La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dedicó durante su reunión de medio año, hace dos semanas, un amplio capítulo a la libertad de prensa, donde se reflejó entre sus conclusiones un claro retroceso en las Américas, no sólo por el asesinato de ocho periodistas en el último semestre y la pasividad ante ello de los respectivos gobiernos, sino también por múltiples formas de violencia y censura que se vienen aplicando de forma creciente en muchos países del continente.
Así, se mencionaron arrestos de periodistas durante coberturas de protestas sociales en Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Cuba; el arresto domiciliario de al menos siete comunicadores en ese último país; y las amenazas, agresiones e insultos a profesionales “de manera orquestada” a través de las redes sociales, sobre todo en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia.
También se alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas, constantemente atacadas tanto en coberturas presenciales como on line, y que “desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas”, mencionando los casos de los mandatarios Nayib Bukele de El Salvador, Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina, mientras que “en Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua se utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas”.
Además, se denunció que en Venezuela, el gobierno cerró al menos ocho emisoras de radio y varios medios escritos tuvieron que migrar al espectro digital, con todo tipo de restricciones legales y financieras.
“El acoso judicial continúa siendo un arma de censura para gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente”, alerta la SIP, precisando que “el deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el Poder Judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos”.
También pone en foco “varias iniciativas legislativas (que) se utilizan para censurar la expresión, como el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, que restringe las operaciones financieras de varias organizaciones civiles y políticas” y el hecho de que, bajo el “pretexto de reducir la difusión de informaciones falsas, se está legislando para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet”.
“En Honduras, el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias ‘falsas’, ‘reservadas’ o que inducen al ‘miedo’”, agrega.
También dedica un capítulo la SIP a Argentina, donde “se introdujo en el relato oficialista el concepto de ‘lawfare’, con el que el poder político plantea la existencia de una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la justicia. Se llegó al extremo, que el gobierno presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para tipificar al ‘lawfare’ y sancionar a periodistas que investigan hechos de corrupción”.
Por último, “Paraguay, Cuba, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia enfrentaron situaciones de falta de transparencia y acceso a la información pública” en lo que hace a los recursos y estrategias aplicadas por sus gobiernos contra el avance del COVID-19.
