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Cuánto y por cuánto tiempo debería crecer el país para reducir la pobreza al 25%

4 abril, 2021

“Yo vivo enfrente de un comedor. Antes a la gente se les repartía comida y se les daba un tupper para que puedan llevar a la casa. Ahora las filas son cada vez más largas y el comedor está colapsado. Generalmente antes iban chicos y adolescentes, ahora van familias enteras”, cuenta Jorge Vargas, que vive hace 26 años en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a datos oficiales, la asistencia alimentaria directa del Estado a comedores había alcanzado en 2019 a 8 millones de personas. De ese total, 3,5 millones eran a chicos y chicas en escuelas, mientras el resto eran adultos y personas mayores en comedores o merenderos. Por la pandemia ese número saltó a lo largo de 2020 a unos 11 millones de personas por la emergencia que implicó el cierre de actividades en todo el país.

Jorge trabaja en una cooperativa de limpieza que emplea sólo a personas que viven en el barrio, principalmente recolectando basura. Más allá de contar con medidas de higiene, todos los integrantes de su familia se contagiaron en algún momento de coronavirus. A diferencia de muchos otros vecinos, por el rubro en que está empleado, no paró de trabajar en ningún momento durante la pandemia.

“Para algunas familias fue muy difícil, si tenían un laburo informal, no estaban registrados en ningún lado ni tenían ningún permiso para salir. No había manera de justificar las changas en negro. El día a día sigue siendo complicado”, resume Jorge en diálogo con Infobae.

En el momento de restricciones más fuertes a la actividad se perdieron unos 4 millones de puestos de trabajo, principalmente en el sector marginal de la economía.

Según el INDEC, hacia fin de 2020 se habían recuperado poco más de 3 millones de esos empleos, aunque en mayor medida se trató de trabajos temporales, en negro y mal pagos, lo que impide que muchos de esos hogares recuperen el nivel de ingresos que tenían antes de la llegada de la pandemia.

La irrupción del COVID-19 representó a nivel global un retroceso de décadas, después de avances durante el último cuarto de siglo en la reducción de las tasas de pobreza en todo el mundo, de acuerdo al Banco Mundial. En la Argentina, de todas formas, la pandemia fue el último elemento que explica una deuda interna arrastrada desde hace décadas.

Con el 42% de población que no llega a cubrir la canasta básica total, el país tiene el mismo nivel de pobreza que hace más de 30 años y, a diferencia de otros países de la región, no logró sostener un proceso de reducción significativa de ese índice. Desde 1998 la pobreza afecta (al menos) a uno de cada cuatro habitantes.

 

Sin avances en 30 años

La medición de la pobreza en la Argentina pasó por distintas etapas en las últimas décadas, lo que hace difícil estimar una serie histórica sin interrupciones.

El economista de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) Martín González Rozada recordó a través de las redes sociales todos los cambios metodológicos que tuvo el INDEC: entre 1988 y 2003 estimó la tasa para el Gran Buenos Aires con una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realizaba dos veces por año.

Entre 2003 y 2006, con una EPH trimestral, luego incluyó al resto de los centros urbanos grandes del país y cambió la canasta de gastos de los hogares que toma como referencia. Más adelante, además, la intervención del INDEC durante el gobierno kirchnerista generó un apagón estadístico de revisión de datos por parte del gobierno de Cambiemos que terminó con la normalización del organismo a fines de 2015 y el regreso del índice oficial a fines de 2016, pero sin reconstruir las series observadas.

De todas formas, las cifras oficiales muestran tres grandes saltos en los números de pobreza de la Argentina en las últimas décadas: la hiperinflación de fines de la década del 80, el estallido social de diciembre de 2001 con el fin de la convertibilidad y el 42% actual que generaron la recesión acumulada en 2018 y 2019 y que fue agravada con la depresión económica por la crisis sanitaria.

La hiperinflación provocó en 1989 una escalada en los índices de pobreza que no se registraron en ninguno de los dos otros casos. De acuerdo a una estimación de Infobae en base a datos oficiales, entre el primero y el segundo semestre de ese año la tasa de población por debajo de la canasta básica pasó del 25,9% al 45,3%, un incremento superior a los 19 puntos porcentuales.

Con la estabilización de la suba de precios y el crecimiento del PBI durante los primeros años de la convertibilidad, la pobreza experimentó uno de los dos procesos de reducción de la pobreza sostenida, desde 1990 hasta el primer semestre de 1994 el índice se redujo hasta el 16,1%. Ese descenso quedó trunco muy pronto: ya antes de iniciar el 2001 la proporción de habitantes que no podían cubrir con sus ingresos habituales la canasta básica total había regresado al 28,9%.

El deterioro social de esa crisis marcó un nuevo salto en la pobreza, que escaló así hasta el 57,5%. Una medición del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), no obstante, obtuvo como resultado -utilizando la metodología actual de INDEC y “arrastrándola” hacia atrás en el tiempo- que en ese momento casi el 75% de la población era considerada pobre y el 31%, indigente.

Una vez caída la convertibilidad, por el fuerte crecimiento del PBI desde 2003, el indicador de pobreza registró su segunda etapa de recorte marcado, que también fue interrumpido cuando la actividad económica entró en una meseta a partir de 2012. Antes de la intervención del INDEC, la pobreza se había desplomado desde 57,5% hasta 26,9%.

Con altibajos -y sin datos oficiales-, ese proceso continuó hasta el segundo semestre de 2017, cuando la pobreza alcanzó su mínimo en dos décadas con el 25,7% con que finalizó ese año. Las crisis devaluatorias que se iniciaron en 2018 provocaron un retroceso acelerado de los indicadores sociales, hasta alcanzar el pico de 42% que difundió el INDEC días atrás.

 

El impacto en los más chicos

Los saltos en los índices de los últimos años muestran una tendencia que se acrecienta: la peor parte se la llevan los chicos, chicas y adolescentes. El último informe del INDEC dio cuenta de que la pobreza afectó a 57,7% de los chicos menores de 14 años en el segundo semestre del año. De ese total, 15,7% (prácticamente uno de cada seis) no tienen cubierta sus necesidades mínimas alimentarias para su desarrollo.

En términos prácticos, esto significa que unos 8 millones de chicos son pobres y, de esos, 2 millones son indigentes, según el cálculo de Ianina Tuñón, socióloga e investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

“La situación, si bien abarca a más de la mitad de los chicos, es muy heterogénea. Hay un grupo de hogares que están muy cerca de la línea de pobreza y otros muy por debajo. Esta pobreza extrema es la peor, que pone en peligro el acceso a alimento y la subsistencia”, asegura ante este medio.

Tuñón explica que hay una nueva generación de chicos que está por ingresar a la escuela secundaria y que vivió toda su vida bajo la línea de la pobreza. “Los chicos que están por encima de la pobreza extrema viven carencias que se reproducen inter-generacionalmente. El piso de pobreza estructural es cada vez más alto, actualmente el 40% de la población del país, y resulta complejo que pueda salir de esa situación. Esto posterga a cada generación que nace, se desarrolla y se reproduce en condiciones de inequidad”, explica la investigadora.

El último estudio de UNICEF centrado en el impacto de la pandemia en la pobreza de niños, niñas y adolescentes había concluido que en los barrios populares la pobreza llegaría este año al 92% de los chicos y la indigencia a prácticamente la mitad de ellos, según esa medición.

En familias en que el jefe o jefa de hogar no tiene trabajo las cifras son peores. El 97% de los chicos que vive en una familia con esas características sufrirá de pobreza y casi el 60% será considerado indigente al no tener cubiertas sus necesidades alimentarias.

En línea con el gran déficit que tuvo el país para evitar agravamientos recurrentes de la situación social, la salida que ven los expertos es a través del crecimiento de la economía. “Argentina necesita al menos 10 años de crecimiento sostenido para reducir la pobreza a niveles que puedan ser manejables con políticas sociales focalizadas que atiendan la situación de aquellos que no hayan logrado salir de la pobreza”, resumió González Rozada (UTDT).

“Aún con los vaivenes propios de los ciclos económicos, conseguir durante un par de décadas que los años de crecimiento sean una mayoría, y que los años de recesión sean solamente eso y no crisis económicas, debería alcanzarnos para ir reduciendo paulatinamente el porcentaje de población en situación de pobreza”, dijo por su parte Tornarolli (CEDLAS).

Waisgrais (UNICEF), en tanto, considera que “para poder reducir la pobreza significativamente, lo que no significa erradicarla, el país necesitaría crecer a niveles superiores al 3% anual durante quince años, además de reducir la inflación. Y sin contar ese factor, desde 1870 hasta 2010 la economía creció a un ritmo promedio anual de 1,5%, es la mitad de lo que necesitamos. Nunca construimos un crecimiento de 3% anual más de 10 años seguidos. El país necesita generar procesos de crecimiento inclusivo y de largo plazo”, afirma.

 

Fuentes: Infobae – iProfesional – agencias

Tags: #economíaAnálisisPobreza
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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