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Confirmaron la imputación de cirujano misionero por “alteración de pruebas”

22 mayo, 2021
Doctor surgery in operation room

Doctor surgery in operation room

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del misionero Aníbal Lotocki por el delito de “alteración de prueba” en el marco de la causa donde se investiga su responsabilidad en la muerte de un paciente.

El 15 de abril, Cristian Zárate (50) ingresó a la clínica privada “Cemeco”, el barrio porteño de Caballito para realizarse una dermolipoctomía programada, una intervención que consiste en la remoción de tejidos en la zona abdominal, tras lo cual quedó en observación. Un día después, se descompensó y fue intubado, mientras personal de la clínica se comunicaba con la obra social para que enviaran una ambulancia, informó el medio Fiscales.gob.ar.

En ese momento, Zárate sufrió un paro cardíaco, y falleció luego de que intentaran reanimarlo. Se le dio intervención al SAME, que constató el fallecimiento y comunicó el hecho a la comisaría de la zona, donde Lotocki quedó demorado. El médico misionero estuvo detenido poco más de diez días hasta que fue excarcelado por la Cámara de Apelaciones tras fijarle una caución de cinco millones de pesos.

En el marco de la investigación, el juez Luis Schelgel ordenó el allanamiento de la clínica para obtener la documentación sobre el procedimiento quirúrgico practicado. En paralelo a la situación para determinar si existió responsabilidad en la muerte del paciente, el magistrado procesó a Lotocki por alteración de prueba en base a varias irregularidades halladas durante el proceso judicial. La defensa del imputado apeló la decisión y llevó el caso a la Cámara.

Ante la apelación, la Fiscalía General Nº3 dictaminó que correspondía confirmar el procesamiento y recordó que se le imputó a Lotocki haber consignado información “inexistente o falsa” en la historia clínica. “El juez de la instrucción valoró exhaustivamente los elementos de prueba colectados hasta el momento, y consideró -acertadamente- que permitían dictar el juicio de probabilidad respecto de la hipótesis investigada y de la intervención del nombrado”, se sostuvo.

“La historia clínica de Cristian Zárate no contiene noticia de la totalidad de los sucesos médicos que debiera mencionar ni tampoco en consecuencia [está] integrada por la totalidad de los documentos y datos que deberían conformarla”, resaltó la Cámara.

Se hizo hincapié en la “gran cantidad de enmiendas y errores” consignados en la documentación así como también en las omisiones que tenía la historia clínica. De acuerdo al repaso hecho por la fiscalía, hay anotaciones sin fecha y tampoco está el detalle de los profesionales que intervinieron en la cirugía y en las complicaciones que surgieron después.

“Todas estas deficiencias, sumadas a la actitud demostrada por el imputado ante la autoridad policial ante el primer intento por ingresar a la clínica CEMECO, evidenciaría su intención de contar con suficiente tiempo para llevar a cabo esa alteración, presuntamente, con el objeto de incidir en la debida reconstrucción de cómo fue su proceder durante la actividad médica en cuestión”, remarcó la fiscalía.

En el expediente intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Recchini, y la Fiscalía General N°3 ante ese tribunal, cuyo titular es Mauricio Viera.

 

El fallo de la Cámara

Los jueces Hernán Martín López e Ignacio Rodriguez Varela sostuvieron en su resolución que dentro del parte quirúrgico se había consignado “la transfusión de hemoderivados durante la cirugía” aunque luego se constató que la transfusión se concretó recién al día siguiente. “Ello constituye un indicio de que el parte no fue confeccionado inmediatamente después de la cirugía o que fue modificado luego de la muerte del paciente”, recalcaron y agregaron que se había rectificado en la historia clínica la hora de la finalización de la operación.

Recordaron que en la indagatoria el imputado dijo que debió salir durante la cirugía y que había dejado a cargo a sus dos ayudantes aunque nada de eso quedó reflejado en el parte quirúrgico, así como tampoco una segunda intervención que se le realizó a Zárate por los dolores que presentaba.

“Lo expuesto denota que la historia clínica de Cristian Zárate no contiene noticia de la totalidad de los sucesos médicos que debiera mencionar ni tampoco en consecuencia [está] integrada por la totalidad de los documentos y datos que deberían conformarla”, marcaron los jueces.

Sin títulos 

Por último, mencionaron un informe del Ministerio de Salud de la Nación, donde se señaló que Lotocki “no posee título de especialista en Cirugía General ni tampoco la especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora registradas ante esta cartera sanitaria, a pesar de realizar tales prácticas en la clínica CEMECO”. En ese mismo escrito, la autoridad gubernamental explicó que el centro médico tampoco cumplía con las normativas vigentes respecto de la práctica de la medicina y que no tenía un director médico responsable a cargo, por lo que se procedió a la clausura.

“Tales condiciones preexistentes explican la conducta de Lotocki, quien habría pretendido entorpecer la investigación -aun en curso- iniciada con motivo del fallecimiento de Rodolfo [Cristian] Zárate, ocurrido cuando se encontraba bajo su cuidado en ese lugar”, indicaron los magistrados de la Cámara de Apelaciones.

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Tags: Aníbal LotockiCirujano de los famososMuerte de pacienteProcesado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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