Los tres fiscalizadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos que declararon ayer sobre la labor que posibilitó iniciar la investigación judicial y acusar a tres empresarios y un contador público por “asociación ilícita fiscal”, ratificaron el origen de las primeras maniobras investigadas desde 2007 y luego profundizadas con la denuncia de dos mujeres cuyas identidades fueron utilizadas para montar la empresa Estanciera SA, supuesta firma “de cartón” con la que se generaron y evadieron millonarios montos con créditos fiscales.
El contador Leandro Antonio García de 56 años, Ricardo Galarza 64, Luis Ramón Zayas 63 y Oscar Luis Ocampo 55 enfrentan el juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, integrado como presidente por Manuel Alberto Jesús Moreira y tres vocales, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni (del TOF de corrientes) y Rubén Quiñones (Formosa). Los tres últimos camaristas conectados remotamente desde sus respectivos estrados. Están acusados de presuntos delitos previstos y reprimidos por ley 24.769.
De acuerdo a la tipificación del artículo 15, inciso C de esta ley o Régimen Penal Tributario, como “organizador” de la presunta asociación ilícita está encartado Luis Zayas. Los tres restantes Ocampo, García y Galarza llegaron a debate como “partícipes” de la organización.
Enfrentan posibles penas de prisión de tres años y seis meses a diez años como partícipes. En cuanto al rol de jefe u organizador, la pena mínima se eleva a cinco años.
“Apócrifas”
“Notamos las dificultades de Estanciera SA y a las pocas semanas de iniciada la investigación se presentó una mujer que se transformó en la primera denunciante. Indicó que le utilizaron la firma, que la engañaron y estafaron ya que no sabía que figuraba como propietaria de la empresa vinculada a la compra de yerba mate. También aseguró que había otra mujer en las mismas condiciones por lo que fuimos a Oberá y labramos el acta en el mismo sentido que la primera denunciante”, fueron las primeras explicaciones del contador Roberto Ariel Rostan (44) supervisor de la dirección Investigaciones de la AFIP.
El funcionario resumió que ambas denunciantes “fueron convocadas para formar una sociedad” pero que concurrieron a denunciar cuando las llamaban desde bancos reclamándoles deudas como propietarias de Estanciera SA.
También manifestó que de la base APOC de la AFIP detectaron personas de otras sociedades consideradas apócrifas en el que aparecían los nombres de tres de los cuatro acusados.
“Realizamos un informe sobre la sociedad Estanciera y de otros casos similares con muchísima documental que fue secuestrada con los allanamientos y con la lista de proveedores de materia prima que aportó el INYM. Notamos las inconsistencias que tenían para facturar los volúmenes que compraba Estanciera por lo que se perdía la trazabilidad”.
Agregó que fueron allanados dos domicilios registrados por Estanciera SA en Posadas, una oficina en el cruce de las calles Colón y Bolívar y una vivienda familiar de calle Soria. En ambos procedimientos se secuestraron documentaciones que resultaron clave para la acusación. “Poderes de cesión y transferencias de acciones de la denunciantes por ejemplo, pero en la AFIP continuaban como propietarias (…) En el momento en que (las víctimas) desconocieron ser titulares de la empresa, la firma ingresó al sistema como apócrifa”.
Rostan además recordó que en el informe que presentaron para que se iniciaran las acciones judiciales hay “registros de las impugnaciones de (la AFIP) de facturas de Estanciera a empresas de Apóstoles, Oberá y Santa Ana”.
Como daño actualizado al fisco no se puede establecer con precisión, por el paso del tiempo y el volumen de los movimientos, entre otros factores, destacó que “los impuestos que pagaron las empresas eran ínfimos respecto a las operaciones que realizaban”.
Mariano Gabriel Ocampo (40), funcionario de fiscalización de AFIP, declaró también ayer y replicó que en las bases de datos verificaron los proveedores y su relación con empresas apócrifas, “entre ellas estaba Estanciera SA”.
El tercero de los fiscalizadores de AFIP que declaró ayer fue el contador Walter Manuel Ayala quien destacó que identificaron “firmas sin capacidad económica y financiera, sin movimientos bancarios” relacionadas a Estanciera SA.
En una de ellas, radicada en Comandante Andresito, su presidente cuando fue allanado el domicilio aseguró que “desconocía ser apoderado”, también habría manifestado que uno de los acusados (Zayas) le pagaba un sueldo mensual. Remarcó que esta firma proveedora no tenía empleados ni acopiaba yerba, entre otras irregularidades.
