El presidente Alberto Fernández confirmó la firma del decreto para rebajar los aportes patronales a las empresas de producción de bienes radicadas en el NEA y NOA. En una región con tanta pobreza y desigualdad, que necesita la creación de trabajo genuino como fuente de ingresos dignos para los habitantes del Norte Grande, parece mucho.
Sin embargo, el Gobierno nacional, que sostiene la presión fiscal más importante que pesa sobre el sector privado, no hace nada por garantizar los miles de puestos de trabajo que “sobrevivieron” a la cuarentena estricta de la pandemia de COVID-19.
Se esperaba que la reducción de aportes patronales también fuera para ayudar justamente a sostener el cada vez menor empleo formal, debido nada menos que a la fuerte carga impositiva que aplica el Estado para sostener su déficit fiscal.
Además, Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de cuentapropistas, que sostienen MiPyME que movilizan nuestra economía de frontera, con algo de alivio por el cierre del puente que concentra el consumo en las ciudades de la tierra colorada y las divisas no se “fugan” a Paraguay y Brasil.
Si la Casa Rosada entiende que la medida anunciada en Catamarca es suficiente para hacer crecer el empleo, erra en su diagnóstico. Faltan otros incentivos para que más firmas importantes como Beira Río (la fábrica de calzados de Río Grande do Sul que desembarcará en el país) vean el interés de radicarse en las provincias del norte como Misiones y crezcan, inviertan en ampliaciones y en la generación de puestos de trabajo.
Fernández negó a los misioneros tener las Áreas Aduaneras Especiales y viene prometiendo una compensación con la reglamentación del Artículo 10 de la ley PyME. Sin embargo, todo sigue en “modo intención” mientras el tiempo pasa y la necesidad de las personas por conseguir un empleo, y con éste un ingreso, toma mayor dimensión en paralelo.
