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Proyecto para postergar elecciones en Chile ya está en el Congreso

31 marzo, 2021
Chile - vacuna contra el coronavirus

Santiago de chile - restricciones coronavirus

El Gobierno de Chile envió ayer al Congreso la reforma constitucional con la que esta misma semana intentará postergar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales programadas para el 10 y 11 de abril próximo, y trasladarlas al 15 y 16 de mayo, una propuesta que choca con cuestionamientos de propios y ajenos.

En el proyecto, que hoy comienza a debatirse, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera da cuenta de una serie de argumentos sanitarios para justificar su decisión y señala que “sin perjuicio del exitoso y rápido proceso de vacunación masiva”, durante las últimas semanas se produjo un incremento en los casos diarios activos de Covid-19, por lo que la pandemia “aún representa una amenaza y un riesgo para la salud de las personas”.

Hoy, las autoridades sanitarias anunciaron 5.395 nuevos contagios y 37 muertes en el país donde 7 de cada 10 chilenos se encuentran en cuarentena desde el pasado sábado y el 95% de sus camas de cuidados intensivos están ocupadas.

Por ello, argumenta el texto, “debemos seguir tomando todas las medidas de resguardo y autocuidado necesarias para proteger la salud de los chilenos y chilenas”.

La decisión de Piñera no terminaba ayer de convencer plenamente al oficialismo, que en su mayoría se oponía a la idea de correr las elecciones por las implicancias que tiene para los candidatos.

Algunos dirigentes de la coalición oficialista “Chile Vamos” expresaron su sorpresa por la fecha escogida por el mandatario, ya que mayo no había estado sobre la mesa como propuesta en las conversaciones, además de que causó reparos en el espacio la falta de detalle inicial en torno a los contenidos de la modificación para las campañas y su financiamiento.

Sin embargo, aunque en privado algunos representantes del sector dejaron ver su incomodidad, la decisión fue mayoritariamente respaldada en público, informó el diario El Mercurio.

“Se ha tomado una decisión fundada en consideraciones sanitarias y creo que no es momento para generar aprovechamientos ni cálculos políticos”, dijo el presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya.

Fuentes parlamentarias consultadas por Télam aseguraron bajo condición de anonimato que el proyecto se aprobará hoy en Diputados y mañana pasará al Senado, para que el jueves esté listo para su promulgación por parte del Gobierno.

“Hay unanimidad transversal en las fuerzas políticas para aprobarlo”, aseguraron. Pese a este camino eventualmente allanado, las críticas opositoras al proyecto estallaron desde su anuncio por cadena nacional, el domingo en la noche.

El ex candidato a la presidencia, fundador del Grupo de Puebla y del partido País Progresista (PRO), Marcos Enríquez Ominami, dijo que el anuncio de Piñera constituye una profundización de “un cronograma institucional que definitivamente es un desastre”, aludiendo al nutrido calendario de elecciones que los chilenos tendrán a lo largo de 2022 y 2023.

Este cronograma, argumentó, incluye en noviembre la elección de elegir un presidente “en nombre de una antigua Constitución, fenecida, de un antiguo Chile que tendrá un presidente electo que asumirá en marzo (2022) esperando que en la constituyente produzca una nueva Constitución que se ratificará en otro plebiscito en el 2022. Es un gran error”.

“Yo aprovecharía esta crisis sanitaria para eliminar este pésimo cronograma, instaurar en noviembre -fecha en que está prevista la elección presidencial- la elección de constituyentes, gobernadores e intendentes. Me parece a mí que eso es lo correcto, y si no hacemos eso se va a prolongar esta agonía”, concluyó Marcos Enríquez Ominami, fundador del Grupo de Puebla y del partido País Progresista (PRO).

El presidente del Colegio de profesores de Chile, Mario Aguilar, una de las figuras que integra la Mesa de Unidad Social, catapultada por el estallido social de octubre de 2019, por su parte, consideró necesaria la postergación de los comicios, por recaudos sanitarios.

Aclaró, sin embargo que la situación que obliga a esta postergación viene de “la irresponsabilidad del Gobierno, que es la que nos ha llevado a esta situación”.

“El triunfalismo, el exitismo el enfoque de ´winners´ (ganadores) que tiene este Gobierno, cuya filosofía de vida es siempre aparece triunfante, ganador y siempre compitiendo, en vez de mostrar un comportamiento responsable, es lo que nos tiene así”, señaló en charla telefónica con Télam.

La senadora socialista, Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende (1970-1973), en tanto, dijo que su espacio valora que se hagan las elecciones con perfecta seguridad y sin riesgo, “pero también queremos decir que sobre todo valoramos la opinión de los científicos médicos e investigadores que puedan determinar que no estamos en condiciones de realizarlas ahora”.

“Por eso -prosiguió- aceptamos la propuesta, siempre que sea una decisión transparente y participativa aquella que se tome y que después votaremos en el Congreso son muy importantes los procesos democráticos, pero más importante en la salud de todos y de todos”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

Tags: ChileCongresoEleccionesPostergar
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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