El Gobierno encara la última semana antes del último vencimiento con el Club de París con una negociación que ahora se abre en dos caminos: diplomático y con el FMI. El primero tendrá una parada que podría ser decisiva mañana. El presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión virtual con la canciller alemana Ángela Merkel, una mandataria que no pudo visitar de forma presencial durante su última gira por Europa.
Un respaldo de Alemania a la propuesta argentina de postergar pagos con el FMI podría ser clave. Eso sucede porque en rigor, más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28%).
El Club de París además está integrado por Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, que representan aproximadamente un 60% del PBI mundial.
Si Alberto Fernández y Martín Guzmán tuvieran éxito en esa gestión ante las autoridades alemanas y a la renegociación con el Club de París solo le reste un gesto del Fondo, ese organismo de naciones acreedoras aceptarían así no plantear el default el 30 de julio y condonar la tasa de interés anual de 9% con la cual se actualizan los montos desde 2019.
Tanto Japón como China formarían parte de un tercer capítulo de las giras internacionales de Guzmán para renegociar la deuda, tal como se diagramó en el itinerario oficial del jefe de Palacio de Hacienda.
El segundo camino por el que transita la negociación de esa deuda es a través del FMI. Si bien fuentes de Washington y desde el Palacio de Hacienda aseguraron que no está confirmado y que es una posibilidad, podría haber una visita del staff del Fondo Monetario a Buenos Aires a lo largo de esa ventana de 60 días antes del default con el Club de París.
De esa misión saldría, entonces, el guiño que necesita el Gobierno sobre un avance preliminar de un nuevo programa financiero que allane la postergación de los USD 2.400 millones.
El Club, de todas formas, tiene sus pretensiones. Así lo dejó saber en los últimos días un representante diplomático de Japón, el segundo país acreedor más importante. El embajador japonés en Buenos Aires Tahakiro Nakamae, declaró: “Antes que nada, deseamos que la Argentina mantenga una buena comunicación con el Fondo y consideramos muy importante que la Argentina llegue a un acuerdo cuanto antes posible sobre el nuevo programa que contribuya al futuro crecimiento de este país”.
“Y, consecuentemente, quedamos con la esperanza de que la Argentina cumpla con sus responsabilidades de pago”, dijo en declaraciones a DiarioAR.
Un acuerdo firmado en la gestión kirchnerista
El acuerdo firmado por Kicillof y los países acreedores de la Argentina implicó la devolución de USD 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019.
De total, cerca de USD 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto (unos USD 4.700 millones) estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.
En ese 2014 en que se firmó el acuerdo realizó un primer pago de USD 640 millones. Al año siguiente fue de USD 682 millones. Ya bajo el mandato macrista, el Tesoro giró USD 1.680 millones en 2016, USD 1.380 millones en 2017, USD 1.891 millones en 2018 y USD 1.868 millones en 2019. Ese fue el último pago hecho por el Estado.
Al finalizar los cinco años iniciales previstos del acuerdo, la Argentina todavía debía unos USD 1.900 millones. Desde 2019, los USD 1.900 millones restantes comenzaron a ajustarse con un interés de 9% anual, que el ministro de Economía considera demasiado alto.
Durante la negociación con los bonistas, el ministro de Economía ya había iniciado los primeros contactos con el Club de París para plantear su postura.
En un documento enviado por Guzmán a ese consorcio de naciones en abril de 2020, el funcionario adelantó que buscaría un cambio en las condiciones del acuerdo, e incluso acercó una propuesta para modificar los términos, y anticipó que pretendía discutir principalmente una extensión de las fechas de vencimiento y una “reducción significativa” en la tasa de interés.
